La víctima, Ángel Michael Lara Nogueda alias “El Pulpo” y/o “El Negro”, fue brutalmente golpeado tras ser levantado y llevado al Kilómetro 9 + 200 en el tramo carretero al Ejido 5. Los plagiarios liderados por Jesús Miguel Méndez Amador “El Bocho” le ocasionaron heridas que tardan más de 60 días en sanar
El martes 23 de junio, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aportó pruebas suficientes en el Juzgado para dictar prisión preventiva a Jesús Miguel Méndez Amador alias “El Bocho” o “El Bochilo”, líder de una banda de secuestradores y originario de Comondú; Uriel Said Méndez Herrera, también de Comondú; y Jesús Jhonatan Navarro Andrade “El Wala”, con antecedentes por narcomenudeo en la modalidad de posesión.
Con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), elementos del Grupo Antisecuestros de la Agencia Estatal de Investigación Criminal de la PGJE ejecutaron la orden de aprehensión J33/2020.
Tras varios días de seguimiento e investigación del caso, la PGJE pudo ejecutar la orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado, a razón de que el crimen fue cometido por un grupo de dos o más personas con lujo de violencia.
“El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delito de Secuestro inició las investigaciones, solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión en contra de los imputados, mismas que fueron cumplimentadas este jueves 18 de junio en Ciudad Constitución. El incidente ocurrió el 24 de mayo en dicha comunidad”, informó la PGJE.
La víctima, Ángel Michael Lara Nogueda “El Pulpo” y/o “El Negro”, fue brutalmente golpeado por los imputados tras ser levantado y llevado al Kilómetro 9+200 en el tramo carretero al Ejido 5 de Comondú. Los plagiarios le ocasionaron heridas que tardan más de 60 días en sanar.
Asimismo, la PGJE informó que se realizaron labores de inteligencia y un operativo quirúrgico con el cual pudieron ubicar y detener a tres imputados sin realizar un solo disparo y se habló de un cuarto implicado, menor de edad.
“El operativo derivó en la desarticulación de una célula dedicada al secuestro y extorsión, que tenía su centro de operación en Comondú y zonas aledañas”, detalló la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC).
“Todo apunta a que los presuntos iban por ‘El Pulpo’ y/o ‘El Negro’, debido a que estaba vendiendo droga en su territorio, además de engañar a los adictos, al darle una sustancia distinta a la que estaban buscando. El afectado fue transportado desde su domicilio en la colonia Pioneros, a partir de ese momento temió por su vida, ya que le dijeron que acabarían con su vida”, afirmó a ZETA un miembro de la AEIC.
Autoridades siguen de cerca a los implicados y los vínculos que estos pudieran tener, ya que la AEIC e Inteligencia Militar han ubicado a grupos criminales operando en Ciudad Constitución, mismos que son blancos definidos para la PGJE.
“El Pulpo” y/o “El Negro” podría ser solo una víctima más de este grupo criminal, ya que no se descartan más hechos en los que la banda esté involucrada.
INFLUENCIA Y SECUESTRO
El 24 de mayo, fecha en que “El Bocho” y/o “El Bochilo” en compañía de “El Wala”, Uriel Said y un menor de edad, se dirigieron al domicilio de Ángel Michael, desde un principio plantearon cómo atraer a su víctima y obligarla a subir a un vehículo cuatro puertas de reciente modelo.
En la investigación se detalla que los presuntos secuestradores irrumpieron de manera violenta, el primero en acercarse fue Uriel Said, quien llamó a la víctima por su apodo: “Pulpo, ven wey”.
“El presunto secuestrador tomó del brazo y del cuello a la víctima, además la amenaza con un cuchillo en las costillas y se acerca el resto de la banda, en ese momento le dicen ‘Súbete al carro, wey, te subes por las buenas o te subimos a punta de vergazos’. La víctima ya sin alternativa se sube a la unidad motriz, allí le cubren el rostro y salen del lugar. En el trayecto los agresores lo golpearon brutalmente, dándole puñetazos en la cabeza e interrogándolo sobre la venta de droga”, expresó la fuente de la PGJE.
En la audiencia llevada a cabo el 23 de junio, se planteó que “El Pulpo” y/o “El Negro” presuntamente vendió sustancias haciéndolas pasar por droga, causando molestia a los imputados, ya que afectaba a sus intereses en la plaza.
Los supuestos secuestradores le dijeron: “No te hagas pendejo con lo del chucky, vendiste unos globos de sal haciéndolos pasar por chucky. Por culero te vamos a matar”, revela la investigación y los cuestionamientos a los involucrados.
Aproximadamente en el Kilómetro 9 + 200 de la carretera Ciudad Constitución al Ejido 5, “El Bocho” ordenó que se detuvieran y en ese punto deshacerse de la víctima, por lo cual lo bajan y lo tiran al suelo, al parecer ya estaba oscuro, ya que los agresores tomaron sus teléfonos celulares y encendieron sus linternas.
La afirmación del joven afectado causó impacto, ya que sus agresores lo golpearon en múltiples ocasiones hasta dejarlo tendido en el suelo.
“`El Bocho’ tomó un bate de beisbol de madera y golpea en brazos y piernas a la víctima, por más que ‘El Pulpo’ pedía clemencia, no dejaron de golpearle, ahí es donde Uriel Said toma un machete y lo golpea con la parte plana, fueron varios minutos de golpiza que le propinaron, hasta que deciden abandonarlo en el sitio; una vez comprobados los hechos, el juez dictó auto de vinculación a proceso en contra de los tres adultos, así como prisión preventiva”, declaró el agente.
Un dato preocupante fue que la investigación determinó que “El Bocho” se encuentra dado de alta como trabajador del Ayuntamiento de Comondú, con base sindicalizada desde el 16 de julio de 2015, adscrito al área de Recursos Humanos y con sueldo de 8 mil 318 pesos mensuales. Fue contratado “por instrucción superior”.
Adicionalmente, la PGJE halló vínculos familiares con Juan Guillermo Murillo Méndez, encargado del Subcentro C4 de Comondú. De manera que habría una red de corrupción que ha favorecido a “El Bocho”, permitiéndole operar en la zona.
MÁS CASOS EN BCS
El Colectivo de Búsquedas por La Paz informó a ZETA que en el transcurso de 2020, alrededor de treinta personas están desaparecidas, 14 en el periodo de cuarentena por el coronavirus.
Precisamente el 13 de mayo se reportó el hallazgo del cuerpo de una persona a 300 metros del arroyo San Ramón, camino vecinal hacia La Candelaria en Cabo San Lucas. Presentaba lesiones en la cabeza.
“La víctima llevaba desde el 8 de octubre de 2019 reportado como desaparecido, es decir, nueve meses sin pista de él, y se informó que fue identificado el martes 23 de junio, mismo que sería entregado a sus familiares. Fue localizado en avanzado estado de descomposición sobre la superficie, junto a un árbol”, refirió un miembro del colectivo.
Antes, el 29 de marzo en Los Cabos, fue localizado otro masculino dentro de una fosa clandestina. Se le colocó en el interior, bocabajo, su cuerpo estaba casi descompuesto y sigue en la unidad de análisis de ADN, ya que no ha sido identificado.
“Desde que iniciamos con el movimiento de búsqueda de personas, tenemos más de 259 fichas de personas desaparecidas, estamos trabajando muy duro, nosotros no buscamos culpables, estamos buscando nuestros tesoros”, reiteró el Colectivo Búsquedas por La Paz.
Sobre el masculino encontrado muy cerca del arroyo San Ramón en Cabo San Lucas, revelaron que la familia ha sido muy participativa en las búsquedas y por fin tendrán descanso, “es lamentable haberle encontrado sin vida, pero para nosotros es una familia que descansa, una víctima que obtiene el eterno descanso con su santa sepultura”.
En ocasiones con una participación activa de las autoridades o de otros colectivos, cada fin de semana salen en busca de esperanza, de encontrar esa paz y seguir adelante con sus vidas. Cada día se suman nuevas personas, familiares y amigos de desaparecidos, así como voluntarios y donadores que apoyan a las familias afectadas por miembros de la delincuencia organizada.
“Estamos conformados por los colectivos de búsqueda de personas de La Paz, del Valle, San José y Cabo San Lucas, las personas que los integran, hemos dado cuenta de personas armadas que llegan y se llevan a nuestros familiares, ese es el trabajo de las autoridades, nosotros solamente queremos descansar. Incluso en estos días de cuarentena hubo levantones, muchas personas que desaparecieron de la nada, no hay explicación y no la queremos, solo los queremos de vuelta”, compartió a este Semanario un miembro del colectivo.
En BCS, el número de desapariciones aumentó de 2018 a la fecha, principalmente en La Paz, Los Cabos y Mulegé.
DESAPARICIONES EN GUERRERO NEGRO
Las denuncias por desaparición forzada siguen presentándose en Mulegé, sobre todo en la llamada la zona norte, donde familiares y miembros de Solo por Ayudar, Asociación Civil, llegaron a La Paz para denunciar desapariciones sospechosas, aparentemente en las que participaron servidores públicos.
Manuel Zapata Morales, de 70 años de edad y padre de Enrique Zapata Ferrer “El Kiki”, interpuso la denuncia GN/148/2020 por la desaparición este desde el sábado 13 de junio. Testigos afirman que dos agentes de la Policía Ministerial lo arrestaron y no se ha sabido de él.
“Salí a hacer una llamada a una de mis hermanas y, cuando regresé, quince minutos después mi hermana estaba llorando, todos estaban asustados, les pregunto y me dicen ‘Vinieron por ‘El Kiki’. Venían en una camioneta de la (Policía) Ministerial color gris oscuro, playera, uniformes de la Judicial, cuando lo agarraron mi hijo gritaba ‘Me quieren matar’ y uno de los policías dijo ‘Quién te quiere matar’, y ¡pum! Escucharon disparos adentro en la habitación, ya vieron que lo sacaron esposado y balaceado, ahí quedó una sábana llena de sangre”, expresó el familiar del desaparecido.
La asociación civil informó que jóvenes han sido amenazados con ser lastimados, y suenan los nombres Enrique Zapata Ferrer, desaparecido; Andrés Pico, desaparecido; Tadeo Hernández de Santiago, ya fallecido; y José Luis Cabrera, quien huyó al norte.
“Mi hijo fue visto por última vez en Santa Rosalía, lo sacaron desde Guerrero Negro, lo vieron por las playas esposado y con una ropa amarilla, al parecer se les había escapado a los policías y se refugió en unos departamentos. Después que los policías fueron y lo sacaron de donde estaba, se lo llevaron, desde entonces no sabemos nada de él, ya son once días desde su desaparición. He pedido apoyo a la Guardia Nacional, a los militares y no encontraron nada”, expresó el padre de Enrique.
Otra víctima, de nombre José Luis Cabrera Arce, supuestamente fue levantado mientras se encontraba en una tiendita. Su madre, Rosa Marina Arce Sánchez, relató que el joven fue torturado, andaban buscando a su ex pareja sentimental al parecer por la comisión de un delito.
“Mi hijo estaba en una tiendita, ahí lo levantaron los judiciales, el comandante Mateo y Solís lo levantaron. Fui a la Ministerial y a la COE, en ambos lugares pregunté y todos me dijeron que no lo habían detenido, que no lo tenían en sus oficinas, que ellos no lo habían detenido”, afirmó la madre de familia.
Rosa Marina dice que en el interrogatorio pudo ser llevado a la zona norte, frontera con Baja California, donde su hijo fue torturado para obtener información, entonces llegaron a La Paz a denunciar el hecho, ya que de suscitarse en Guerrero Negro, la denuncia sería recibida por los propios agresores.
“Me lo golpearon mucho, se lo llevaron para el Estado norte, le vendaron los ojos, lo esposaron de manos y pies y se subieron arriba de él, le quebraron un dedo y le zafaron un brazo, tiene un hueso saltado del lado de la muñeca, le echaron Tehuacán en la nariz, que era vinculado con una muchacha que le dicen ‘La Punky’, le dieron un balazo al lado de las costillas. Esto ocurrió en abril, tuve que ir con los soldados y apenas así lo dejaron libre, lo soltaron con los ojos vendados y esposado, corriendo”, recordó.
Las familias llegaron a La Paz a solicitar justicia, ya que en Guerrero Negro no la hay y están bajo amenaza, por lo cual solicitarán una reunión con el procurador general de Justicia del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, quien se mostró en disposición de atender el llamado.
“Vamos a ir y vamos a entrar, y nos tiene que recibir porque estamos siendo amenazados para que no viniéramos a La Paz, cómo vamos a regresar así, nos van a matar, nos van a levantar, no estamos seguros en Guerrero Negro porque los mismos funcionarios están haciendo estos delitos y buscan a personas con antecedentes para involucrarlos”, concluyó Gemima Hernández, representante de Solo por Ayudar, AC.