“Que nadie piense que puede extender su mandato estando en el ejercicio del cargo para perpetuarse o alargar sus condiciones de poder”, advirtió en entrevista con ZETA el investigador de El Colegio de México y miembro de El Colegio Nacional
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La inconstitucionalidad de la llamada Ley Bonilla, declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que pretendía ampliar el mandato del gobernador Jaime Bonilla Valdez de dos a cinco años, era algo que ya había advertido el ministro en retiro, doctor José Ramón Cossío, en entrevista con ZETA desde julio de 2019.
“Atendiendo los precedentes, veo posibilidades muy altas que se declare por la SCJN la inconstitucionalidad de la reforma, a través de la acción de inconstitucionalidad”, expresó en aquella ocasión el ex ministro.
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Luego que de manera unánime (11 votos de 11), el lunes 11 de mayo la SCJN declarara la inconstitucionalidad del Decreto 351 de reforma a la Constitución Política del Estado de Baja California, mediante el cual se ampliaba el período del gobernador electo en 2019, el doctor José Ramón Cossío reconoció el proyecto presentado por el ministro José Fernando Franco González Salas, basado en las acciones de inconstitucionalidad presentada por diversos partidos políticos:
“Aquí lo interesante es que dice el ministro Franco: primero se rompe el principio de certidumbre, las personas fueron a elegir efectivamente a una persona por dos años, no para cinco años; en segundo lugar se rompe el principio de retroactividad, se le está dando un efecto hacia el pasado a una norma; y en tercer lugar, se viola de manera muy clara el voto público porque los electores tenían una información -voy a decirlo así, no lo dice así el proyecto-, tenían unas condiciones para emitir su voto y de repente se vio que todas estas condiciones se modificaron con motivo de la reforma.
“Entonces, básicamente lo que hace es declarar la inconstitucionalidad del Artículo 8 transitorio, con lo cual el periodo del gobernador Bonilla terminará en 2021 y no en 2024”, expresó a este Semanario el autor de “Derechos Humanos. Apuntes y reflexiones” (El Colegio Nacional, 2018).
— La inconstitucionalidad de modificar un período de mandato después de una elección era algo que Usted ya había advertido, considerando casos de otros estados en años anteriores como el de Chiapas en 2006, en el que Usted votó cuando era ministro. ¿Digamos que fue normal, o era de esperarse la resolución de la SCJN?
“Francamente, sí. Yo, que pasé 15 años ahí adentro (en la SCJN), me parecía un caso bastante simple, con toda franqueza, por el precedente que había. Es como decimos los que estamos en el mundo del derecho: es un caso que, por mayoría de razón, no podía subsistir.
“Muchos insistíamos desde el comienzo que era un caso relativamente fácil, hay que decirlo con toda franqueza, era un caso con base en el precedente de Chiapas de 2006 se podía advertir que iba a ser una decisión relativamente simple, más allá de presiones sociales, más allá de expresiones, porque la Corte ya había dicho que no se podían extender los períodos, pues menos iba a aceptar la Corte que se pudieran extender los períodos con personas electas; entonces, el asunto, más allá de lo mediático, no era un asunto particularmente complicado, esa votación de once parece que lo muestra”.
— ¿Podría hablarnos del precedente que supone la resolución de la SCJN para que presidentes municipales, gobernadores o ejecutivos federales no intenten cambiar los mandatos gubernamentales estando en el poder a través de sus respectivos actores legislativos?
“De forma más metafórica que jurídica, se estuvo haciendo comparaciones de si esto se parecía a lo que había pasado en algún momento de la historia con Porfirio Díaz o que ha pasado con el General Santa Anna, creo que no son idénticos los problemas, pero sí era parecida la preocupación: ‘yo voy a una elección, gano una elección por un cierto número de años y estando en la silla hago una reforma y digo: yo, que ya soy el gobernador, que ya soy el Presidente de la República o el presidente municipal, voy a extender mi mandato por otro tanto tiempo’; entonces, esta era la preocupación de fondo.
“El precedente de la Corte pues sí es muy importante hacia el futuro por una simple y sencilla razón: una vez que una persona ha sido electa legítimamente mediante de cual y cual naturaleza, el resultado de esa elección en cuanto a la duración del cargo, no se puede modificar mediante una reforma posterior. Creo que esa es la enorme lección y así es como se leerá este precedente”.
— ¿Por qué es importante la resolución de la SCJN contra la llamada Ley Bonilla en el tema de la división poderes, en tiempos donde el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, parecería tener cada vez más poder?
“Me parece que lo único que se está diciendo es ‘ni se les ocurra dentro del periodo del Presidente López Obrador ampliar la duración del mandato presidencial porque podríamos aplicar el precedente de la Ley Bonilla para echar la reforma en ese sentido’. Ahora, muy importante, sí hay que decirlo: que el Presidente López Obrador nunca ha dicho que va a hacer una reforma, la revocación de mandato es una condición para salir, no para ampliar el período electoral”.
— Con la resolución de la SCJN el ambiente ha sido de júbilo, prácticamente unánime, hay como una percepción de esperanza de que es posible que en México prive la legalidad y el derecho desde el máximo tribunal del país…
“Yo lo que creo, con toda franqueza, es que sí era un problema político muy importante, pero una condición jurídica relativamente simple, con los precedentes que había era difícil suponer que iba a haber otra cuestión. Era un asunto bastante predecible, no sé por qué había la idea de que esto podía salir de otra forma, con toda franqueza, habiendo los argumentos detrás no encontraba yo cómo pudo haberse esto desviado”.
Para culminar la entrevista con ZETA, el ministro en retiro sentenció:
“Es una decisión importante que reencausó todo a la democracia, y también sirve de precedente para el futuro. Creo que una parte de lo que estamos viendo en términos celebratorios tiene que ver con el precedente hacia el futuro de que nadie piense que puede extender su mandato estando en el ejercicio del cargo para perpetuarse o alargar sus condiciones de poder”.
