Líderes partidistas consideraron que la resolución de la Corte sobre la ampliación de mandato del gobernador Jaime Bonilla Valdez, la cual fue declarada inconstitucional por constituir “un fraude a la Ley”, repercutió en el posicionamiento de los partidos que apoyaron la reforma. Morena, PAN, PRD, PRI, PT, MC y Transformemos, figuran como partidos que se prestaron “a aprobar una reforma que está claramente ya validada como fraudulenta”. “No lo podemos probar, pero es evidente que hubo algún tipo de pago por el voto de cada uno de estos legisladores”, dijo el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, mientras la senadora Alejandra León asegura que Morena llevará caso de legisladores votantes a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia
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Dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), refirieron que si bien la democracia en México salió bien librada tras declararse inconstitucional la reforma para ampliar el mandato del gobernador Jaime Bonilla Valdez, las fuerzas políticas que impulsaron esa modificación quedaron vulneradas, desgastadas y desprestigiadas.
Consultados por ZETA, los líderes partidistas coincidieron en que el argumento de “fraude a la Constitución”, esgrimido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar la enmienda constitucional, dejó en muy malos términos a los partidos que la avalaron mediante sus fracciones parlamentarias, toda vez que el periodo gubernativo se pretendió modificar una vez que Bonilla había resultado electo.
Para el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, el propio partido blanquiazul, lo mismo que PRD, PRI, PT, MC y Transformemos, se prestaron “a aprobar una reforma claramente ya validada como fraudulenta”; mientras que Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de donde surgió la iniciativa, “quedó particularmente como el ente corruptor” que terminó por vulnerarlos.
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A decir del entrevistado, “no lo podemos probar, pero es evidente que hubo algún tipo de pago por el voto de cada uno de estos legisladores”.
Ante esa presunción, manifestó: “Hemos solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera que nos diga si hay algún tipo de manejo que pudiera generar alguna línea de investigación para alguno de los legisladores que se prestó a aprobar esta reforma, claramente ya validada como fraudulenta a la Constitución. Estaremos en espera de la investigación que debe hacer la Unidad de Inteligencia Financiera para de ahí proceder en su caso ya con elementos a otro tipo de denuncia”.
En el caso de quienes arropados por el PAN votaron a favor de la propuesta legislativa, recordó que ya no pertenecen al instituto político, toda vez que de forma inmediata se solicitó su expulsión a la Comisión de Orden del partido.
Portada ZETA, 7 de junio 2019 / Portada ZETA, 12 de julio 2019
Ley Bonilla, trending topic en Twitter
Fueron varios los personajes que “celebraron” el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que anuló la reforma legislativa que permitía ampliar de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla Valdez como gobernador de Baja California.
Tanto políticos locales, nacionales, analistas y críticos de la opinión, lograron posicionarlo como trending topic a nivel nacional en la red social Twitter.
Durante la sesión de la SCJN, destacó la participación del ministro presidente Arturo Zaldívar, quien calificó la reforma aprobaba por la XXII Legislatura de Baja California como un “gran fraude a la Constitución y al sistema democrático”.
El propio Zaldívar publicó un video con la postura que emitió en la sesión y lo fijó a su cuenta. Hasta el cierre de esta edición se había compartido en casi 6 mil ocasiones y registraba más de 14 mil reacciones “Me gusta”.
El 13 de mayo compartió de nueva cuenta un video con el texto “La ampliación del mandato del gobernador de BC tiene un efecto corruptor de la democracia. Se burlaron todos los principios que protegen la integridad del sistema democrático. Pero funcionó la salvaguarda última: la justicia constitucional a cargo de la #SCJN”, en tanto que por la noche, dio cuenta de su participación en el programa “La hora de opinar”, de Leo Zuckermann.
Otro de los personajes que destacaron por su opinión, fue el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, quien después de mostrar su apoyo al fallo de la SCJN, publicó un video en el que explicó parte del proceso que se experimentó con la denominada Ley Bonilla.
“Aunque hubo quienes atacaron legalmente esta disposición, tres veces la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la convocatoria original, por lo que la ciudadanía y los actores políticos siempre supieron que la gubernatura sería electa por un plazo de dos años”, expresó en el video que, hasta el cierre de esta edición, se había compartido más de 900 veces.
Quien en su momento dijera que la Ley Bonilla iba a “pervivir”, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, solo publicó el siguiente tuit: “Como defensora del Estado de Derecho, celebro la decisión de la @SCJN sobre la inconstitucionalidad de la ‘Ley Bonilla’, criterio que siempre sostuve”, con un video de la postura que emitió en septiembre de 2019 ante el Senado de la República, cuando calificó como tal situación como “anticonstitucional”.
Entre los más de 5 mil comentarios, destacan aquellos donde los usuarios le recuerdan las palabras que dirigió a Bonilla Valdez tras tomar protesta a su cargo como gobernador de Baja California. Sánchez Cordero ya no publicó más al respecto. Lourdes Loza Romero
En opinión del líder nacional del PRD, Ángel Ávila Romero, las fuerzas políticas involucradas en la aprobación de la enmienda enfrentan un desgaste, solo que en el caso del PAN, PRI y Morena, el deterioro es mayor en razón de su paso por el gobierno estatal.
“La sociedad en Baja California ya probó lo que son los gobiernos del PAN, ya vio el desgaste que tuvieron estos gobiernos en los últimos años, que no han llevado desarrollo al Estado de Baja California. La gente ya conoce los gobiernos del PRI allá y hoy están conociendo los gobiernos emanados por Morena. Un gobierno como el de Bonilla, que en lugar de unir a la sociedad para salir adelante de los problemas que tiene Baja California se dedica a polarizar, a dividir, aumenta impuestos, es un gobierno corrupto y ladrón”, asumió el perredista.
A propósito del voto que el partido del Sol Azteca dio a la denominada Ley Bonilla, el cual fue emitido por Rocío López Gorosave, afirmó que tal acción no empañó la imagen del perredismo.
“Creo que finalmente son decisiones personales que no marcan la línea política de un partido. Creo que la señora López Gorosave siempre fue un personaje externo al partido. Así la registramos, no como una militante, y a veces es parte de los riesgos de la democracia, de que los partidos queremos abrirnos a candidaturas que no sean solamente de los militantes, y a veces finalmente pasa lo que pasó con esta señora López Gorosave, que cuando ve una oportunidad de enriquecimiento simplemente la toma y echa por la borda el programa que había acordado defender”, consideró Ávila Romero.
En materia de acusaciones asentó: “Somos el único partido político que interpuso dos recursos en contra de los diputados que aprobaron la Ley Bonilla”.
Sobre el primero, explicó que procedió ante la Cámara de Diputados “para el juicio político de estos diputados”, con el pormenor de que “Morena con su mayoría ha logrado detener esta propuesta desde la Comisión Instructora”. Acerca del segundo, expuso que el PRD y Jaime Martínez Veloz, ex candidato a gobernador, presentaron una denuncia penal el año pasado “para que se investigue el caso de soborno por un millón de dólares a cada uno de los diputados que votó la Ley Bonilla”, solo que “la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, hasta la fecha no ha dado ningún avance” al respecto.
Foto: Moisés Pablo /Cuartoscuro.com.- Marko Cortés, dirigente nacional del PAN /Ángel Clemente Ávila Romero, dirigente nacional del PRD
Por su lado, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Carlos Jiménez Ruiz, observó que el hecho de que los legisladores reformistas se hayan excedido en sus actuaciones, situándose con ello “al margen de la Ley”, tal como determinó el máximo tribunal, pone en una situación de desprestigio a los institutos de los que emanaron como diputados locales. De cualquier manera, más allá los calificativos que pudiera aplicárseles, resulta evidente que incurrieron en “excesos”, indicó el dirigente.
“Tan los hubo (tales abusos), que la Corte decidió revertirlos”, de manera que imperara “la voluntad de la mayoría que decidió por un gobernador de dos años (y no de cinco, como se contemplaba con la reforma)”.
Por lo que respecta a quienes arropados por del tricolor favorecieron la Ley Bonilla, recalcó que en contra de ellos hay (cinco) procedimientos abiertos, en el marco de los cuales se les suspendieron temporalmente sus derechos partidistas.
Reveló que el Revolucionario Institucional actualmente se encuentra “estudiando el alcance de las determinaciones de los ministros”, de forma tal que “si da lugar”, el priismo pudiera proceder con acciones legales. Sin embargo, “estamos en estudio, no estamos en condiciones todavía, no me atrevería si hay posibilidades de la configuración de un delito, pero lo que estamos viendo es los alcances de las definiciones de la Corte”, puso en claro, para complementar:
“Entiendo que hay un posicionamiento donde se vierte una serie de conceptos, pero tendría que estar estos respaldados con los elementos del tipo del delito y ver si de veras se configura una conducta delictiva para proceder en consecuencia”.
MORENA TIENE QUE “REIVINDICAR” SU RUMBO CON LA BASE FUNDADORA: SENADORA
La senadora del Partido del Trabajo por Baja California, Alejandra León Gastélum, estimó que el proceder de
Solo el gobernador puede hablar
Tal como pasó con el tema del coronavirus, cuando se asignó como voceros únicos al gobernador Jaime Bonilla Valdez y al secretario de Salud, Alonso Pérez Rico (razón por la cual ninguna otra autoridad de Salud ha interactuado con medios o cancela su participación en eventos), sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solo el primero puede hablar.
Al darse a conocer la resolución del máximo tribunal, el lunes 11 de mayo, las reacciones del Ejecutivo estatal e integrantes de su gabinete eran las más esperadas.
Bonilla Valdez dio una primera declaración al portal Agencia Fronteriza de Noticias, asegurando que podría pedir una licencia para apoyar en la siguiente campaña electoral. Esto se dio a conocer poco después que varios reporteros solicitaron una audiencia con él a través del chat de WhatsApp y solo obtuvieron la promesa de un “posicionamiento más tarde”.
Una reportera de ZETA que asiste diariamente a las “banqueteras” de Pérez Rico, optó por esperar a que saliera Bonilla para abordarlo, sin embargo, personal del mandatario advirtió su presencia y poco después llegaría la promesa de que se compartiría un boletín con su reacción.
La reportera abandonó el lugar y al poco tiempo, unos cuantos de sus colegas acudieron con la misma finalidad de obtener una respuesta por parte de Bonilla, quien accedió a atenderlos y, en grupos de tres, fueron subiendo a la terraza de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, donde los esperó con pipa en mano. El director de comunicación social, el ex reportero Juan Guízar, justificó que se dio prioridad a los medios que tenían horas esperando, cuando la realidad fue que los reporteros le pidieron la audiencia a gritos a Bonilla mientras este descansaba en la terraza.
ZETA buscó por dos días consecutivos a Bonilla para obtener su reacción, no obstante, el gobernador continuó con su actitud evasiva y demostrando que, a pesar de sus años, posee una gran habilidad para subir a su camioneta con pocos movimientos.
También se solicitó audiencia con el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, pero la respuesta fue que se había girado la instrucción de que “solo el gobernador puede hablar del tema”, aunque en el primer día Rodríguez Lozano concedió entrevistas a otros medios como a la revista Proceso, a la cual declaró, se va a respetar la decisión de la Suprema Corte y no buscará participar como candidato en las próximas elecciones.
Quien sí respetó por completo la indicación fue el fiscal general del Estado Guillermo Ruiz Hernández, ya que el mismo día publicó una foto de su infancia en su página de Facebook y no mencionó nada relacionado al fallo de la SCJN, que limita la gubernatura de Bonilla a dos años. Lourdes Loza Romero
Foto: Cortesía Eliud Ávalos/Sol de Tijuana
Morena “deja mucho que desear” con el empuje que dio a la reforma en su carácter de partido en el poder.
La legisladora federal, quien aclaró solo forma parte del grupo parlamentario del PT y sus derechos partidistas están en Morena, manifestó que esa fuerza tiene “que reivindicar el rumbo con la base fundadora”, dado que el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, determinó que la legislación para ampliar el periodo de gobierno en esta entidad constituyó un fraude postelectoral.
“El trabajo que tenemos que hacer en Baja California es arduo, debido a estas anomalías, a estas irregularidades que traicionan los valores y principios de Morena”, sostuvo León Gastélum en entrevista con ZETA.
De acuerdo con la senadora, el lunes 11 de mayo, fecha en que la SCJN declaró inconstitucional la modificación a la Ley, el Consejo Político de Morena, al cual dijo pertenecer desde 2012, sostuvo una reunión virtual con la consejera nacional, Bertha Luján Uranga, y el dirigente del partido en el país, Alfonso Ramírez Cuéllar.
Aseveró que quienes participaron en el encuentro se pronunciaron porque la Comisión Nacional de Honor y Justicia partidista presente “los recursos correspondientes” para aplicar sanciones a los integrantes de Morena que en la XXII Legislatura sufragaron a favor de la iniciativa (Victoria Bentley Duarte, Víctor Morán Hernández y Catalino Zavala Márquez), “personajes que están al interior del partido, dividiendo sobre todo y violentando los principios y valores de Morena”, expresó.
En cuanto a los demás partidos que favorecieron el proyecto parlamentario, León Gastélum planteó: “Básicamente todos estuvieron participando en esta fraudulenta reforma que se dio a la Constitución de Baja California, y por ende violatoria a la Constitución federal. No queda ninguno eximido de esta responsabilidad. Esperemos que se pueda actuar en consecuencia
Grupos en Tijuana piden juicio político contra diputados que aprobaron Ley Bonilla
Más allá de la celebración de algunas agrupaciones civiles en Tijuana por el revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la llamada Ley Bonilla, con la que se buscaba ampliar el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez de dos a cinco años, ahora exigen que se juzgue a diputados de la XXII Legislatura del Congreso de Baja California por violentar la legislación.
Así lo externó Luís Dugay Pedroza, coordinador de Agrupación Política de Baja California (APBC), al calificar a los integrantes del Congreso de Baja California como asaltantes de la Constitución Política de Baja California, violentando el Estado de Derecho porque los diputados actuaron de forma ilegal.
Consideró que se debe hacer juicio político a todos los involucrados, principalmente a los diputados que se reeligieron, porque son quienes ostentan un cargo todavía y es contra quienes podría ser válido ese recurso legal; mientras que a aquellos que ya no siguen como diputados o están en algún cargo público, se les puede ejercitar una acción penal directa, al haber responsabilidad durante el lapso en que fueron funcionarios.
“El funcionario público nada más puede hacer lo que la Ley le permite, y a estos diputados la Ley no les permitía lo que hicieron, fue un exceso del ejercicio del poder, y por lo tanto, tienen responsabilidad”, resaltó.
El presidente la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California (Fedabo), José Luís Molina Magaña, invitó a los diputados federales para que legislen que todos aquellos diputados que transgredan la Constitución para fines particulares, no solo estén sujetos a juicio político, sino que vayan a la cárcel.
Opinó que el juicio político contra los responsables es necesario, pero al haber un Congreso local con mayoría de Morena, podría quedar congelado sin que se le dé seguimiento, porque todavía hay diputados de la anterior Legislatura que están repitiendo cargo, como Víctor Morán y Catalino Zavala.
Al igual, el coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), Carlos Atilano Peña, espera que todos los involucrados, tanto diputados, magistrados e incluso el propio gobernador Jaime Bonilla y el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, aprendan la lección de actuar con honestidad con la ciudadanía, y sobre todo, que sea una lección para no utilizar de forma facciosa las instituciones a favor de un grupo de poder y no de las minorías. Uriel Saucedo Ramírez
y que el pueblo de Baja California esté más consciente sobre el futuro de Baja California, sobre los futuros y posibles candidatos y que se vaya a analizar y votar por las personas, porque creo que todos los partidos ahora sí que demeritan el trabajo político en el Estado”.
Tratándose de Morena en lo particular, opinó que para efectos de elegir precandidatos y candidatos debe ponerse cuidado en la forma de selección interna. “No queremos dedazos como lo fue el año pasado, queremos que sea realmente la base fundadora, la militancia, quien decida quiénes quieren que sean sus representantes, sus candidatos”, estableció la entrevistada, quien al igual que del alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, figura con aspiraciones de postularse para la gubernatura de Baja California.
Por otro lado, mientras no se puedan celebrar procesos internos en el partido, dada la situación de emergencia que prevalece en el país por la propagación del coronavirus, los dirigentes interinos elegidos a comienzos de año se mantendrán al frente de los comités directivos en asambleas. De manera que en el caso de Ismael Burgueño, permanece al frente del partido en la entidad.
También, dijo que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena estableció que “probablemente esa sea la línea”: ya no mandar delegados a los estados a cubrir funciones de dirigentes estatales, como sucedió en el periodo directivo anterior con Leonel Godoy Rangel, quien coordinó el proceso de selección de candidatos a puestos de elección popular, en el cual emanó Jaime Bonilla Valdez para contender por el gobierno de BC.
Deberán reformar Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021, gobierno de Bonilla no concluirá obras; tren y desalinizadora iniciarán construcción en 2021
Tres secretarios del gobierno de Baja California afirmaron a ZETA que redoblarán esfuerzos para cumplir las metas del Plan Estatal de Desarrollo 2020-2024, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la llamada Ley Bonilla, fijando el periodo de gobierno por dos años.
El 14 de marzo, el gobernador Jaime Bonilla Valdez presentó el documento que reúne 100 compromisos clasificados en 16 estrategias, 10 ejes rectores y tres políticas públicas transversales. Entre los proyectos de infraestructura destacan el tren interurbano de Tijuana, la planta desalinizadora de Rosarito y el Viaducto Tijuana (Segundo Piso Zapata-Aeropuerto).
La secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Karen Postlethwaite, informó que se está trabajando en estos, previendo que la construcción de las estaciones del tren interurbano, así como de la planta desalinizadora, inicien en 2021.
Debido a que las obras llevarían entre 12 y 24 meses, con la resolución de la Corte, esta administración no alcanzaría a verlos terminados. A propósito, la funcionaria estatal dijo que “por instrucciones del gobernador Bonilla se tiene que meter el doble de esfuerzo para tratar de llegar a la misma meta en menos tiempo”, aunque reconoció, “hay tiempos o metas que son imposibles de llegar, porque no dependen solo de tiempo, sino de un proceso”.
La idea “es seguir y al que viene, dejarle las cosas listas para que tenga continuidad y el Estado no pierda ni su inversión, ni su infraestructura”.
En materia de salud, el Plan Estatal señala que se fortalecerá la infraestructura hospitalaria. Sobre ello, el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, comentó que el proyecto continúa porque el Estado tiene un índice de camas por cada mil derechohabientes, de los más bajos del país, y que la administración de Bonilla firmó a principios de este año el convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar, que autorizará las obras de infraestructura, por lo que la dependencia que dirige, seguirá solicitando lo requiere Baja California.
Por su parte, el secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo, expresó que la contingencia sanitaria está afectando el autoempleo, la micro y pequeña empresa, por lo que redoblan esfuerzos para que la recuperación económica sea lo más rápido posible.
En tanto que el académico de la Universidad Autónoma de Baja California, Martín Vera, alertó que tras la resolución del máximo tribunal del país, el gobierno estatal se concentraría en acciones para incidir en las elecciones de 2021, al destinar más recursos a programas sociales y a obras enfocadas a “lugares donde hay focos rojos de votación para efectos de ganar simpatía o para consolidar el voto duro”, con lo que sería posible “un manejo discrecional de los recursos presupuestados y que haya un vacío de transparencia”.
En su opinión, hubo “un exceso de confianza” por parte del gobernador para hacer un Plan para un periodo gubernamental de cinco años, “grave error, porque pudieron haber hecho muchas cosas juiciosas para dos años y dejar la base para continuarlas para otro gobierno, hay un desperdicio de recursos humanos, materiales y financieros sobre las políticas públicas del Estado, evidentemente porque se apostó todo a una sola carta y ahora la Corte la echó abajo”, remató el catedrático. Julieta Aragón Domínguez
