Elementos de la Fiscalía General del Estado realizan un cateo este viernes 8 de mayo en la casa del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, ubicada en la avenida Cumbres de Maltrata número 3777 en el fraccionamiento Cumbres de Juárez, en Tijuana.
Publicidad
Hasta donde se sabe siete u ocho oficiales de la fiscalía procedieron al cateo como parte de la investigación que se sigue por la denuncia interpuesta contra el ex mandatario panista por un supuesto desvío de alrededor de mil 600 millones de pesos.
El tramo de la avenida sobre la que se encuentra la propiedad de Vega se encuentra acordonado, y sobre la vía hay al menos siete unidades de la fiscalía y varios agentes resguardando el área .
Publicidad
La revisión al interior de la casa de Vega de Lamadrid empezó aproximadamente a la 1 de la tarde, según mencionaron residentes de la zona.
Información obtenida por ZETA refiere que cuando los elementos de la fiscalía ingresaron a la vivienda, había personal de servicio, y aprovechando su presencia iban a fungir como testigos de la diligencia.
De los elementos que ingresaron a la propiedad, con orden de cateo de por medio, había personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, así como del área de Ciencias Forenses (antes Servicios Periciales) y de la Guardia Estatal de Investigación. Sobre cuál de las indagaciones que se han abierto en contra de personas que se desempeñaron en la anterior administración estatal motivaron el allanamiento, no se proporcionaron detalles.
En su edición de este viernes 8 de mayo, ZETA reveló que son más de 100 empresas y 278 movimientos bancarios que la Auditoria Superior del Estado, consideró irregulares en el pasado gobierno panista, lo que representaría un quebranto al erario de mil 586 millones 150 mil 299.14 pesos.
El pasado martes se adicionó otra denuncia a la presentada en noviembre del año pasado, por el Secretario General Amador Rodríguez Lozano en contra del ex mandatario estatal y 11 de sus ex funcionarios. En esta ocasión la delación fue por el Congreso del Estado de Baja California en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Mexicali.
La diputada Eva Gricelda Rodríguez, señaló que esta denuncia “llega a sustentar con más pruebas las acusaciones en contra de Vega de Lamadrid, la cual incluye más de 300 movimientos irregulares a través de facturas apócrifas”.
El Auditor del Estado, José Soto, Auditor del Estado, dijo que el desfalco supera los mil 500 millones de pesos, pero aún faltaba la revisión de una gran cantidad de cuentas y facturas.
“La Estafa Maestra de Baja California”
El 19 de noviembre de 2019, el secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por los delitos de abuso de autoridad, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, fraude, administración fraudulenta, abuso de confianza y coalición de servidores públicos, infidelidad en custodia de documentos, y violación de secretos o negociaciones lícitas, en contra del el ex mandatario Francisco Vega de Lamadrid, el ex director de Normatividad y Políticas Administrativas del Poder Ejecutivo, Enrique Remigio Salcido, el ex secretario de Planeación y Finanzas del Estado (del 1 de noviembre de 2013 al 26 de abril de 2017), Antonio Valladolid Rodríguez, Bladimiro Hernández Díaz, contralor por los primeros cuatro años del sexenio pasado y secretario de Finanzas por los últimos 31 meses, el ex director de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno de Baja California, Rutilo Pérez Flores y demás “funcionarios públicos que integran la administración pública saliente” (2013-2019).
Lo anterior luego de que fuera revelada una estructura financiera de empresas “fachadas” en Baja California y la Ciudad de México, durante la administración del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, tras el desvió de las arcas estatales por más de mil 200 millones de pesos.
Información revelada por ZETA días después de la denuncia que realizara Rodríguez Lozano, detalló que 91 empresas estaban bajo la sospecha de formar parte de esa estructura financiera, en ese entonces por un desvío de mil 224 millones 562 mil 544 pesos por concepto de asesorías, consultorías y otro tipo de servicios no comprobados.
El reportaje de ZETA señala que lo detectado por un equipo de diez profesionales de la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) fue una relación de operaciones sospechosas en contabilidad realizadas entre 2017 y 2019:
* Empresas a las que se pagaron deudas que no existían en los registros contables.
* Acreedores que tampoco estaban registrados.
* Transferencias irregulares hechas por “instrucciones superiores” en las que no se justifica ni explica el servicios recibido.
* Contratos millonarios que no pasaron por la cotización que exige la Ley.
* Posibles empresas fantasma.
Tras la denuncia en su contra, el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, y la ex oficial mayor Loreto Quintero Quintero, respondieron públicamente asegurando estar en total disposición de presentarse para aclarar cualquier irregularidad encontrada durante su gestión.
Vega de Lamadrid se limitó a enviar una carta firmada, señalando que se encuentraba dispuesto a solventar cualquier irregularidad que salga a la luz. Agregó que su administración fue transparente y eficiente, por lo que acudirá en el momento que sea requerido por las autoridades.
“Estoy en TOTAL DISPOSICIÓN -como siempre lo he hecho- de responder y atender a las autoridades correspondientes, con el propósito de que se esclarezcan los hechos que se mencionan en la denuncia. De la misma manera, invito a los ex servidores públicos que se señalan, a que hagan lo propio”.
Fue el mismo 19 de noviembre cuando la coordinadora de Ministerios Públicos, Rosaura Reyes Cisneros, recibió la denuncia por parte de Rodríguez Lozano en las oficinas del Centro de Justicia Penal de Mexicali, donde proporcionaron algunas evidencias que servirían de punto de partida para la investigación ministerial.
En la publicación de ZETA señala que por lo menos tres de las empresas tienen relaciones entre sus socios y una más de las 91 que conforman la estructura.
“La primera es Servicios Administrativos Math, S de RL, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) el 16 de diciembre de 2016, la cual percibió un monto de 800 mil pesos por servicios de asesoría. Aunque no se mostró contrato, el secretario general de Gobierno compartió algunos documentos relativos a dicha consultora, a la cual se depositó el recurso en una sola emisión a la cuenta 65-50681037-5, el 23 de marzo del año en curso.
Los propietarios de esta empresa son David Valenzuela Salas y Pablo Martínez Martínez, teniendo como socio a Raúl Valencia López. Se les otorgaron 800 mil pesos en una transferencia para servicios de consultoría, según comentó Amador Rodríguez Lozano.
David Valenzuela Salas y Pablo Martínez Martínez también son socios de otras dos empresas que aparecen en el listado de compañías fantasma expuestas por Rodríguez Lozano. El segundo de ellos es propietario de Juper Comercializadora, S de RL de CV, fundada en febrero de 2017 y otra de las involucradas en el supuesto desfalco por el mismo monto de 800 millones de pesos. Comparte la propiedad con Alma Delia Cárdenas Bañuelos y Raúl Valencia López.
Juper Comercializadora. S de RL de CV, también ofreció sus servicios al Congreso del Estado y obtuvo otros contratos por varios cientos de miles de pesos durante marzo.
Raúl Valencia López es socio de MVR Constructora, S de RL, registrada el 12 de enero de 2017 y donde comparte acciones con Manuel Francisco Heredia Silva y Gabriel Reyes Varela. La sociedad recibió 800 mil pesos por consultorías.
“Referente a David Valenzuela Salas, ZETA pudo documentar que participa activamente en otra sociedad llamada Promotores de Emociones Inteligentes, S de RL de CV, fundada el primero de diciembre de 2016, la cual también recibió 800 mil pesos. Esta empresa se encuentra en el listado de las 91 bajo investigación, aunque no es de las primeras cinco mencionadas.
Junto a Valenzuela Salas, Raúl Valencia López -de nuevo- y Rubén Arturo Gastélum Rodríguez, cuyo nombre fue localizado en un padrón de beneficiarios del Ayuntamiento de Tijuana, donde recibió 3 mil pesos por concepto de “Apoyo social”.
“De la única empresa que no se pudo obtener mayor información fue de Edificaciones, SA de CV, al no contar con inscripción en el RPPC ni existen contratos públicos o privados; tampoco página de internet o integración a algún padrón de proveedores en ninguna entidad o Federación -esto curiosamente también ocurre con el resto de las empresas-.
“La última empresa que consta en la denuncia contra “Kiko” Vega” es Bufete de Consultoría, Asesoramiento y Análisis de Laboratorio, SC, la cual recibió un contrato -a través de una adjudicación directa- de 8 millones 157 mil 044 pesos, por el mismo concepto de asesorías. El inmueble se encuentra registrado -aparentemente- en Naucalpan, Estado de México y fue boletinada por el SAT como empresa fantasma en mayo de 2018, lo que evidentemente muestra una irregularidad al realizar negociaciones con la misma”.
El 25 de noviembre de 2019 Pedro Ariel Mendívil García, Fiscal Regional en Mexicali de la FGE, declaró que tras la denuncia integrada en la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía “es nuestra responsabilidad recibirla como la denuncia de cualquier ciudadano, la cual ya fue ratificada por el Secretario General (Amador Rodríguez Lozano)… Hay que verificar a partir de los canales oficiales, que efectivamente las personas señaladas como posibles imputados pertenecen o trabajaron o fueron servidores públicos del estado, del mismo modo tendremos que verificar que las empresas estén registradas ante la Oficialía Mayor como proveedores”.
Más adelante, el 14 de marzo, Mendívil García señaló que la investigación en contra del exgobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid y otros funcionarios tenía un avance del 80 por ciento en la Fiscalía General.
Sin embargo, el pasado 5 de mayo se adicionó otra denuncia a la presentada a la de noviembre del año pasado en contra del ex mandatario estatal y 11 de sus ex funcionarios.
