“No se puede vivir con la verdad en un mundo de mentirosos”.
-Fabián Guthrie
En otro juicio oral posterior al primero, el “testigo estrella” afirmó que los policías municipales lo torturaron para que confesara. Meses después, negó que lo hubieran torturado; y en una entrevista posterior con un reportero, confesó que había negociado con la Fiscalía de Chihuahua para que, a cambio de sus imputaciones a otros procesados, pasara menor tiempo en prisión.
A Jessica Terrazas, de 18 años, la encontraron en fragmentos en el arroyo “El Navajo”: 46 restos óseos, 30 centímetros de su cabello semiondulado y la sudadera de la preparatoria CEPU, que sus hermanas le habían comprado como parte del uniforme escolar.
Desapareció el 20 de diciembre. Y 10 meses después (el 21 de octubre de 2011) fue encontrada con la misma ropa que el día que desapareció: la sudadera del uniforme, una chamarra con gorro de peluche y sus botas altas. Junto a ella, un omóplato extra que resultó parte del cuerpo de otra víctima, Jazmín Salazar Ponce, de acuerdo con el Dictamen Pericial Complementario de Antropología Forense. Otras seis víctimas también fueron encontradas con la misma ropa que traían la última vez que las vieron; y esto puso en duda el argumento expuesto por la Fiscalía de Género de Chihuahua, que sostuvo que las víctimas fueron retenidas por meses para ser prostituidas.
Junto a María Guadalupe, otra de las víctimas, se encontraron los zapatos de piso y el pantalón de mezclilla con los que salió de su casa; esta prenda presentaba una mancha de sangre en la parte inferior de las piernas.
En marzo del 2013, María García Reynoso, mamá de Jessica Leticia, una de las mujeres muertas, declaró haber visto a cinco personas en el Hotel Verde, el edificio que identificó la Fiscalía como el lugar de la prostitución forzada en el que estuvieron las víctimas (de acuerdo a lo establecido en la carpeta de investigación 2104/12 y también a los datos que la propia García aportó el 30 de mayo del 2015 en el “Juicio del Siglo”). Todos fueron detenidos, pero a principios del 2019 la Fiscalía de Chihuahua retiró los cargos contra Rafael Mena, uno de los acusados, por no tener pruebas de que fuera culpable.
Las deficiencias de la Fiscalía siguieron evidenciándose, ya que la testigo protegida -identificada como “Leah”-, quien declaró que de noviembre del 2007 a junio del 2008 se prostituyó en el Hotel Verde, y aseguró haber visto a finales del 2010 y principios del 2011 a cinco de las víctimas localizadas en el Arroyo “El Navajo”, ofreciendo sus servicios sexuales en ese mismo lugar. Sin embargo, esto no concuerda con la realidad, porque la testigo estuvo presa en ese período (del 21 de marzo del 2010 al 15 de marzo del 2011) por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y posesión de cocaína con fines de venta, y se le siguió el proceso penal en materia federal identificado con el número 32/2010-I en el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Chihuahua.
Otro acusado, José Gerardo Puentes Alba, fue encontrado inocente después de permanecer más de seis años preso y luego de ser sometido a dos juicios orales. A la fecha, Jesús Hernández Martínez, Manuel Vital Anguiano, César Félix Romero Esparza, Édgar Regalado Villa, alias “Piwi’ y José Antonio Contreras Terraza, alias “El Kóyac”, están sentenciados a 697 años, y Pedro Payán Gloria a 400 años de prisión.
Lo cierto es que el “Juicio del Siglo” fue una investigación sumamente deficiente, de acuerdo a un peritaje de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en conjunto con un catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, porque se desarrolló y juzgó con la declaración de un testigo protegido y falta de pruebas por parte del Ministerio Público. Se concluye que “el caso Arroyo del Navajo fue una terrible e injusta manipulación del dolor de cada madre”.
Benigno Licea González es Doctor en Derecho Constitucional y Derecho Penal. Fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, A. C. Correo: liceagb@yahoo.com.mx
