Una serie de reformas constitucionales dirigidas desde el seno del Poder Ejecutivo y respaldadas por el Legislativo del Estado, pretenden una de las reestructuraciones más grandes en el sistema judicial de Baja California, en las que destaca la desaparición del Consejo de la Judicatura, la elección de magistrados a través de una terna enviada por el gobernador y la creación de salas unitarias distribuidas en Zona Costa. Para los abogados Anwar Ramos y José Luis Molina, se trata de un retroceso e incluso -refiere uno de ellos- un atentado a la autonomía del Poder Judicial. De refilón, la iniciativa asesta otro golpe al Sistema Estatal Anticorrupción, al pretender reducir el número de consejeros y de atribuciones. Francisco Fiorentini, presidente del organismo, asegura que estas acciones volverían a Bonilla “cómplice de la corrupción”
El gobierno de Jaime Bonilla Valdez prepara una nueva embestida contra la administración de justicia en Baja California y el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Publicidad
A escasas semanas de anunciar la iniciativa que busca desincorporar el Servicio Médico Forense (Semefo) del Poder Judicial para transferir sus funciones a la Fiscalía General del Estado (FGE), ahora amaga una de las más grandes reformas constitucionales en la materia.
La iniciativa con número de oficio SGG/BC/78/2020 presentada el 13 de marzo de 2020 a través de Oficialía de Partes del Poder Legislativo y firmada por el gobernador Jaime Bonilla Valdez; el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano; y el diputado Juan Manuel Molina, causó polémica en el gremio jurídico, debido a que anunciaba la desaparición del Consejo de la Judicatura del Estado (CJE).
Lo que no se reveló, la serie de modificaciones subsecuentes, como la eliminación de los procesos de selección de magistrados y sustituirlos por una terna presentada por el gobernador, la desaparición de los súper numerarios y la creación de tribunales unitarios que incluso podrían llegar a sustituir a las salas penales y civiles.
Publicidad
Además, pretenden abrir -a discrecionalidad del mandatario- la posibilidad de aumentar el número de magistrados que conforman el Tribunal Superior de Justicia del Estado, según las nuevas disposiciones del Artículo 58.
No conforme con ello, asestan otro golpe al avasallado SEA y pretende reducir de once a cinco el número de consejeros ciudadanos.
Pleno del tribunal del poder judicial
Para los abogados Anwar Ramos Gaona y José Luis Molina, estas reformas representan un retroceso en la administración de justicia, e incluso, el último de ellos asegura que es una intromisión inconstitucional que transgrede la independencia de los poderes.
Mientras que el magistrado presidente Salvador Ortiz Morales prefirió no emitir opiniones sobre un tema que trastoca severamente la administración a su cargo.
CJE, CARO E INEFICIENTE: MOLINA GARCÍA
Conformado en septiembre de 1995, el Consejo de la Judicatura cuenta con siete miembros con duración de cuatro años, de los cuales dos son consejeros electos por la mayoría calificada del Congreso -Francisco Javier Mercado Flores y César Holguín Angulo-; otro designado por el gobernador -Dora Iliana García Angulo-; un juez consejero -Luis Javier Baleón Zambrano- y tres magistrados numerarios -Sonia Mireya Beltrán, Columba Amador Guillén y Salvador Ortiz Morales-, entre ellos el presidente del Tribunal.
El CJE se encarga de la administración de recursos materiales y humanos, de promover la carrera judicial, la evaluación de aspirantes a magistrados, designación y ratificación de jueces. También vigila el actuar de los mismos y da trámite a las denuncias y sanciones internas, entre otros temas, con la intención de que los magistrados se enfoquen exclusivamente en atender temas jurisdiccionales.
La iniciativa planteada por el Ejecutivo suprime al CJE y distribuye sus funciones a diversos entes, por ejemplo, lo administrativo correría por cuenta de una Junta de Administración, Disciplina y Vigilancia, conformada por cinco magistrados y funcionarios del propio Poder Judicial, lo cual será definido en las reformas secundarias en la Ley Orgánica.
Un día después de darse a conocer esta iniciativa -14 de marzo-, el gobernador Jaime Bonilla Valdez tuvo agenda pública en la Jornada por la Paz realizada en el fraccionamiento Ángeles de Puebla en Mexicali, donde aseguró, el objetivo de esta reforma es generar un ahorro de 50 millones de pesos.
Sin embargo, el documento de 24 páginas que presentó ante el Congreso, no establece nada sobre el recurso que se ahorraría, ni estudios, ni análisis sobre los beneficios financieros de suprimir al Consejo.
En su exposición de motivos, solo acusa a esta estructura administrativa como responsable de todas las carencias financieras del Poder Judicial de Baja California, culpándolo del retraso en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la paralización de proyectos y el déficit presupuestario en el Semefo, pese a que, en los últimos diez años, el presupuesto del Poder Judicial, que este año ronda los mil millones de pesos, prácticamente no ha aumentado.
El diputado Juan Manuel Molina, uno de los principales impulsores de la iniciativa, comentó en entrevista con ZETA que la intención es volver más eficiente el Poder Judicial, puesto que, desde su creación, el Consejo solo ha generado rezagos.
“(Los consejeros) Lo han usado como puesto político, hay gente ahorita, recomendados de diputados, familiares, que no traen beneficios al Poder Judicial, no existe la carrera judicial como tal, desde hace años no hay cursos para ampliar la reserva de actuarios ni secretarios, investigadores que solo llegan a cobrar cheques. La mayoría de los consejeros brillan por su ausencia, no hay intercambio de ideas, se ponen a la orden del presidente en turno; son millones de pesos que se invierten ahí, y no ha crecido ni mejorado la carga de sentencias”, subrayó.
Con el sueldo de un solo consejero, dijo, podrían pagar el de dos jueces o mejorar las condiciones salariales de secretarios y actuarios, además de redirigir a algunos funcionarios que trabajan para el Consejo.
ZETA solicitó el estudio sobre los ahorros que generaría la eliminación del CJE, pero hasta el cierre de esta edición, jueves 2 de abril, no fue entregado por el Congreso.
ESTÁN APLASTANDO DIGNIDAD DEL PJ: ABOGADO
El abogado Anwar Ramos Gaona reconoció la urgencia de reformar el sistema judicial del Estado a la inversa, puesto que la creación del Consejo generó un balance financiero, administrativo y de vigilancia, permitiendo la intervención de ciudadanos y del propio Poder Ejecutivo en su gestión.
Si bien existen vicios dentro del Consejo, consideró son cuestiones subjetivas, no en su composición, por lo que debería reforzarse para establecer mejores criterios de evaluación.
“Nada más dicen que no funciona, pero no genera un estudio, siendo que en otras legislaturas se impulsó al Consejo, y de buenas a primeras nos dicen que no es funcional. Por cuestiones políticas no se debe generar la intromisión o perjuicio de instituciones sólidas”, reclamó.
El presidente de la Federación Estatal de Barras y Asociaciones de Abogados en Baja California (Fedabo), José Luis Molina, quien reconoció que en los años noventa fue un opositor a la creación del CJE, prefirió enfocar su preocupación a la intromisión tan agresiva del gobernador y los diputados en la vida del Poder Judicial, al cual ni siquiera contemplaron para la reforma, lo cual es violatorio del Artículo 28 de la Constitución local, donde refiere que debe contemplarse al Tribunal Superior en torno a modificaciones relativas “ a la organización y funcionamiento de la administración de justicia”.
A su juicio, están aplastando la dignidad del Poder Judicial, al cual consideran débil, por lo que espera que, de avanzar la iniciativa, los magistrados busquen una controversia constitucional por el simple hecho de que un poder no puede entrometerse en el funcionamiento de otro sin consultarlo.
El diputado morenista reviró indicando que se tendrá contacto con el Tribunal Superior de Justicia del Estado y que el Congreso tiene libertad de reformar en el tema, ya que el Artículo 116 de la Constitución federal, no forza a los estados tener un CJE, dejando el espacio para la libre configuración legislativa. Ejemplo de ello son Tlaxcala, Morelos y Oaxaca, cuyos poderes judiciales no cuentan con tal órgano.
MAGISTRADOS POR DEDAZO Y NO POR EVALUACIÓN
El nuevo esquema para la designación de magistrados es mucho más simple, pero menos democrático. En caso de aprobarse las reformas, dejaría de ser por medio de evaluaciones -llevadas a cabo por el Consejo- para otorgarle el poder al gobernador.
Es decir, en vez de llevar a cabo exámenes orales, escritos y entrevistas, el Poder Ejecutivo enviará una terna al Legislativo, y este lo destinará a través de la mayoría calificada. El esquema es prácticamente el mismo que se utiliza para la designación de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Aparte, se estableció una cláusula para que se respete la equidad de género, donde si la vacante es de una mujer, se establecerá una terna de tres; quedarán prohibidas las ternas mixtas. La reforma se replicaría en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).
Molina García aseveró que los procesos de evaluación ocasionaron múltiples denuncias y quejas por la calificación de exámenes, y una serie de amparos que han provocado desintegración de salas hasta por periodos de tres meses, lo que impide definir sentencias en los Juzgados de apelación.
En el mismo sentido se buscará eliminar a los magistrados súper numerarios, toda vez que su presencia facilita el otorgamiento de suspensiones definitivas, y con ello se impide la designación de magistrados, como ya ocurrió. En su lugar contempla que los secretarios de Estudio y Cuenta sustituyan las vacantes temporales de un magistrado titular.
Tanto Anwar Ramos como José Luis Molina, consideran como un retroceso grave la designación por terna y no por evaluación, toda vez que se buscará un perfil allegado al Poder Ejecutivo y no a través de un proceso democrático.
El presidente de la Fedabo detalló que el siguiente paso en el proceso de designación de magistrados era abrir la oportunidad a la academia, a colegios y barras de abogados, para que se escucharan las opiniones técnicas de sectores ciudadanos, pero ocurrió lo contrario.
Ramos Gaona coincidió en que debería abrirse el espacio al análisis de otros sectores o definir nuevos criterios de evaluación para evitar la inconformidad de los aspirantes, y con ello, amparos.
Respecto a la eliminación de los súper numerarios, ambos se manifestaron en contra, puesto que los secretarios de Estudio y Cuenta ya cuentan con suficiente trabajo para suplir las funciones especializadas de un magistrado.
REFORMA TAMBIÉN GOLPEA AL SEA
Para no variar, la reforma planteada por ambos poderes, de mayoría morenista, busca darle el último golpe al SEA, eliminando a la Comisión Evaluadora del proceso de selección del magistrado Anticorrupción, tal y como lo hicieron con el fiscal Anticorrupción, además de definir en cinco -y no once- el número de consejeros ciudadanos del Comité Coordinador.
A juicio del presidente del SEA, Francisco Fiorentini Cañedo, es otro claro ejemplo del desinterés que tienen tanto el Gobierno del Estado como el Congreso en un sistema que funcione, puesto que con la última reforma busca reducir aún más la intervención de los ciudadanos en el tema, ya que la nueva conformación contaría con once representantes del gobierno y solo cinco ciudadanos.
Tanto Ramos como Fiorentini Cañedo participaron en las mesas redactoras del SEA, y señalaron que los resultados eran un ejemplo de ciudadanización a nivel nacional, pero por intereses políticos, el Congreso y el Ejecutivo -ambos liderados por Movimiento Regeneración Nacional- le han quitado atribuciones.
Fiorentini reclamó el constante acoso de este gobierno contra la agenda ciudadana, y pidió a Bonilla Valdez, les permitan crear un sistema que funcione, o de lo contrario va a considerarlo “un cómplice de la corrupción”.
Juan Manuel Molina desestimó los dichos y aseguró que, pese a que estar perfectamente definido en la propuesta de la reforma al Artículo 95 de la Constitución, a la fecha se desconoce cuántos integrantes conformarán el Comité Coordinador, sobre todo porque no han recibido el engrose de la SCJN que establezca a detalle la sentencia.
SALAS UNITARIAS, UNA NECESIDAD
En el único tema en el que todos los abogados, diputado y gobierno están de acuerdo, es en la necesidad de crear salas unitarias, sobre todo en Zona Costa, donde la carga de trabajo es muy alta y los abogados deben acudir a Mexicali para presentar sus recursos de apelación.
Para Molina García, la intención de la propuesta es que se desintegren las salas y se definan tribunales unitarios, con el objetivo de medir la eficiencia de los magistrados y emitir más sentencias en un menor periodo de tiempo.
“Ya es tiempo de que se hagan responsables de sus resoluciones”, señaló el legislador sobre el tema “todavía en análisis”.
Para finalizar, tanto Anwar Ramos como José Luis Molina coincidieron en la necesidad de salas unitarias sobre todo en Tijuana, ya que facilitaría el trabajo y volvería más accesible la justicia para los ciudadanos.
Los esquemas aún se encuentran en análisis de legisladores, y, acorde con Juan Manuel Molina García, llamarían a representantes del Poder Judicial para analizar la iniciativa en su totalidad.
