Decreto faculta a militares en funciones de seguridad pública ante el crecimiento delictivo en el país y la falta de crecimiento de la Guardia Nacional. Como se había previsto, las Fuerzas Armadas apoyarán tales tareas durante cinco años. El Investigador de la Universidad de Guadalajara, Eduardo Barajas Languren, califica de “decisión fallida” la estrategia del Gobierno de México. “El problema no es solo que los militares no cumplan con las expectativas de contener a la delincuencia, sino que existan violaciones a los derechos humanos del ciudadano”, advierte el experto
El 11 de mayo último se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que otorga facultades a las Fuerzas Armadas para intervenir en tareas de Seguridad Pública de manera extraordinaria en el país, medida que es criticada por actores políticos e investigadores especializados en el tema como el doctor Eduardo Barajas Languren, de la Universidad de Guadalajara.
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El acuerdo emitido refuerza las actividades que en ese sentido realiza desde el año pasado la Guardia Nacional y, con base en un artículo transitorio, establece que durante los cinco años siguientes, mientras esa corporación desarrolla su estructura y capacidades, podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en actividades de seguridad “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
La legislación justifica que, mientras el periodo de implementación territorial de la Guardia Nacional, se ejecuta en su totalidad para brindar la seguridad y resguardar el orden, “resulta imprescindible garantizar a la población, el cumplimiento de dicha obligación a cargo del Estado”.
Dicha participación de la milicia no debe exceder de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019 en el DOF.
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El acuerdo expresa que, para el desempeño de las tareas de Seguridad Pública, la Fuerza Armada permanente se regirá en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos y las leyes relacionadas con su función.
Se instruye al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la Guardia Nacional. Y se señala que estos militares estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda.
Al respecto, el profesor investigador del Centro Universitario de la Ciénega (CUCiénega), de la Universidad de Guadalajara, Eduardo Barajas Languren, expresó que era un anhelo del Presidente Andrés Manuel López Obrador desde que llegó a encabezar el Gobierno de México, en contraposición con lo expresado durante su campaña.
“El mandatario ha mostrado interés en que los militares se agreguen a las tareas de la seguridad pública en el país. Tal es el caso de la creación de una Guardia Nacional militarizada y lo consiguió. Este decreto consiste en darle facultades al Ejército Mexicano, a la Marina, a las Fuerzas Armadas, de hacer tareas que tienen relación y actividad laboral sobre la función tan delicada como lo es la seguridad pública en el país”, dijo el doctor en Derecho.
Destacó que las funciones de policías y militares son distintas totalmente, “en virtud que el Ejército Mexicano está capacitado para llevar a cabo y desplegar estrategias de combate en caso de guerra, el cuidado de la Soberanía de la Nación y aspectos que tengan que ver con estrategias para esas actividades, pero nunca para tener un trato de primer respondiente, incluso al ciudadano o hacia la necesidad primordial, que es brindar seguridad pública.
“Realizar acciones de prevención del delito, que fundamentalmente es la tarea de la seguridad pública, o sea, prevenir el delito, no es parte del ADN del soldado. Entonces, creo que específicamente capacitados no lo están para la función policial”, confió.
El problema no es solo que los militares no cumplan con las expectativas de contener a la delincuencia, sino que “sin lugar a dudas, esto puede generar probables violaciones a los Derechos Humanos del ciudadano, en virtud de que poco se habla en las Fuerzas Armadas, poco conocen del respeto a los Derechos Humanos, del respeto de los mismos, incluso en las propias corporaciones policiales”.
Al respecto, Barajas Languren recordó: “Tenemos muy malos antecedentes en nuestro país sobre este contacto de soldados con ciudadanos. Tal es el caso de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. Ahí se habla de su participación y nunca hemos conocido la verdad. Entonces, eso te da a entender que los Derechos Humanos generalmente no son respetados por estas Fuerzas Armadas”.
El investigador del CUCiénega advirtió que se trata de “un tema muy delicado, tendremos que marcar una diferencia exacta entre cuerpo de Seguridad Pública e institución militar. Me parece una situación muy grave, en virtud de que esto puede detonar aún más los indicadores delictivos que tenemos y la falta de resultados favorables en el combate de los delitos, menos aún de la contención de la delincuencia organizada”.
En opinión del entrevistado, la Guardia Nacional no ha dado resultado y militarizar a los cuerpos policiales es “una decisión fallida, totalmente equivocada por parte del Gobierno Federal”.
