El homicidio de Giovanni López a manos de policías municipales, desata el hartazgo de los jaliscienses. En una primera manifestación, presuntos infiltrados generan violencia; en una segunda, la Policía Ministerial actúa en forma salvaje y realiza desapariciones forzadas. La situación provoca señalamientos del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, hacia el equipo del Presidente López Obrador y Morena, de pretender la desestabilización de su administración. Una Fiscalía omisa, policías sin capacitación y un Estado inseguro llevan al mandatario a confrontarse con el centro del país
De naranja, el cielo se tornó rojo para Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, que en unos cuantos días y tras una cadena de eventos desafortunados, vio disminuidos los bonos adquiridos en su trayectoria política a nivel nacional por su temperamento para encarar a sus opositores.
Sin embargo, ese mismo temperamento, mostrado ante la ciudadanía, ya le ha valido la descalificación de sus adversarios, periodistas y hasta de algunos de los que, en las elecciones, votaron por él, debido a su carácter regañón y hasta prepotente para dirigirse a las personas. Durante la pandemia ha dado muestra de ello, al calificar de “pendejos” a quienes no cumplen con las medidas sanitarias recomendadas contra el coronavirus.
La sociedad jalisciense atestigua con miedo y enojo la inseguridad y violencia que se vive en la entidad, con levantones, narcofosas y ejecuciones. En los primeros cuatro meses de 2020, se registraron 878 homicidios, 17 feminicidios y mil 097 delitos sexuales. En el mismo lapso se reportó el robo de 4 mil 822 automotores y 130 vehículos de carga pesada, de acuerdo a la incidencia delictiva del fuero común presentada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Y fueron precisamente un tema de inseguridad e impunidad, combinado con las acciones coactivas para sancionar a quienes no aplicaran las medidas sanitarias como utilizar cubre bocas, lo que hizo que se le viniera el mundo encima al mandatario emanado de Movimiento Ciudadano: el homicidio de un hombre a manos de policías en un municipio de Jalisco, presuntamente por no portar el aditamento que le previniera de COVID-19.
Resultado de la inacción del Ministerio Público durante un mes, se registró una violenta manifestación y sus réplicas en exigencia de justicia para esa víctima, en un efecto dominó del asesinato del afroamericano George Floyd por policías estadounidenses, lo que impulsó un movimiento contra la brutalidad policial y la injusticia racial, con protestas masivas y radicales.
En respuesta, el gobierno de Jalisco utilizó la represión en contra de decenas de jóvenes que pretendía la libertad de los detenidos de la primera manifestación y exigir justicia para el asesinado por uniformados municipales, propiciando desapariciones forzadas y una confrontación con el Gobierno Federal, al que Alfaro señala de “meter la mano” en las protestas y la vida pública de la entidad.
CASO GIOVANNI
Todo comenzó la noche del 4 de mayo último, cuando en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, a menos de 40 kilómetros de Guadalajara, policías locales arrestaron a Giovanni López, un albañil de 30 años que se encontraba afuera de su casa sin cubre bocas. Uno de sus hermanos, quien videograbó el hecho, comentó que ese fue el motivo de la detención.
Consejo del poder judicial.
Los uniformados subieron a empellones al joven a la patrulla, ante la oposición de familiares y vecinos, pero finalmente se lo llevaron a la Comisaría. Cuando sus parientes fueron por él, al día siguiente les informaron que el muchacho fue enviado al Hospital Civil porque “se había puesto mal”. Ahí se enteraron de que falleció por traumatismo craneoencefálico, debido a la golpiza que los policías le propinaron.
El caso de Giovanni no fue visibilizado debido a que ocurrió fuera de Guadalajara y del foco mediático. Fue hasta casi un mes después cuando Cristian, el hermano, publicó en redes sociales el video del forcejeo de aquella noche. Un medio de comunicación internacional se interesó en difundirlo, y así es como se conoció del crimen.
Familiares acusaron al alcalde de aquel municipio de Jalisco, Eduardo Cervantes Aguilar, de haberles ofrecido 200 mil pesos a cambio de no difundir el video.
El fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez, descartó que el asesinato se haya ocultado por ser producto de la política anunciada por el gobernador, de “mano dura” contra los que no acataran las medidas contra COVID-19, y negó que el arresto tuviera como motivación la falta de uso de cubre bocas. Sin embargo, el 4 de junio reconoció que no había detenidos y los policías seguían trabajando. La Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó separar de la Comisaría a los involucrados para su investigación.
Justificándose, Cervantes aseguró que su comisario no le informó de la detención del hombre, sino que se enteró cuando horas después visitó la corporación y le avisaron del deceso. Agregó que el Ministerio Público le pidió que no alertara a los policías, pues ya no había flagrancia y se integraría la carpeta de investigación. También le solicitaron que no los cesara, por lo que les comisionó cuidar un corralón de vehículos.
El mismo 4 de junio, organizaciones civiles anunciaron que marcharían por la tarde en protesta por la impunidad que prevalecía en la muerte del alarife. Al mediodía hubo una segunda rueda de prensa sobre el tema, encabezada por el coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, quien fue muy insistente en que la captura de Giovanni no fue motivada por la resistencia al uso del cubre bocas, sino que se portó muy agresivo.
VIOLENTA PROTESTA
Poco después de las cinco de la tarde de esa fecha, cientos de personas llegaron a Palacio de Gobierno, en el centro de Guadalajara, para manifestarse por el abuso policial y el mes que transcurrió sin la detención de los responsables. Jóvenes, adultos, mujeres y niños estaban entre las personas congregadas. De repente, hombres con el rostro cubierto, más allá del simple cubre bocas, comenzaron a realizar pintas y destrozos en la fachada del histórico inmueble.
Los encapuchados ocasionaron daños en la Plaza de Armas, incendiaron dos patrullas de la Policía Estatal, rompieron las principales puertas de Palacio y quebraron vitrales y ventanas con piedras, señalamientos viales y todo contundente que encontraron a su paso. Los elementos policiales que resguardaban el recinto por el exterior intentaron contener a los enardecidos manifestantes, pero no lo consiguieron, lo que ameritó la solicitud de refuerzos tanto estatales como municipales de Guadalajara.
Mientras la manifestación se violentaba más, con la actuación de los cuerpos policiales sin estrategia aparente, el grueso de los asistentes coreaba al unísono “Giovanni no murió, el Estado lo mató”. Los policías utilizaban gases disuasivos en su intento por dispersar a la multitud, en tanto, los refuerzos llegaron al lugar con palos, piedras, sillas. Los manifestantes se extendieron algunas cuadras más y policías motorizados los toparon, siendo uno de ellos incendiado por la espalda con un líquido flamable.
Los uniformados comenzaron a golpear a los manifestantes y a detener a cuantos pudieran, luego que habían destrozado parte de las instalaciones de la Recaudadora Número 1, el Consejo General de la Judicatura del Estado, el Sagrario de la Catedral, otros inmuebles gubernamentales y una tienda departamental en Plaza Universidad. Además de las dos patrullas quemadas, varias motocicletas de la Policía Estatal fueron dañadas.
La situación fue controlada pasadas las 7:15 pm, cuando las autoridades rindieron un recuento de lo ocurrido. Se reportó la detención de 28
Manifestaciones violentas en CDMX
Un día después de la violenta protesta de Guadalajara, el 5 de junio se registraron ataques contra Casa Jalisco en la Capital del país, cuando un grupo de jóvenes encapuchados vandalizó el inmueble con pintas y destrozos.
Los manifestantes iniciaron su recorrido sobre Paseo de la Reforma y protestaron afuera de la Embajada de Estados Unidos, enarbolando como bandera los abusos policiales contra el jalisciense Giovanni López. También se dolieron del racismo y muerte del afroamericano George Floyd, asesinado el 25 de mayo tras ser detenido y sometido por policías en Minneapolis, Minnesota. Los jóvenes agredieron a reporteros y camarógrafos de medios de comunicación durante los disturbios.
El 8 de junio se registraron nuevos hechos vandálicos en el Centro Histórico de CDMX, dañando establecimientos comerciales, monumentos históricos, edificios y mobiliario urbano.
Los actos reprochados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador fueron atribuidos a feministas, quienes marcharon para reprobar la agresión de una chica de nombre Melanie, quien había participado en la marcha del 5 de junio y fue objeto de abuso policial, según los inconformes.
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad de México estimó que las pérdidas por daños a los comercios de ambas fechas, superan los 22 millones de pesos.
El 10 de junio se registró otra protesta en memoria del halconazo registrado en 1971, cuando una manifestación estudiantil fue reprimida por un grupo paramilitar al servicio del Estado, llamado “Los Halcones”, masacre ocurrida el Jueves de Corpus Christi.
personas, seis policías lesionados y la presentación de 14 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De las diversas oficinas se advirtió el robo de equipo de cómputo, papelería oficial para elaborar tarjetas de circulación vehicular, dos banderas, once ventanales rotos y pintas en monumentos de jaliscienses ilustres. Por su parte, al policía quemado se le reportó fuera de peligro.
Durante la noche, el gobernador Alfaro Ramírez emitió un mensaje a través de redes sociales acusando que la marcha fue infiltrada por grupos de poder del centro del país: “Esos hechos ponen en evidencia que detrás de todo lo que está sucediendo en este caso, en Jalisco, hay intereses muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, que lo que buscan es dañar a Jalisco, no a su gobierno necesariamente, a su Estado, en un momento difícil como estamos viviendo en medio de una emergencia sanitaria”.
El mandatario aseveró que, en el caso del crimen de Giovanni López, se aplicaría el peso de la Ley a los responsables.
JUSTICIA TARDÍA
El viernes 5 de junio, mientras familiares de los detenidos denunciaban incomunicación y falta de información, y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos se criticaba la improvisación y falta de capacitación de los policías de Jalisco, el gobernador Alfaro, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, el coordinador del Gabinete de Seguridad Macedonio Tamez, y el secretario de Seguridad, Juan Bosco Agustín Medrano, informaban ante los medios de comunicación la captura de tres policías de Ixtlahuacán de los Mebrillos, entre ellos el comisario.
El fiscal justificó que llevó su tiempo procesar las órdenes de aprehensión, pero que las pesquisas continuarían, y para ello era importante contar con el testimonio del presidente municipal, Eduardo Cervantes Aguilar, quien ya estaba citado. También aseguró que se estarían generando otros mandamientos de captura. Horas más tarde, el alcalde dejó plantado al Ministerio Público. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, corroboró que había más servidores públicos implicados en la muerte de Giovanni.
Cervantes Aguilar habría de comparecer de nuevo ante un fiscal el lunes siguiente, pero por una carpeta de investigación diversa, lo que ocurrió durante tres horas y en completo sigilo. Por su parte, los policías imputados fueron vinculados a proceso días después, entre ellos el comisario Juan Manuel “N” y su brazo derecho, la comandante Guadalupe Elizabeth “N”, por el delito de tortura; así como el policía de línea Francisco “N” por homicidio calificado y abuso de autoridad. Para los tres se dictó prisión preventiva por un año.
El 5 de junio, día en que se anunció la captura de los involucrados en la detención y defunción de Giovanni, familiares de los 28 detenidos, entre los que había seis menores de edad, dos mujeres y veinte hombres, informaron que se manifestarían en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en la calle 14 de la Zona Industrial para exigir su liberación.
En otro mensaje, Enrique Alfaro cuestionó si lo que querían era justicia por el caso de Giovanni y ya estaban detenidos los presuntos responsables, “¿para qué quieren manifestarse?”.
DESAPARICIÓN FORZADA
La marcha programada para las seis de la tarde tuvo avisos de que algo no saldría bien. Una hora antes del evento, se ordenó el cierre de la calle 14 a la circulación vehicular y peatonal. Comenzaron a circular fotos y videos de policías investigadores, vestidos de civil, cubiertos del rostro, armados con tubos, palos y bates de beisbol, esperando el arribo de los manifestantes. También había elementos de la Policía Estatal debidamente uniformados y equipados.
Conforme iban llegando jóvenes al perímetro de la Fiscalía, camionetas sin placas, con ministeriales a bordo, comenzaban a levantar a los manifestantes en aparentes detenciones. Más tarde, el operativo se extendió hacia avenidas más lejanas, donde las personas que iban a la marcha y otras que esperaban el autobús fueron privadas de su libertad. Ciudadanos grababan los atropellos oficiales sin que les importara en lo más mínimo.
No fueron supuestos infiltrados quienes rompieron la marcha. Los encapuchados cargaban con toda persona sospechosa de ir a manifestarse al edificio donde “se procura justicia” en Jalisco. Al mismo tiempo había protestas, nuevamente en Palacio de Gobierno y en Casa Jalisco, donde habita el gobernador, pero en estas se reportó una actitud pacífica de los asistentes, a excepción de seis jóvenes que atacaron una de las puertas de Palacio y fueron detenidos.
Los asistentes a la calle 14 siguieron arribando, enterados de las detenciones arbitrarias, hasta que al anochecer, el terrorífico operativo cesó, pero de los jóvenes levantados no se supo nada durante horas, hasta que la mayoría de ellos fueron regresando a casa tras haber sido abandonados en zonas alejadas a las de la Fiscalía, como el Cerro del Cuatro o la colonia Miravalle, entre otras. Las víctimas narraron cómo fueron privados de la libertad, despojados de sus teléfonos celulares, revisadas sus comunicaciones privadas y amenazados de que les iba a desaparecer y a descuartizar.
Las familias de varios de los manifestantes no durmieron aguardando el regreso de sus seres queridos, pues algunos regresaron hasta el sábado. Esa mañana, en un nuevo mensaje grabado, Enrique Alfaro Ramírez se deslindó de haber dado la orden de detener extrajudicialmente a los manifestantes. Calificó de traición la actuación de los policías ministeriales, quienes “se fueron por la libre” y desobedecieron su instrucción de no cometer excesos y se respetaran los Derechos Humanos. Anunció sanciones.
Para esa mañana los testimonios de las personas vejadas eran aterradores. Unas aseguran que les llevaron a un sitio donde había celdas y unos treinta jóvenes más. Posiblemente la agencia del Ministerio Público de Miravalle. Otras señalaron que les ponían la rodilla o la suela del calzado sobre sus rostros cuando iban acostados en las camionetas. Y la insistente amenaza: “Los vamos a desparecer, no serán los primeros”.
La acción fue calificada de inmediato por la Comisión Estatal de Derechos Humanos por su nombre: desaparición forzada. En rueda de prensa, el ombudsman condenó y reprobó enérgicamente el operativo irracional de la dependencia estatal y aseguró que aún se buscaba a algunas personas. Por su parte, el fiscal Solís Gómez dijo que no existían denuncias por desapariciones.
FISCALÍA INFILTRADA
La tarde del sábado 6 de junio, mientras se desahogaba una nueva manifestación en el centro de Guadalajara, el gobernador emitió otro mensaje que causó estupor: los policías ministeriales pudieron haber actuado por instrucciones “surgidas de otra fuente”, muy posiblemente la Fiscalía General del Estado estaría infiltrada por la delincuencia organizada. Una declaración muy grave.
Alfaro expresó su preocupación por la línea de investigación, que indica, “esta instrucción fue desobedecida y desacatada por el grupo de la policía ministerial que atacó a estos jóvenes. ¿Quién dio la orden?, ¿quién dio esta instrucción? Evidentemente no fue el fiscal del Estado tenemos certeza de eso. Lo que tenemos también es la obligación de investigar si esta instrucción surgió de algún lado que tenga que ver con grupos de la delincuencia, porque hay un tema que tengo que poner hoy sobre la mesa de una manera franca y abierta, pero con una profunda preocupación porque lo que puede ser la defensa de una causa legítima, de un sentimiento de coraje y frustración de la gente, puede ser utilizado por estos intereses que buscan desestabilizar a nuestro gobierno, existen elementos y datos que nos hacen pensar la posibilidad de que en las manifestaciones que puedan darse el día de hoy o en las próximas horas pueda infiltrarse la delincuencia organizada para generar un problema mayor”, planteó el mandatario.
Por su parte, el fiscal Gerardo Octavio Solís rechazó haber dado la orden de cometer los abusos policiales: “La indicación que se dio por todos los mandos en todo momento fue permanecer dentro de estas instalaciones. De seguir las instrucciones que se les estaban dando y dentro de estas instrucciones de las cuales hay constancia en las grabaciones del C5 era permanente escuchar en el radio, no caer en ningún tipo de provocación, el personal deberá mantenerse en calma”.
Se anunció la detención del comandante Salvador Perea con la clave operativa J3 y del policía investigador Raúl Gómez Mireles como los presuntos responsables de ordenar las acciones violatorias de derechos humanos y la investigación de por lo menos otros quince elementos ministeriales, por lo que se les puso a disposición de una autoridad judicial. Esta semana se les dictó auto de vinculación a ambos por el delito de abuso de autoridad, y en el caso del comandante también por robo calificado.
La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación por las detenciones arbitrarias que se dieron durante la protesta del viernes 5 de junio en los alrededores de la Fiscalía de Jalisco, mientras el fiscal Solís fue a Ciudad de México, para solicitar a la Fiscalía General de la República ejercer su facultad de atracción para que investigue y se aclare el asunto lo más rápido posible, como lo reclama la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas respecto a los Derechos Humanos en México.
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Salvador Caro Cabrera, refirió que el fiscal Solís Gómez deberá aclarar quién tiene el control de la dependencia, tras el señalamiento del Enrique Alfaro sobre la infiltración de la delincuencia en la dependencia. Otros grupos parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil pidieron la destitución tanto del fiscal como del coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez.
TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN
Desde que el 5 de junio Enrique Alfaro acusó que la manifestación violenta de esa fecha estuvo infiltrada por grupos de poder del centro del país, refiriéndose a “gente del Presidente” y al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), encontró respuesta inmediata. Andrés Manuel López Obrador reconoció las diferencias políticas entre ambos, pero negó tener interés en pelear con el jalisciense.
“No tenemos interés en pelearnos con ningún gobernador. Tenemos interés en enfrentar los grandes y graves problemas nacionales, a eso me dedico y no soy hipócrita, porque no soy conservador, no tiro la piedra y escondo la mano. —¿Cree que eso fue lo que hizo el gobernador de Jalisco? — No sé qué hizo, pero no tengo yo que ver nada con lo que sucedió lamentablemente ayer en Jalisco. Si tiene el gobernador pruebas, que las dé a conocer. El que acusa tiene que probarlo para actuar de manera responsable”, dijo en la mañanera del día siguiente el Presidente.
Por su parte, Hugo Rodríguez, dirigente de Morena en Jalisco, deslindó al partido de los señalamientos sobre la infiltración de grupos de choque en la violenta protesta por la muerte de Giovanni: “Son corrientes. Ante Dios y ante los hombres decimos, Morena no se maneja así, no sean puercos. Y haremos un seguimiento para saber quiénes son, y de dónde vienen todos esos detenidos”.
Para el lunes 8 aparecieron lonas sobre un puente peatonal con la leyenda “Yeidckol Polevnsky en Jalisco No eres bienvenida”, quien fue designada desde el centro para tener injerencia en el partido morenista en la entidad, como una cuña a su presidente estatal. Yeidckol ni se inmuta, y asegura que es falso el señalamiento que se le atribuye de orquestar una desestabilización en Jalisco.
“El gobernador miente ampliamente. Creo que es muy claro que el gobernador dio una orden de que tenían que llevar todos tapabocas y que él fue muy duro en esa postura, permitiendo que los policías pudieran reprimir a quienes no tuvieran tapabocas”, fustigó la política, quien permanecerá en CDMX y no suelta prenda de las actividades que realizará en Jalisco.
Preocupado por la polarización de la relación del gobierno de Jalisco con el de la República, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, hizo un llamado a la calma y a bajar el tono de confrontación, tras la aparición de diversos espectaculares en las calles de Guadalajara criticando a López Obrador:
“Esto ahonda, profundiza, confronta más de lo que ya estamos. Entonces yo hago un llamado a la cordura al gobierno de Jalisco, un llamado a la serenidad. Nunca en la historia post revolucionaria, salvo con Madero, se había faltado tanto al respeto a la figura presidencial. Ese es el tema que más me preocupa. Hago votos porque retorne la calma, la cabeza, la inteligencia a los dirigentes políticos de mi país”.
El propio Presidente de México recalca el tema de la falta de respeto hacia él tras los señalamientos de Alfaro por la manifestación violenta: “Me llamó mucho la atención que él haya tratado de involucrar al Gobierno Federal y a mi persona, se me hizo algo injusto, incluso irrespetuoso de la investidura presidencial, no se pueden lanzar esas acusaciones a la ligera, echarle la culpa a otros de lo que está uno enfrentando, de los problemas que cotidianamente tiene uno que enfrentar”.
El asunto también ha crispado las diferencias entre diputados y senadores de Morena y Movimiento Ciudadano. El legislador Gerardo Fernández Noroña señaló: “Movimiento Ciudadano presume que ya están presos los policías, pero no está preso el autor intelectual, vive en Casa Jalisco, se llama Enrique Alfaro Ramírez, es un asesino confeso, junto con el fiscal, que también ocultó el asesinato durante un mes”.
Por su parte, los emecistas le respondieron que, en efecto, “Jalisco está siendo objeto de un ataque desde el centro del país”.
