La luz verde a las aspiraciones de muchos de convertirse en gobernador del Estado de Baja California, la dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar inconstitucional la Ley Bonilla, con la cual habían modificado la Constitución local para darle a Jaime Bonilla Valdez un mandato de cinco y no de dos años. En los partidos políticos se afinan las listas; aquí algunos de los mencionados para la sucesión del próximo año
Con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el lunes 11 de mayo de 2020 declaró inconstitucional la llamada Ley Bonilla aprobada por integrantes de la XXII Legislatura de Baja California al modificar la Constitución local para ampliarle a cinco años el mandato de dos a Jaime Bonilla Valdez, no solo se restauró el orden jurídico, la certidumbre electoral y prevaleció el Estado de Derecho. Ese día, también inició la carrera por la sucesión en el Gobierno del Estado de Baja California.
Las elecciones de 2021 serán las más grandes que se hayan desarrollado en México, son el resultado de la reforma electoral de 2014, cuando se hizo un llamado a hacer concurrentes las elecciones estatales con las federales, para “ahorrarse” procesos electorales consecutivos en varias entidades de la República Mexicana.
Habrá elecciones federales intermedias, en las cuales se renueva la Cámara de Diputados federal: 300 legisladores electos por mayoría constitucional y 200 por el principio de representación. Además, en quince entidades federativas se elegirá gobernador, en otros 28 estados habrá renovación de alcaldías o congresos estatales. En total, unos 3 mil 500 cargos serán electos el domingo 4 de julio de 2021.
De los quince estados donde habrá elección a gobernador, destacan Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas y, el lunes 11 de mayo en la SCJN, se confirmó Baja California.
Efectivamente, el proceso electoral de 2021 que en el país inicia el 20 de septiembre de 2020, pero en BC fue retrasado por iniciativa de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado hasta diciembre próximo, no había tenido seguridad debido a la incertidumbre que imperaba por la Ley Bonilla, que consistía en la reforma constitucional que los diputados de la anterior Legislatura aprobaron el 8 de julio de 2019, para ampliar el periodo del actual mandatario a cinco años, en lugar de los dos para los cuales fue electo el 2 de junio de 2019.
Destrabado el desaguisado electoral y declarada inconstitucional la Ley Bonilla, el cauce del proceso electoral 2021 toma forma en Baja California: habrá elecciones a gobernador el próximo año, que será el final del bienio de Morena encabezado por Jaime Bonilla Valdez.
Los partidos políticos aprestan a elaborar las convocatorias que utilizarán a finales de este año e inicios del siguiente, para elegir no solo a sus candidatos a gobernador, también a quienes buscarán las presidencias municipales, alguno de los 25 escaños en el Congreso del Estado, y, por supuesto las diputaciones federales.
Y hablando de la más notoria elección de 2021, la del gobierno estatal, los aspirantes, que se mantenían en bajo perfil ante la incertidumbre de la Ley Bonilla, ya han emergido. Algunos por boca propia, otros porque así son considerados por sus respectivos partidos.
Fotos: Ramón T. Blanco Villalón.- Amador Rodríguez Lozano, Morena / Mario Escobedo Carignan, Morena
MORENA, ENTRE AUTODESCARTADOS Y NATURALES
Los primeros en descartarse para buscar la candidatura de Morena al Gobierno del Estado en 2021, fueron los dos más cercanos colaboradores del actual mandatario estatal, de hecho, uno de ellos participó activamente en el embrollo de pretender agenciarse cinco años de administración: Amador Rodríguez Lozano, quien posterior al triunfo de Bonilla y cuando habían perdido los recursos para ampliar el periodo de gobierno, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo públicamente que cambiarían la constitución para tener una gubernatura de cinco años. El otro es Mario Escobedo Carignan.
Efectivamente, Rodríguez Lozano y Escobedo Carignan fueron los primeros en descartarse en la búsqueda por la candidatura de Morena al Gobierno del Estado. Lo hicieron públicamente el mismo 11 de mayo, cuando la SCJN declaró inconstitucional la Ley Bonilla.
Con ello dejaron libre el paso a los candidatos naturales, que de entrada son los dos alcaldes que dicen estar mejor posicionados en diversas encuestas: Arturo González Cruz, de Tijuana, y Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Mexicali.
Es probable, dicen en Morena, que también aspire a la candidatura el súper delegado federal Jesús Alejandro Ruíz Uribe, quien incluso ha posicionado en redes sociales su nombre con logotipo y diseño al momento de anunciar sus resultados o información relevante del Gobierno de México.
Por último -en lo que otros levantan la mano- pero no menos importante, hay quienes ven como candidato de Morena al compadre del gobernador, Guillermo Ruiz Hernández, quien ha gozado del ejercicio del servicio público al grado de ver a un fiscal general del Estado entregando despensas.
PAN, EN BUSCA DE CANDIDATO
Donde sí hay cartas, pero no definiciones de fondo, es en el Partido Acción Nacional. Por un lado están los que van con la inercia de la política partidista, y por otro, los que quieren un candidato ciudadano, dado el desgaste de la clase política en México, particularmente en BC con el panismo que encabezó el último gobierno estatal, el del olor a corrupción de Francisco Vega de Lamadrid.
Los primeros, los que quieren a “una gente del partido”, se decantan principalmente por Gustavo Sánchez, ex alcalde de Mexicali que perdió la reelección ante la alcaldesa Marina del Pilar Ávila, lo cual no es un buen pronóstico de triunfo.
En el mismo sentido, Óscar Vega Marín, el derrotado candidato a gobernador en 2019, quien no logró siquiera unir al voto azul, ha dicho que pretende alzarse de nueva cuenta.
En la cúpula nacional del PAN no descartan a Jorge Ramos Hernández, ex diputado federal y ex alcalde de Tijuana, quien desde el sexenio de Vega de Lamadrid y lo que va del bienio de Bonilla, ha estado en el ostracismo político.
En contraparte, quienes dentro de Acción Nacional le apuestan a una refrescada a las caras y los nombres en las candidaturas locales, están considerando seriamente al joven empresario cachanilla Ernesto Elorduy Blackaller, que no es panista, aunque sí hijo de uno: el ex gobernador Eugenio Elorduy Walther.
Actualmente preside la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mexicali, y administra el desarrollo de los negocios automotrices de la familia Elorduy, entre otros. A partir de la llegada de Bonilla Valdez al Gobierno del Estado, Elorduy Blackaller se ha convertido en un contrapeso de las decisiones oficiales. Junto con otros mexicalenses que encabezan organismos o instituciones, ha presentado posicionamientos y promovido recursos oficiales.
EL PRI DE SIEMPRE
En el Partido Revolucionario Institucional, han salido con lo mismo de siempre desde hace por lo menos 16 años: la eterna candidatura de Jorge Hank Rhon al Gobierno del Estado.
Ex alcalde de Tijuana, fue derrotado en 2007 por José Guadalupe Osuna Millán. Dos años después, el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa de turista, negándole la entrada a aquel territorio, y en 2011, otros dos años después, fue detenido por el Ejército Mexicano por acopio de armas, las cuales se encontraban ocultas en distintas partes de su residencia.
En la ignominia debido a las muchas sospechas de corrupción que pesan sobre su persona y las historias de abusos y excesos que le rodean, Hank Rhon también es el sospechoso intelectual -no investigado oficialmente- del asesinato del periodista y cofundador de ZETA, Héctor Félix Miranda, cometido el 11 de abril de 1988 y por el cual purgaron condena dos, entonces y ahora, empleados del priista.
En 2013 no compitió como era su propósito por la candidatura del Gobierno del Estado de Baja California, pero jugó políticamente contra el candidato de su partido, el embajador Fernando Castro Trenti.
El ex reo del Penal de El Hongo no ha descartado volver a ser candidato a gobernador, aunque en el mismo PRI, en la cúpula nacional se menciona el nombre de un posible candidato: el doctor Jorge Astiazarán Orcí, quien fuera alcalde de Tijuana y actualmente, aparte de su consulta privada, presta sus servicios a la Cruz Roja, institución a la que ha entregado muchos años de trabajo y esfuerzo.
Morena y aliados aprueban reelección sin licencia al cargo en BC
Luego de un intento fallido por sacar adelante el proyecto para que diputados, alcaldes, síndicos y regidores puedan reelegirse sin solicitar licencia al cargo, el Congreso de Baja California aprobó el dictamen respectivo en sesión extraordinaria el 11 de mayo, fecha en que la invalidación de la reforma para ampliar el mandato del gobernador Jaime Bonilla Valdez fue tema principal en espacios informativos.
El análisis de la propuesta por parte del pleno de la XXIII Legislatura se programó de manera inicial para el 24 de abril. Sin embargo, ese día la discusión correspondiente quedó fuera de la lista de temas a tratar. En tanto los diputados de Movimiento Regeneración Nacional y legisladores afines, se concentraron en aprobar gravámenes a la gasolina y plataformas de movilidad, entre otros asuntos.
El lunes 11 de mayo, la iniciativa de reforma encaminada a la reelección de servidores públicos sin el requisito de dejar sus puestos en BC, finalmente fue aprobada con 17 votos provenientes de Morena, PVEM, PT, Luis Moreno y legisladores sin cobijo de partido alguno, como el inicialista Miguel Ángel Bujanda Ruiz.
En contra procedieron seis votos por parte de PRD, PBC, PAN, PRI y MC.
El legislador priista David Ruvalcaba Flores cuestionó cuál era el beneficio social de pretender aprobar una reforma de esa naturaleza, cuando en la actualidad “mucha gente ha perdido su trabajo, las familias no tienen más fuente de ingreso y la salud se ha visto mermada”, en razón de “este fenómeno biológico que estamos viviendo (la propagación del coronavirus)”.
Asumió que “este Congreso atina a visualizar la pandemia como la oportunidad perfecta para realizar reformas electorales acomodadas a intereses partidistas, pretendiendo que la sociedad no se dará cuenta” al estar haciendo frente a la epidemia y sus efectos colaterales.
Para la diputada panista Eva María Vázquez, resulta “ilógico e inmoral” que en tiempos de contingencia se discutieran temas electorales “antes de priorizar la salud”, al igual que un plan de rescate económico.
Gerardo López Montes, del Partido de la Revolución Democrática, refutó que se estuviera sesionando de manera extraordinaria, toda vez que en el orden del día no había algún “tema de carácter relevante en beneficio de los ciudadanos”. Puso en tela de juicio que los servidores en busca de la reelección fueran a abstenerse de utilizar recurso público para impulsar sus campañas.
Rodrigo Otáñez Licona, del Partido de Baja California, advertiría como prioritario “mitigar el efecto económico” del coronavirus, en vista de haber entre 70 mil y 90 mil empleos en riesgo solo en Tijuana.
El presidente de la Comisión dictaminadora (Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales), Juan Manuel Molina García, quien legisla por Morena, recordó que por unanimidad el Congreso local aprobó un esquema para aplazar la cobertura de rentas y empeños en el marco de la emergencia, y arguyó que la reforma podía incluir candados a la disposición de Recursos del Poder Legislativo y al uso de la tribuna en el curso de las campañas. Eduardo Andrade Uribe
El doctor Astiazarán fue de los pocos priistas que concluyó su administración municipal sin escándalos de corrupción o personales. Concluido su periodo como lo estaba antes de ejercerlo, regresó a la práctica médica, pero siempre “se le mueve una patita” electoral.
MC Y EL EX RECTOR
Cuando Dante Delgado Ranauro visitó Baja California en marzo de este año, a pocos días que se decretara la Jornada Nacional de Sana Distancia y aislamiento por la propagación de la enfermedad COVID-19, se reunió con el ex rector de la Universidad Autónoma de Baja California, Alejandro Mungaray Lagarda.
Hubo varios testigos, entre ellos varios empresarios de Tijuana y Mexicali. Uno que otro político. Muchas personas, como para que le guardaran el secreto al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, de que quiere como su candidato a gobernador a Mungaray.
Aunque tanto partido como académico se han mantenido en silencio respecto las aspiraciones de uno y la candidatura de otros, de no llegar a un acuerdo de alianza, el también ex secretario de Finanzas durante la gestión de José Guadalupe Osuna Millán podría ser su abanderado.
PRD Y LAS ALIANZAS
Aun cuando su figura de mayor visibilidad en BC es Jaime Martínez Veloz, candidato a gobernador en 2019, en el Partido de la Revolución Democrática no descartan ir en alianza con otros partidos para 2021 en Baja California.
El propio Martínez Veloz, ex priista, ex morenista y ex funcionario federal, piensa en descartarse para la elección del próximo año, dado el desgaste que tuvo en la campaña contra Bonilla y la estrategia mediática que encabezó desde entonces y hasta el 11 de mayo de 2020 para que la Ley Bonilla fuera declarada, como lo fue, inconstitucional.
Las alianzas serán el tema en 2021, especialmente cuando ante el arrastre electoral que aún tiene Morena desde 2018, cuando el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ganó la elección, en los partidos políticos consideran que una gran alianza sería la única forma de ganarle al partido guinda.
El PAN está considerando aliarse con PRD y Movimiento Ciudadano, tal como lo concretaron en 2018 para arropar la fallida candidatura de Ricardo Anaya Cortés; en el PRI, que después de Enrique Peña Nieto se quedó sin aliados políticos, tampoco descartan formar parte de una coalición para el próximo año en BC.
Morena conservarían sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, menos el local Transformemos, que perdió el registro en la elección de 2019.
El escenario político partidista comienza a tomar rumbo hacia 2021 en Baja California, luego que el banderazo de salida fuera la declaración de inconstitucional que sobre la Ley Bonilla determinaron en la SCJN.
