El 19 de septiembre de 2016 se firmó la Declaración de Nueva York, en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una serie de compromisos para mejorar la protección de las personas refugiadas y de las migrantes; así se sentaron las bases para la adopción de dos pactos mundiales de gran relevancia: el Pacto Mundial para los Refugiados y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
En esa Declaración, los 193 Estados Miembros de la ONU reconocieron la necesidad de un enfoque de derechos humanos de la movilidad humana y de una mayor cooperación entre países, y asumieron una serie de compromisos transversales, que van desde “proteger la seguridad, la dignidad y los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, sea cual fuere su situación migratoria, en todo momento; apoyar a los países que rescatan, reciben y albergan a un gran número de refugiados y migrantes; integrar a los migrantes -teniendo en cuenta sus necesidades y capacidades, así como las de las comunidades de acogida- en los marcos y la planificación de la asistencia humanitaria y de la asistencia para el desarrollo”, hasta combatir la xenofobia, el racismo y la discriminación, entre otros.
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El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular es el primer documento entre naciones que logra una visión amplia, universal e integradora de la migración como fenómeno de la humanidad, y que les compromete a trabajar reconociendo las vulnerabilidades que se multiplican en diferentes escenarios de la movilidad.
El proceso de negociación de este Pacto contó con los servicios de la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Migración Internacional y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Otros actores también participaron como la sociedad civil, instituciones científicas y académicas, parlamentos, autoridades de diferentes órdenes, el sector privado y personas migrantes que tuvieron la oportunidad de aportar opiniones. Dos países destacaron en su activismo internacional para lograr el Pacto: México y Suiza.
Derivado de los Pactos en la materia y los compromisos que también se asumen con la propia Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en el mundo, los diferentes gobiernos están comprometidos a trabajar en políticas públicas muy específicas para gestionar la migración entendiendo que ésta no se va a detener. Algunas de las tareas que surgen son las relacionadas a los censos y datos concretos a recabar precisamente para el diseño de políticas y líneas de acción congruentes con la realidad en cada región.
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En lo que respecta a censos, estos “deben ser desglosados por sexo y edad y deben incluir información sobre las corrientes regulares e irregulares, los efectos económicos de la migración y los movimientos de refugiados, la trata de personas, las necesidades de los refugiados, los migrantes y las comunidades de acogida y otras cuestiones”.
Cada ciudad debe tener su propio diagnóstico e irlo actualizando constantemente, aunque el reto sea permanente por la escasez de registros y estadísticas que existe históricamente y que se agrava por la falta de documentos de identidad de muchas personas migrantes; que en ocasiones ven limitado su acceso a servicios, por no contar con diferentes registros legales, aun y cuando los gobiernos de algunas ciudades -como es el caso de Tijuana- otorgan las prerrogativas para obtenerlos.
Pero con los Pactos Mundiales no solo los gobiernos se obligaron; también algunas agencias, como la OIM, se comprometieron a sumar acciones encaminadas a lograr los grandes objetivos orientados al respeto de los derechos de las personas en contexto de movilidad.
En congruencia con ello, hoy están en la frontera más importante de Latinoamérica, abriendo un hotel que servirá de acogida y brindará ayuda humanitaria a personas que todos los días llegan a Tijuana buscando mejorar sus condiciones de vida y muchas veces preservar su vida y la de su familia; se trata de un espacio temporal que servirá de filtro para que, poco a poco, los albergues de ayuda a personas migrantes establecidos en la ciudad puedan ir saliendo de la “cuarentena” en la que hemos tenido que estar por la gran crisis socio-sanitaria que vivimos.
Aplaudo la buena práctica y espero que la discriminación y falta de compasión no se hagan presentes en la sociedad de este Estado, que tiene cimientos y andamios de migración.
Melba Adriana Olvera fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California
Correo: melbaadriana@hotmail.com
