La industria de la Construcción fue clasificada como no esencial, a pesar que aporta aproximadamente el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) del País, lo cual significa que es uno de los sectores que más contribuye al crecimiento de México.
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Así lo comunicó en dos cartas, el ingeniero Víctor Manuel Escobar Sánchez, presidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros Constructores de Baja California, dirigidas a las autoridades de los tres órdenes del Gobierno.
Agregó que la industria de la Construcción está compuesta aproximadamente 97% por las micro, pequeñas y medianas empresa (Mipymes), las que mueven la economía de la República Mexicana.
Indicó que se necesita el apoyo a ese sector y las Mipymes del País, en el diferimiento de sus compromisos fiscales y con créditos de forma inmediata, sin las revisiones rigorosas de la banca de primer piso.
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Las Mipymes deberían ser elevadas al rango constitucional para que puedan tener las condiciones ideales de crecimiento y productividad que requieren para ser mejores, motores más eficientes de la economía del País.
Estas mueven y pagan impuestos, dan y producen puestos laborables, creando gran cantidad de empleos en todo el País, alrededor del 75 al 52 por ciento aproximado del PIB nacional.
Un país necesita de empresas que produzcan y empujen al país hacia adelante con empleos, pago de impuestos, innovaciones, por encima de los programas sociales, dijo Escobar Sánchez.
El primero de abril del 2020 se ordenó por el Gobierno Federal la suspensión de toda obra privada que se esté ejecutando en México.
La Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la federación el 31 de marzo del 2020 el acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la suspensión de las actividades no esenciales de conformidad con lo ordenado por el consejo de salubridad general, por la Contingencia sanitaria por el Covid-19.
El presidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros Constructores de Baja California, aseguró que los empresarios de la construcción tomaron con responsabilidad las indicaciones de seguridad por la contingencia sanitaria.
Actualmente se está trabajando un aproximado de 40 por ciento de la planta productiva de ese sector en el Estado, lo cual no abona a mantener una comunidad productiva.
Sin embargo, es difícil para el microempresario mantenerse sin trabajar y pagando sueldos a todos sus trabajadores, por lo que se necesita que el Gobierno apoye en otorgar créditos blandos, prorrogar en los pagos de impuestos fiscales y sin condiciones.
Varias compañías están parando, lo cual está dejando sin empleo a mucho personal y esto no es bueno para nadie.
Además calificó como paradójico que la obra pública de Gobierno sí es esencial y la privada no, por los constructores sufre por la falta de criterio en el desarrollo de las obras.
Agregó que ante el anuncio de la autorización limitada a la Cámara Nacional del Cemento (Canacem) para la producción y distribución, preocupa por la continuidad de las obras ya empezadas.
De continuar esto y no modificar esa apreciación y seguir calificando a la construcción como una actividad no esencial, pronto se empezará a caer en mora en el pago de impuestos, salarios, prestaciones, entre otros.
A su vez Víctor Manuel Escobar Sánchez, destacó que el marco jurídico es vulnerado por los funcionarios de los tres niveles de Gobierno, en claro detrimento de los empresarios y sus familias, ya que no se otorga esa participación a la Mipymes, además que no corresponde a su participación en el PIB nacional.
Existen más de 4 millones de empresas en México, 97.6% son microempresarios y concentran 75.4% del personal ocupado total, seguidas por las empresas pequeñas con 13.5% y las medianas que representan 11.1%, respectivamente.
Las Mipymes tiene una gran participación en la economía nacional, sin embargo, las de la construcción solo tienen una tercera parte de la asignación de obra.
Resulta imperioso modificar el actual esquema de asignación discrecional de obra pública que realizan los gobiernos federal, estatal y municipal para que el porcentaje de asignación se incremente de 35% hasta a 65%.
El Gobierno debería promover que las dependencias realicen la planeación de sus adquisición de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública, para destinarlas a las Mipymes de manera gradual hasta alcanzar un mínimo de 75%.
En el aspecto financiero, las Mipymes tienen menor accesibilidad a la financiación bancaria, particularmente a mediano y largo plazo, y soportan un mayor costo financiero respecto de las empresas grandes.
En la actualidad, son importantes para el desarrollo de la economía de los países industrializados, así como de los que están en proceso.
Las Mipymes constituyen la columna vertebral de la economía nacional y por su alto impacto, en la generación de empleos.
Sin embargo, la realidad de estas unidades económicas es que se les imponen muchas y diferentes obligaciones, de las que reciben pocos beneficios fiscales, administrativos, económicos.
Contribuyen con 7 de cada 10 empleos formales que se generan en el país, es decir, componen 99% de las unidades.
Pese a su valor estratégico en la generación de empleos, las Mipymes enfrentan graves obstáculos para su desarrollo.
A las complicaciones legales para abrir su negocio, y reabrir los que ya funcionaban, los empresarios tienen que solventarlas con recursos propios, mismo que podrían destinarse al mantenimiento de sus actividades.
A decir del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 75% de las empresas que abren en nuestro país quiebran durante los primeros cinco años, esto se debe principalmente a las distorsiones que tiene el mercado interno.
El exceso de trámites, la falta de crédito para capital de trabajo o para invertir, además de la corrupción de las autoridades, inseguridad pública y regulaciones excesivas.
Se deben entender las exigencias que tienen quienes generan los empleos y contribuyen con impuestos al gasto público del país.
De acuerdo con el último censo económico, en Baja California existen aproximadamente 95 mil 882 establecimientos.
En cuanto al tamaño de las empresas, la información estadística apunta que 92 de cada 100 establecimientos son microempresas.
Por esas razones, Víctor Manuel Escobar Sánchez exigió que los gobernantes tenga la objetividad y la voluntad política de elevar a rango constitucional a las Mipymes, son la columna vertebral de la economía de México, quienes sacarán adelante al País cuando finalice la pandemia.
