El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este martes 30 de junio, que se realizarán las denuncias correspondientes contra empresas y ex funcionarios públicos, por “fraude a la Nación”, debido al cobro excesivo de la energía eléctrica que se compra a particulares.
El político tabasqueño aseguró que respetará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al conceder una suspensión solicitada por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) en contra del acuerdo por el que se emite la Política de Confiablidad del Sistema Eléctrico Nacional.
Publicidad
“Se entregaron contratos a particulares para la energía eléctrica, cuando la Constitución no lo permitía en la época de Carlos Salinas [de Gortari], para comenzar la privatización de la industria eléctrica”, señaló el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.
“Estos contratos se hicieron de manera fraudulenta en la mayoría de los casos, que fue a práctica más socorrida, se ponían de acuerdo los funcionarios con las empresas, se llevaba a cabo una licitación para que el gobierno comprar energía eléctrica a estas empresas. Se entregaba el contrato”, describió el presidente en Palacio Nacional.
“Entonces, la Corte dio entrada a un recurso de empresas que generan energía eléctrica y no aceptan las nuevas condiciones; mucho tiempo se abusó del pueblo y se cometieron fraudes, vamos a proceder, sí, contra quienes resulten responsables”, añadió López Obrador.
Publicidad
“Porque es un fraude de que se simuló la entrega de los contratos y se causó un daño a la Hacienda pública. Tenemos estimado el daño, en su momento vamos a informar porque queremos hablar con las empresas una por una, he dado la instrucción de que se empiecen a elaborar las denuncias correspondientes”, expresó el mandatario nacional.
“Lo he dicho muchas veces, nosotros no somos cómplices, no vamos a encubrir actos de corrupción. Y esto lo digo también porque hay quienes piensan o han aceptado solo la opinión de las empresas y se cree que estamos nosotros cometiendo una injusticia”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Incluso se puso por delante el que se estaba afectando la generación de energía limpia, que estábamos queriendo regresar al combustoleo para contaminar, ese no es el fin del asunto, aquí estamos ante un posible fraude a al Nación mediante estos contratos”, dijo el presidente.
“Somos respetuosos de la legalidad, hay en México un Estado de derecho, lo digo para que en otras partes, España o Estados Unidos, no se piense que se actúa de manera arbitraria. Vamos a respetar lo que decidió la Corte y vamos a defender el interés público, no le hace que nos lleve tiempo, pero no vamos a ser cómplices de la corrupción, fue mucho el saqueo”, agregó López Obrador.
“Hay funcionarios involucrados y desde luego los que firmaron estos acuerdos luego de haberse llevado a cabo la licitación y el acuerdo principal sobre el cobro de tarifas y que posteriormente adicionan, es un anexo, que no tuvo que ver con el procedimiento de licitación pública, donde ya viene una tarifa distinta cobrando muchísimo más de lo pactado en los contratos”, indicó el mandatario nacional.
“Vamos a respetar lo que diga la Corte, pero vamos a luchar, porque esas transas son en perjuicio del pueblo. ¿Cuánto va a ser? ¿Un año? No le hace. ¿Los cuatro años que nos faltan? No importa?”, abundó López Obrador.
“Resulta que las hidroeléctricas de México no pueden subir la energía que producen, sino hasta después de que suben la energía a la red nacional las particulares y ahora no aceptan las nuevas condiciones que se están estableciendo para defender el interés público”, agregó.
Ayer 29 de junio, derivado de la controversia constitucional interpuesta por la Comisión Federal de Competencia (COFECE), el ministro Luis María Aguilar Morales, de la SCJN, ordenó suspender todos los efectos y consecuencias de la nueva política energética de la Secretaría de Energía (SENER) del Gobierno Federal.
“Procede conceder la medida cautelar para el efecto de que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, publicado en el Diario Oficial [de la Federación] el 15 de mayo de 2020, hasta en tanto se resuelva el fondo del presente asunto”, resolvió Aguilar Morales.
La suspensión otorgada por el Máximo Tribunal del país estará vigente por el tiempo en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación necesite para decidir si fallará a favor de la COFECE. Asimismo, es de efecto general, por lo que aplica para todos los participantes del mercado eléctrico.
“Con lo anterior, no se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, puesto que la concesión de la suspensión traerá como efecto que se sigan aplicando las disposiciones que prevalecían con anterioridad a la emisión del acuerdo impugnado”, indicó el ministro.
“[…] de manera que la medida cautelar concilia, por un lado, la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y, por otro, el respeto a los principios básicos que rigen la vida política, social o económica del país”, agregó Aguilar Morales, en referencia a la Política de Confiabilidad expedida por la SENER en 2017, que es la que debe seguir aplicando.
El ministro dio 30 días hábiles a la SENER para que conteste y podrá impugnar esta suspensión ante una de las salas de la SCJN, cuyo Pleno resolverá sobre la legalidad de la Política de Confiabilidad, lo que puede tomar más de un año, aunque el Ejecutivo Federal puede solicitar trámite prioritario, que de ser aprobado, reduciría a unos meses el tiempo para que se dicte sentencia de fondo.
Además, la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, acumula con esta, 72 solicitudes de amparo, por parte de empresas privadas y organizaciones civiles, sobre todo ambientalistas.
El pasado 22 de junio, la COFECE anunció que interpuso una controversia constitucional contra las medidas publicadas por la SENER, con el objetivo de que la SCJN determinara si la institución federal, cuya titular es Rocío Nahle García, tiene la facultad de emitir una regulación que ignore las facultades del organismo antimonopolios.
