Procesos penales contra Vega, difíciles de enjuiciar: abogado

Foto: Cristian Torres
 
Edición Impresa lunes, 18 mayo, 2020 01:00 PM

La denuncia más reciente de cinco contra el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid fue interpuesta el 12 de mayo por parte de Vicenta Espinoza Martínez, titular de la Secretaría de Honestidad y la Función Pública, por presuntos pagos ilegales. La primera querella se presentó el 19 de noviembre de 2019 por un posible fraude superior a mil 200 millones de pesos a 40 empresas. “Mal que nunca se haya hecho -interponer denuncias contra otros gobierno-, mal si se le da un tratamiento político”, advierte Armando León Ptacnik desde Coparmex BC.

Y desde el CCE, Carlos Ibarra confía en que las denuncias no sean “llamarada de petate”

Entre noviembre de 2019 y el martes 12 de mayo de 2020 se han presentado cinco denuncias contra funcionarios de la pasada administración estatal, incluyendo dos contra el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid y una contra su esposa Brenda Ruacho de Vega.

Dentro de las querellas figuran funcionarios de la extinta Secretaría de Planeación y Finanzas, Oficialía Mayor, además de estar involucrados el Partido Acción Nacional (PAN) y la Asociación Civil Centro de Estudios y Análisis Humanistas.

Al respecto, se solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) conocer el estatus de las mismas, sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.

La denuncia más reciente se interpuso ante la FGE el 12 de mayo por parte de Vicenta Espinoza Martínez, titular de la Secretaría de Honestidad y la Función Pública, por presuntos pagos ilegales.

En este hecho la funcionaria implica a 14 ex servidores públicos por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas, subsecretario de Finanzas y el director de Egresos y de Oficialía Mayor, subsecretario de administración, director de Adquisiciones, director de Normatividad y Políticas Administrativas.

Fotos: Jorge Dueñes.- Casa cateada

CASI IMPROCEDENTES ENJUICIAR A “KIKO”

Las denuncias en contra del ex mandatario, así como colaboradores y esposa, son asuntos muy difíciles de enjuiciar, informó el abogado penalista José Bustamante.

De entrada explicó que tendrán que existir documentos “muy burdos” en los que aparezca la firma de Vega de Lamadrid, así como autorización de esos actos.

“Como opinión particular es un asunto difícil el procesar a un primer mandatario porque ellos generalmente operan dando órdenes sin suscribir los actos jurídicos que puedan tener reproche de connotación penal”, mencionó.

Respecto a los colaboradores, es probable que les finquen responsabilidades de tipo penal, porque de acuerdo con experiencias de otros estados de México, solo se han procesado a gobernadores con delitos de narcotráfico.

En Baja California la acusación va por delitos de tipo patrimonial, y a menos que tengan un grupo de testigos que por su posición haya sido cercanos y quieran colaborar en la formulación de las acusaciones, las denuncias podrán seguir su curso, de lo contrario se archivarán.

No obstante, basados en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos hay posibilidad de fincarles cargos por omisión y recibir una condena por prejuicio de tipo económico.

“No olvidemos que varios de estos ex funcionarios en un futuro estarán buscando una posición en un cargo de elección popular, para eso se puede buscar la inhabilitación”, determinó el abogado.

 

INICIARON CON DENUNCIA POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

La primera querella la presentó el 19 de noviembre de 2019 el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, en la que consideró una posibilidad de fraude por más de mil 200 millones de pesos a 40 empresas entre 2017 y 2018.

Los delitos que fincó a Vega de Lamadrid fue por participar en probables actos de abuso de autoridad, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, fraude, abuso de confianza, administración fraudulenta y /o coalición de servidores públicos y/o infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos y/o negociaciones ilícitas y/o fraude procesal.

En la integración, acusó además a empleados de Planeación y Finanzas: Antonio Valladolid Rodríguez y su sucesor, Bladimiro Hernández Díaz; así como a la ex oficial mayor Loreto Quintero, en unión con la Dirección de Normatividad, en la que se desempeñaba como titular Enrique Remigio Salcido y Rutilio Pérez Flores como director de Adquisiciones.

Foto: Jorge Dueñes.- Denuncia por daños patrimoniales

EMPRESAS FANTASMA Y FACTURAS FALSAS

La investigación se abrió a raíz de que la Dirección de Auditoría Gubernamental e Investigación detectó un posible desvío de recursos públicos del pasado gobierno estatal por mil 200 millones de pesos.

Oficialía Mayor respondió que no localizó algún expediente sobre la contratación de las empresas señaladas en las denuncias.

La Secretaría de Hacienda no tiene evidencia de la efectiva prestación de los supuestos servicios contratados, y 89 de los 91 proveedores señalados en la denuncia no fueron localizados en el padrón de proveedores.

Además,  60 empresas que fueron revisadas en la Dirección de Registro Público de la Propiedad, las cuales carecen de inscripción, por lo que se presumen inexistentes.

Se localizaron diez facturas de cinco de los supuestos proveedores por 29 mil 208 millones de pesos que aparecen canceladas y, tan solo una factura, según dicta la denuncia, es por 250 mil pesos, pero no tiene elementos fiscales como folio, sellos digitales Código QR y está catalogada como apócrifa.

También se encontraron otros cinco proveedores a quienes se les pagaron 4 millones de pesos y no se localizó la factura, tampoco RFC con validez, ya que los dígitos que corresponden a la fecha de registro, coinciden con la fecha en que se realizó el pago.

Adicional a esto, los tres últimos dígitos que corresponden a la homoclave solo se identifican con tres letras X.

 

MILLONES EN DESCUENTOS A PANISTAS

El mismo 12 de mayo, la titular de la SHFP presentó una segunda denuncia por presuntas aportaciones al Partido Acción Nacional y a una asociación civil: Centro de Estudios y Análisis Humanistas, ligada al PAN.

En dicha denuncia se señala a 26 ex funcionarios de gobierno que pueden estar involucrados de Oficialía Mayor y Secretaría de Planeación y Finanzas.

Los descuentos a los empleados fueron por 9 millones 098 mil 232 mil pesos, de los cuales en 2019 no se detectó ningún descuento.

De inicio realizaron una verificación de los hechos denunciados por el Congreso del Estado, el cual consistió en descuentos de manera catorcenal del 2% de los sueldos a empleados del Gobierno del Estado para beneficio de Centro de Estudios y Análisis Humanistas, AC.

Mediante oficio C1906236MX de fecha 6 de noviembre de 2019, se procedió a realizar la auditoría especial por el periodo comprendido del 1 de enero de 2015 al 31 de octubre de 2019 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP).

Otros resultados que arrojó Hacienda: del 28 de agosto de 2008 al 31 de diciembre de 2014 se detectaron pagos adicionales por 9 millones 859 mil 094 mil pesos al PAN.

En total, entre las distintas revisiones desde el 28 de agosto de 2008 hasta el 31 de octubre de 2019, se detectaron pagos al PAN de manera directa y a través de la asociación civil por 19 millones 957 mil pesos.

 

DENUNCIA ASEBC OPERACIONES SIMULADAS

El 5 de mayo, el auditor superior José Sergio Soto y la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto, diputada Eva Rodríguez, presentaron una nueva denuncia por operaciones financieras simuladas por mil 586 millones de pesos.

La denuncia está dirigida a distintos ex funcionarios como Francisco Vega, los entonces secretarios de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid, Bladimiro Hernández y la ex oficial mayor Loreto Quintero. También Miguel Ángel López Arroyo, subsecretario de Planeación y Presupuesto, y Miguel Ángel Rodríguez Castro, subsecretario de Finanzas.

Foto: Jorge Dueñes.- Escena del operativo

La subsecretaría de Planeación y Finanzas, Artemisa Mejía Bojórquez, directora de Evaluación y Planeación; Édgar Castillo Padilla, director de seguimiento al sector paraestatal;  Álvaro Israel Ledezma Félix, director de Administración de la SPF;

Isauro López Cárdenas, coordinador general de Gabinete; Silvia Lara Sánchez, directora de Egresos; Juan Manuel Romero Bastida, jefe del Departamento de Pagaduría de la SPF y Reynaldo Sandoval Olmeda, jefe del Departamento de Bancos.

Los incriminan por enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, peculado, uso ilícito de atribuciones y los demás que pudieran ser constitutivos con base a las conductas de los servidores públicos.

 

RUACHO Y EL CATEO 

El viernes 8 de mayo a las 12:30 pm se cumplimentó orden de cateo en la vivienda que “Kiko” Vega de Lamadrid comparte con su esposa Brenda Lucila Ruacho Bernal, en Avenida Cumbres de Maltrata número 377, Fraccionamiento Cumbres de Juárez en Tijuana.

Según información de la FGE, el cateo derivó de la investigación que se lleva a cabo por la denuncia penal que Amador Rodríguez Amador presentó el 16 de marzo de 2020.

De esa querella se desprende que la ex presidenta de DIF Estatal creó junto con su hijo Brandon Machado Ruacho, la asociación civil Cree en tus Sueños, con fines de recaudación de fondos para la construcción del proyecto de Estancia Infantil Tijuana, dentro de un terreno donado por el Gobierno del Estado.

El secretario general de Gobierno arguyó probables malos manejos en la contabilidad del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), así como de las Villas CRIT.

Dicha denuncia fue interpuesta por los presuntos delitos de abuso de autoridad, peculado, enriquecimiento ilícito, fraude, administración fraudulenta, tráfico de influencias, coalición de servidores públicos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, negociaciones ilícitas; promoción de conductas ilícitas, cohecho y distracción de recursos públicos y los que resulten.

De acuerdo con el expediente, había poco más de 7 millones 693 mil pesos dentro de la cuenta bancaria de la organización y el dinero se pudo usar con fines personales.

 

BIEN POR LA DENUNCIA, MAL POR TRATAMIENTO POLÍTICO

El presidente de la federación Baja California de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Armando León Ptacnik, declaró sobre las recientes denuncias penales que la ciudadanía no puede estar en contra de que se aplique la Ley contra quien desvió recursos públicos o incurrió en actos de corrupción.

Calificó como una incongruencia el hecho que este gobierno no presente las denuncias si tiene evidencias de corrupción. Aclaró que es imprescindible siempre y cuando la autoridad tenga los elementos para probar el delito, de lo contrario se puede convertir asunto político.

“Mal que nunca se haya hecho -interponer denuncias contra otros gobiernos-, mal si se le da un tratamiento político”, declaró.

Como país, dijo, “acabamos de dar una muestra del interés que como organismo tenemos en el cumplimiento de la Ley, porque tuvimos respuesta de justicia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien revirtió la llamada Ley Bonilla. Repito, sería incongruente pedir que no se proceda dentro del marco jurídico contra quienes se tienen la evidencia de corrupción o cualquier ilícito cometido”.

Foto: Ramón Tomás Blanco Villalón

QUE DENUNCIAS NO SEAN “LLAMARADA DE PETATE”

Carlos Ibarra, coordinador estatal del Consejo Coordinador Empresarial, pidió que las denuncias contra el ex gobernador y sus funcionarios no queden en “llamarada de petate” ni en una acción política pensada en las elecciones de 2021.

Aseguró desconocer los elementos presentados ante la FGE, que sustentan las presuntas conductas delictivas por las cuales se acusa a funcionarios de la pasada administración estatal, pero de ser ciertos los señalamientos y proceder penalmente, sentaría un precedente muy importante.

“Ya basta que se haga mal uso de los recursos públicos, sobre todo de las cantidades exorbitantes que se manejan en las denuncias, recursos que no vimos invertidos en la entidad”, reclamó Ibarra, para concluir que en diferentes reuniones, los organismos empresariales cuestionaron a los funcionarios estatales, especialmente de Infraestructura, sobre las grandes obras, pero responden con evasivas y opacidad.

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