Las reformas a la Constitución y leyes deben tener como objetivo hacer que la sociedad viva en una comunidad más justa, ordenada, con sistemas, procedimientos y reglamentos eficientes en los tres poderes que integran el Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para su interacción con los gobernados, los sectores sociales y los productivos, entre muchos otros.
Pero en Baja California, los diputados locales han decidido cínicamente legislar para aumentar su poder personal y proteger sus intereses, los de su partido y sus gobernantes.
Tratándose de reformas a la Ley para reelecciones presidenciales, un estudio presentado el 20 de marzo de 2018 por la Comisión de Venecia -órgano consultivo del Consejo de Europa en el campo del Derecho constitucional- a petición de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sentenció:
“Un principio sólido y una buena norma general con la cual medir las implicaciones democráticas de las enmiendas, sería que estas (de ser promulgadas) solo deberían surtir efecto para los mandatarios futuros y no para el funcionario en el cargo”.
No como sucedió en Baja California, donde la aprobación del Dictamen 37 el 11 de mayo, a través del cual los diputados, presidentes municipales, regidores y síndicos -léase los mismos funcionarios que aprobaron la reforma- podrán reelegirse en el cargo de manera consecutiva sin tener que solicitar licencia, como sucedió en las elecciones de 2019, cuando varios diputados que fueron reelectos, se separaron del cargo para realizar una campaña. Lo mismo alcaldes como Juan Manuel Gastélum, de Tijuana, quien después de la derrota, regresó a la alcaldía.
Pero esta no es la primera muestra de que la mayoría morenista de la XXIII Legislatura, disfruta al burlarse y violentar la democracia bajacaliforniana.
De entrada, está claro que entre los 16 diputados por Baja California que votaron a favor de la enmienda, la mayoría buscará la relección, entre ellos Montserrat Caballero, Elizabeth Cano Núñez, Rosina Del Villar, Aracely Geraldo Núñez, Julia Andrea González Quiroz, Carmen Hernández Carmona, Juan Meléndrez Espinoza, Víctor Manuel Morán, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, Trinidad Vaca Chacón, Ramón Vázquez Valadez, Eva Gricelda Rodríguez, Fausto Gallardo García, Villalobos Ávila Luisa, Julio César Vázquez Castillo, Luis Moreno Hernández, Juan Manuel Molina y Miguel Ángel Bujanda. Aunque este último llegó por la vía de la lista, figura que también en este Congreso dominado por Movimiento Regeneración Nacional, ha desaparecido.
Sin vergüenza alguna, estos diputados modificaron la Ley para que durante la época de precampañas y campaña, un periodo de uno a tres meses, puedan hacer proselitismo dentro y fuera de sus partidos, y continuar “legislando”.
Para la confirmación de la Ley que fue publicada el 16 de junio en el Periódico Oficial, se requirió además de la participación de alcaldes y sus cabildos. Como toda reforma constitucional, requiere que una vez aprobada por el Congreso del Estado, sea avalada por tres de cinco ayuntamientos, mismos que la Ley les permite ser omisos, pues en caso de no votar el tema en sus cabildos, se entiende una aprobación por default.
Y precisamente tres de cinco alcaldes de Morena, reaccionaron así en un acto de cobardía política: Arturo González Cruz, de Tijuana; Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Mexicali; y Armando Ayala Robles, de Ensenada, decidieron no realizar las sesiones de Cabildo para manifestarse a favor o en contra de la mencionada reforma como era su responsabilidad, permitiendo con ello que fuese aprobada de manera automática y sin discusión.
A pesar del reclamo público de los regidores de otros partidos que exigían el derecho que les otorga la Ley de participar exponiendo su postura, los alcaldes en consciencia, intencionalmente y sin darles una repuestas, se los negaron.
La reelección sin separarse del cargo ha sido un tema recurrente desde 2016 en la reforma política. A partir de 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido que de no existe impedimento constitucional para reelegirse sin separarse del cargo, y ha reiterado esa postura en casos como Veracruz, Yucatán, Chihuahua y otros.
En el proceso, la historia ha mostrado que los partidos rechazan o aprueban esta idea, según el lugar que ocupen en los grupos de poder, por ejemplo Morena la rechazó en 2017 en Coahuila y el PAN la aprobó en Sonora. Y no han sido los únicos en cambiar de opinión, al tratar de proteger los intereses personales y de partido.
Hoy en Baja California el PRI contempla promover una controversia constitucional argumentando fallas en el proceso legislativo porque los alcaldes negaron a los regidores el derecho a posicionarse; lo panistas también controvertirán la falta de equidad y la violación al Artículo 134, párrafo séptimo constitucional, que se refiere a la obligación que tienen todos los servidores públicos de aplicar con imparcialidad los recursos públicos bajo su responsabilidad, además del hecho que la investidura de los diputados les da mayor proyección e influencia.
Fernando Rosales, el regidor ciudadano que llegó al Cabildo de Mexicali con el PRD está promoviendo con apoyo de grupos civiles y empresariales la realización de un referéndum solicitado por el 1.5% de la sociedad organizada que debe reunir 42 mil firmas- la meta son 50 mil- para solicitar la consulta ciudadana ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California.
De lograrlo, para que sea válida la repuesta que dé la gente respecto a si está de acuerdo o no con que diputados, presidentes municipales, regidores y síndicos busquen la reelección sin dejar el cargo, el referéndum deberá reunir más de 166 mil 889 votos – 20% de los votantes que participaron en la elección de diputados en 2019- en por lo menos tres de los cinco municipios.
Pero mientras no haya cambios, la reforma aprobada convirtió a diputados, alcaldes y regidores de BC en candidatos permanentes con posibilidad de exhibirse constantemente y acceso a recursos públicos. Habrá que esperar al inicio de la jornada electoral, cuando sean nombrados por sus partidos candidatos oficiales para saber cómo van hacer para lograr la hazaña de “no descuidar su función”, no usar dinero público y hacer campaña, porque eso es algo que siguen sin explicar o poner en Ley.
