La Audiencia Nacional española negó este martes 7 de abril la libertad a Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), “basándose en un contundente informe de la Fiscalía en el que resalta que existe ‘inminente riesgo de fuga’”, según informaron fuentes judiciales al diario Milenio, que informó del hecho.
Imsael Moreno, juez del Juzgado de Instrucción número 2, decidió en días pasados que el ex funcionario federal mexicano permanezca en prisión, tras la petición de libertad por parte de su defensa, el despacho de abogados Ilocad, que pertenece a Baltasar Garzón Real, quien recibió el alta médica tras estar hospitalizado por una neumonía provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19).
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En la actualidad, Lozoya Asutin se encuentra en el Centro Penitenciario Madrid III Valdemoro, desde donde afrontará su proceso de extradición a México. El ex director general de Pemex ingresó el pasado 2 de marzo, en la cárcel madrileña IV, en Navalcarnero, tras ser trasladado desde el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, en Málaga.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de España, organismo dependiente del Ministerio del Interior, decidió trasladar al ex funcionario federal mexicano de Málaga a Madrid por cuestiones administrativas, debido a la cercanía a la Audiencia Nacional, el órgano judicial con sede en la capital española, y que es el competente para decidir sobre la orden de detención y extradición emitida por las autoridades mexicanas.
Como consecuencia de la pandemia, el ex director de Pemex se encuentra incomunicado ya que el Gobierno de España prohibió las visitas a los presos. El juez Moreno decretó el pasado 13 de febrero el ingreso en prisión provisional incondicional para Lozoya Austin, por entender que existe riesgo de fuga.
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El ex directivo de Pemex fue detenido por una Orden Internacional de Detención emitida por autoridades mexicanas, que lo buscaban por “un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, equivalente a lavado de dinero en España y que contempla una pena máxima de 15 años de prisión.
El Gobierno de México ya envió toda la documentación requerida por el gobierno español para iniciar el proceso de extradición, pero el trámite se encuentra detenido por la actual crisis sanitaria que atraviesa España.
“En cualquier caso, dicho proceso podría durar meses o incluso un año, como la mayoría de casos en ese país”, según lo indicó el diario Milenio. El Gobierno de México solicitó el pasado 26 de marzo a España -en el vencimiento del plazo-, la extradición de Lozoya Austin.
La Fiscalía General de la República (FGR) remitió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el expediente del ex funcionario de la Administración de Enrique Peña Nieto, y a su vez la Cancillería envió la documentación al Gobierno español.
Lozoya fue detenido en Málaga, España, el pasado 12 de febrero, con base en una orden de detención provisional con fines de extradición solicitada por el Gobierno de México, con el propósito de llevarlo a proceso por dos causas penales.
En una le atribuyen cohecho, por supuestamente recibir sobornos por al menos 10.5 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA), así como de la compra que hizo su esposa Marielle Helen Eckes de una casa en Ixtapa, por una suma de 1.9 millones de dólares.
En la segunda le imputan operaciones con recursos de procedencia ilícita, al haber transferido ilegalmente recursos para adquirir en 38 millones de pesos una casa de Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, de sobornos recibidos tanto por la constructora brasileña y por AHMSA, tras la compra venta de la empresa Agro Nitrogenados en 2015.
