La propuesta de la diputada Montserrat Caballero para modificar el periodo de la siguiente administración estatal, enfrentó la falta de anuencia por parte del grupo parlamentario de Morena, pues desde que la enmienda se aprobó en sesión de comisión, la diputada Rosina del Villar, perteneciente a esa fracción, se abstuvo de sufragar. En sesión del 10 de junio el tema quedó “pendiente” de ser discutido en vista de que el presidente de la comisión dictaminadora, Juan Manuel Molina, propuso excluirlo de la lista de asuntos a tratar. Según la opinión de un abogado, sacarlo adelante conllevaría consecuencias penales
Para las 8:00 pm del jueves 11 de junio, la sesión extraordinaria que celebraría la XXIII Legislatura de Baja California, aún no había iniciado, siendo que se programó para las 5:00 pm; 25 minutos después, los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) la cancelaron para reprogramarla para hoy viernes 12 de junio a las 9:00 am. Seguían sin reunir los votos suficientes para la reforma.
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En esa reunión de trabajo se votaría la iniciativa de la diputada de Morena, Montserrat Caballero, para empatar las elecciones de gobernador y Presidente de la República en 2024, lo cual en dado caso implicará reducir a tres años la próxima gubernatura estatal.
El proyecto no contaba con plena aprobación del grupo parlamentario de Morena, pues desde que se aprobó por parte de la comisión dictaminadora (Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales), la diputada Rosina del Villar Casas se abstuvo de votar, con la justificación de que el periodo de la siguiente administración ya quedó establecido (a seis años), de acuerdo con la resolución emitida el 11 de mayo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar la reforma enfocada a extender el plazo actual de gobierno.
Un día antes, miércoles 10 de junio, la discusión de la propuesta para empatar elecciones de gobernador y Presidente de la República en 2024, quedó fuera de la Orden del Día en el marco de una sesión ordinaria celebrada por el Congreso.
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La propia reunión de trabajo ni siquiera llegó a su conclusión, toda vez que según explicó el presidente de la Mesa Directiva, Luis Moreno Hernández, en una misiva enviada a los diputados, fallas en el sistema eléctrico del recinto legislativo redundaron en el colapso de los servidores computacionales, de forma tal que los legisladores ya no pudieron mantenerse conectados en la modalidad de conferencia virtual.
De cualquier modo el proyecto legislativo, presentado por la diputada morenista Montserrat Caballero, había sido descartado a raíz de que Juan Manuel Molina García, presidente de la comisión dictaminadora, propuso postergar su votación.
Foto: Cristian Torres.- Jaime Bonilla, Gobernador
“Precisaré que de los dictámenes agendados para la sesión, presentaremos únicamente el Dictamen 46 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales”, dijo el diputado de Morena, quien pidió dejar “pendiente” el número 47 (referente a la concurrencia de comicios). Sobre esa determinación, el ex panista adujo que se estaba haciendo “una revisión del documento”.
Con todo y que fue enfático en que “solo se sometería por parte de esta Comisión el dictamen número 46”, a final de cuentas trató de reincorporar la otra propuesta. Según arguyó, él había dicho que no se abordaría en aras discutirse con posterioridad, pero dentro de la misma sesión. Finalmente, el presidente de la Mesa Directiva dejó el asunto fuera, pues en el momento en que Molina García tuvo oportunidad de someterlo a consideración del pleno, optó por dejarlo para después.
Según se les hizo saber a los diputados, el Dictamen 47 sería tratado en sesión extraordinaria programada para hoy viernes 12 de junio. Finalmente la reunión se adelantó un día para celebrarse con carácter de extraordinaria el jueves 11.
Una hora antes de que los diputados de todas las fracciones se conectaran para sesionar de manera virtual, se congregaron en atención a una convocatoria de la Junta de Coordinación Política, encabezada por la legisladora inicialista. Alrededor de media hora después comenzó a circular Orden del Día que habrían de agotar en sesión extraordinaria. El documento incluyó como punto a tratar el Dictamen 47, referente a la propuesta de la diputada Caballero, catalogándolo como asunto aprobado.
“Se aprueba la reforma al Artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California”, dio cuenta el escrito del que ZETA obtuvo una copia vía red social.
La enmienda planteada por la legisladora local consiste en adicionar un párrafo a esa norma. El fragmento a incorporar establece concretamente: “La jornada elector para elegir al Gobernador del Estado se llevará a cabo el mismo día que la elección de Presidente de la República”.
A las 6:30 pm aproximadamente, justo cuando la sesión extraordinaria podía empezar en cualquier momento, el gobernador Jaime Bonilla Valdez realizó una transmisión en vivo, en conjunto con el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, para dar a conocer “los temas más relevantes de Mesa por la Paz y la Seguridad”, así como el Reporte Actualizado de COVID-19 en Baja California, cuando regularmente el mandatario ha transmitido por la mañana para los mismos efectos.
Representantes de partidos como PRD y PBC han llegado a señalar que detrás de la iniciativa de Montserrat Caballero está Bonilla Valdez y que una gubernatura de tres años le beneficiaría, toda vez que podría tener pleno control del siguiente periodo desde su escaño como senador, cargo al que solicitó licencia para contender por la gubernatura de BC y que podría retomar una vez que deje el poder estatal en 2021.
FUERA DE LA ORDEN DEL DÍA
Para el legislador del Partido Revolucionario Institucional, David Ruvalcaba Flores, la indecisión de Molina García sobre discutir el miércoles 10 de junio la iniciativa tuvo que ver con que “ya estaba muy parchada”.
En entrevista con ZETA, explicó que “había actitudes en algunos diputados de reservarse en lo particular alguna cosa, otro, otra cosa”.
De entrada, el proyecto no contó con pleno consenso de la bancada de Morena, con todo y que Montserrat Caballero Ramírez lo presentó en representación de ese grupo parlamentario. Desde el día en que se aprobó en sesión de la comisión dictaminadora, viernes 5 de junio, la diputada Rosina del Villar Casas se abstuvo de votar.
La legisladora del partido en el poder argumentó que con la invalidación de la reforma encaminada a ampliar a cinco años el mandato del actual gobernador, la SCJN ordenó se restituyera el Artículo Octavo Transitorio, referente a que la administración en curso debe ser de dos años nada más, en tanto que la próxima habrá de correr de 2021 a 2027.
Del Villar Casas asentó que de alterarse la duración del cargo, “se estaría violentando el fallo” emitido por el máximo tribunal.
“Para tan importante reforma sería importante realizar un ejercicio democrático deliberativo, a efecto de recibir opiniones de autoridades en materia electoral antes de tomar tal votación”, argumento a propósito de abstenerse a sufragar el proyecto en Comisión.
En opinión de David Ruvalcaba, “la Ley debió regresarse a comisiones para que se discutiera más todavía para perfeccionar la Ley y que de alguna manera no causara esta controversia que más bien parece miedo y temor de muchos diputados porque está en engrose todavía el dictamen de la Suprema Corte, y no sabemos hasta dónde podría haber un riesgo de desacato”.
El ex dirigente del PRI en la entidad puso en claro que está “en contra” de acortar el plazo. “Para mí la Corte estableció su criterio en el sentido de que el transitorio que fue modificado por la pasada Legislatura (XXII), hace que se regrese al espíritu de la primera reforma del 14, y la reforma del 14 sí dice que la próxima gestión será de seis años, no de tres”.
Asumió que “como no se ha notificado al Congreso la firmeza del criterio de la Corte en ese sentido”, a los impulsores de la enmienda “se les hizo fácil buscar una modificación a la ley electoral”.
CONSECUENCIAS
De acuerdo con el abogado Adolfo Solís Farías, la materia de fondo en el caso del proyecto para abreviar el mandato, es que los legisladores locales carecen de competencia para alterar el periodo.
Consultado por ZETA, recordó que la Constitución federal establece que las gubernaturas no pueden excederse de seis años, “pero no porque no establezca un límite mínimo significa que (el plazo) se pueda manipular”.
Foto: Cortesía.- Dip Monserrat Caballero
Refirió que el Congreso del Estado no solo falló en su intento de ampliar el periodo del actual mandatario estatal (con la reforma invalidada por la SCJN), sino que erró en términos de haber confundido “las facultades orgánicas, plenas, amplias para manipular periodos”.
De ahí que el mecanismo de control conocido como repetición del acto reclamado pudiera aplicar para el caso de la iniciativa de Caballero Ramírez, pues esa tentativa da lugar a interpretar que el Poder Legislativo local sigue confundiendo potestades.
Solís Farías mencionó que de entrada y en virtud del Artículo 46 de la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del Artículo 105 Constitucional, el presidente de la Corte, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, “va a verificar que se haya satisfecho el cumplimiento adecuado” de la sentencia emitida el 11 de mayo, concerniente a la restitución del Artículo Octavo Transitorio.
Añadió que en caso de que para el ministro pasara desapercibido que en BC se estuviera votando la consabida reforma, hay un recurso denominado queja, el cual podría ser interpuesto por los actores que en su momento presentaron acciones de inconstitucionalidad contra la ampliación de mandato (arguyendo que no se podía manipular la Constitución), quienes a su vez pudieran recurrir a la consabida reclamación sobre la repetición del acto.
Por otro lado, en rueda de prensa auspiciada por el diputado Rodrigo Otáñez Licona, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional, el abogado consultado advirtió que si la XXIII Legislatura no se sujeta a la sentencia de la SCJN, los legisladores y ediles que en dado caso aprueben la alteración del periodo pudieran hacerse objeto de destitución de sus cargos e incluso ser consignados ante un Juez de Distrito, enfrentando penas de hasta nueve años.
POSTURAS
En esa conferencia llevada a cabo un día antes de la sesión ordinaria del 10 de junio, Otáñez Licona, emanado del Partido de Baja California, se pronunció en alusión al proyecto de Montserrat Caballero: “Vamos a votar en contra de esa iniciativa”.
En el mismo sentido la diputada del Partido Acción Nacional, Eva María Vázquez Hernández, quien integra bancada con la ex oficial mayor del Estado, Loreto Quintero Quintero, fijó postura: “Por supuesto que el voto de la fracción es en contra”.
Alejandra León Gastélum, senadora por el Partido del Trabajo, no aseguró que los diputados locales de esa fuerza política, Claudia Josefina Agatón Muñiz y Julio César Vázquez Castillo, fueran a pronunciarse en desacuerdo. Expuso que el coordinador nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, ya estaba al tanto de la propuesta reduccionista y que en lo personal ella esperaba que sus correligionarios en el Congreso local la rechazaran. Información proporcionada a ZETA daba cuenta de que a ambos legisladores los habían convencido de sumarse al proyecto reduccionista.
Aparte, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, partido que cuenta con Elí Topete Robles como diputado de la XXIII Legislatura de Baja California, también se manifestó en contra. “El juicio de la historia será severo” con quienes respalden esa tentativa, aseveró Francisco Alcibíades García Lizardi.
Además, como integrante de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, el legislador local del PRD, Gerardo López Montes, desaprobó la pretendida modificación, con la que “se trastocan los efectos de la sentencia de Ley del 11 de mayo pasado, que fija que el Transitorio Octavo estará en vigor para las elecciones 2020-2021 y no se puede alterar esta resolución sin consecuencias legales”, planteó.
El perredista exhortó a sus compañeros integrantes del Poder Legislativo local a que escucharan a la SCJN.
Conforme a una fuente consultada, además de Rosina del Villar, la también diputada morenista Carmen Leticia Hernández Carmona se negaría a reducir el plazo gubernativo al igual que el presidente de la Mesa Directiva, emanado del hoy extinto partido Transformemos, Luis Moreno Hernández.
Aprobar el ajuste requería de 17 votos de los 25 diputados que conforman el Congreso del Estado. Morena cuenta con 15 legisladores. De contar tan solo con 13 votos partidistas asegurados, podía disponer de fracciones afines que fueron en alianza con ese instituto político en 2019: Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo. En el caso de Transformemos, no, dada la presunta renuencia de Moreno Hernández. Igualmente podía intentar convencer a María Trinidad Vaca Chacón y Miguel Ángel Bujanda Ruiz, quienes no cuentan con cobijo partidista.
EMPATE INCOMPATIBLE CON LA 4T
La diputada federal Martha Patricia Ramírez Lucero, de Morena, refirió a este medio que la intención de empatar elecciones en 2024 no va de acuerdo con el proyecto de la Cuarta Transformación, impulsado por el Presidente de la República y fundador de ese partido, Andrés Manuel López Obrador.
“No es moral ni es ético, y si trastocamos esos principios en política, estamos mal”, consideró. Nos hemos vendido como una propuesta política diferente y aquí nos estamos viendo igualitos los que nos antecedieron”, dijo en alusión a los diputados que en la XXII Legislatura aprobaron prolongar el mandato que hoy ostenta Jaime Bonilla Valdez.
“Es inaceptable desde el punto de vista de la ética política y la moral. Esto no va con la cuarta transformación”, recalcó.
Aclaró que al interior del partido oficial no había consenso para promover iniciativas de esa índole. “Tendrá que ser responsabilidad personal de mis compañeros que ahora son diputados locales”, alertó en torno a la posibilidad de que el proyecto saliera delante.
“Tendría que ser bajo su cuenta y riesgo. Supongo que van a buscar la reelección. A ver si esto les sirve”, remató.
