La empresa Fisamex que actualmente realiza las auditorias para la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) además de recibir el 20 por ciento de lo que se recaude no necesitará implementar su propia metodología porque utilizará los instrumentos de medición empleados por la paraestatal, además de repetir periodo después de que realizara trabajos de auditoria en los últimos dos años de la administración de Francisco Vega de Lamadrid.
Fue la misma titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP) en Baja California, Vicenta Espinoza Martínez, quien confirmó que la empresa dirigida por Manuel García, está realizando la auditoria con base en la ley, utilizando los instrumentos de medición que ya se tenían preestablecidos dentro de Cespt, explicando que la diferencia consiste en realizar el procedimiento de auditar como se tuvo que hacer desde un principio.
Al cuestionarle sobre qué aporta de nuevo la empresa Fisamex, toda vez que utiliza el mismo método de la comisión, Espinoza Martínez detalló que es toda la auditoria, porque no podrían detener la operatividad de la paraestatal para revisar lo que se hizo en los últimos 30 años.
“El organismo tiene la obligación de contratar una auditoria cuando sospecha que existen irregularidades de cualquier actividad ya sea presupuestal, de ingresos o egresos. En este caso se sospecha de presuntos actos de corrupción y las cuentas irregulares en cuanto a los ingresos. Se decidió contratar a ellos porque ya estaban trabajando con anterioridad, y al entrar la administración presentaron sus propuestas, vimos los resultados de los dictámenes que habían entregado y no les hicieron caso en la pasada administración, porque no les interesaba regularizar el organismo”, indicó Espinoza Martínez.
Añadió que el contrato que existía con Fisamex seguía vigente al momento que entró la nueva administración, por lo que negociaron para bajar el porcentaje de ganancias llegando al 20 por ciento del total de recaudado, enfatizando que la empresa no recibió ningún pago por parte de la administración de Vega de Lamadrid, pero sí presentó alrededor de 400 dictámenes que no fueron reconocidos por el anterior gobierno.
La contratación de la empresa fue realizada por la Junta de Gobierno de Cespt por lapso de un año en donde quedó establecido el pago del 20 por ciento a Fisamex, una vez que se comiencen a realizar el cobro de los adeudos, siendo la Secretaría de Hacienda, el ente responsable de generar la forma de pago a esta empresa.
En referencia a que Fisamex no estaba constituida legalmente como empresa mientras trabajó en el pasado gobierno, Espinoza Martínez, indicó que la empresa sí estaba constituida pero en Sonora, y por cuestiones del pago del IVA, se pidió al representante legal que se registrara en Baja California para que los costos del impuesto fueran menores para el actual gobierno.
Sobre las declaraciones de Coparmex Tijuana, al catalogar como ilegal los cobros que está solicitando Fisamex, y argumentar que no tiene la facultad para realizar cálculos de los supuestos adeudos, la titular de la SHFP, objetó que la empresa se dedique a realizar alguna clase de cobro, ya que su función es únicamente hacer un dictamen a partir de la auditoria que están haciendo, mismo que es revisado por la SHFP para ver si es factible y de ahí es enviado a la Auditoria Mayor del estado, y una vez que ambas dependencias dan el visto bueno, hacen valido el dictamen para que se genere el cobro a los usuarios que deben.
Cabe mencionar que en el último informe presentado en la videoplática del gobernador Jaime Bonilla Valdez, el miércoles 3 de junio, se señaló a 10 empresas por no pagar los derechos de conexión, ni derecho de drenaje, además de no realizar pagos de agua, entre ellas un fraccionamiento propiedad del ex gobernador, Francisco Vega de Lamadrid.
Entre las empresas revisadas están Maquiladora Rosarito, Internacional de Elevadores, Wal-Mart, Hotel Holliday Inn Plaza Alameda, Hotel City Express, Truper, Hotel One, Hospital del Prado, Oxxo y el fraccionamiento de Vega de Lamadrid. El adeudo de los antes señalados dio un total de 64 millones 685 mil 157 pesos con 70 centavos.
A la fecha van 508 cuentas que se están revisando de empresas que tienen adeudos con la comisión, por un valor de mil 307 millones de pesos de las que se ha recabado 411 millones de pesos, además, las carpetas de investigación en contra de funcionarios involucrados en actos de corrupción aumentaron a 31 carpetas con 115 funcionarios involucrados por presuntos delitos como tentativa de cohecho, abuso de autoridad, daño patrimonial, más los delitos que se acumulen.
