Persiste confusión entre las compañías deben cerrar, por lo que algunas con actividades no esenciales sigan operando. No hay claridad entre lo que dicen los funcionarios y las normas establecidas, como tampoco en las disposiciones emergentes ante la pandemia: abogados
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“No estamos contestando nada, la intención de esto es escucharlos para poder llevarnos esa información, preparar un plan, la respuesta que satisfaga la mayoría de sus inquietudes y ver cómo le hacemos para que todos estemos seguros; y número dos, algo muy importante, la continuidad de la operación”.
Fueron las palabras que pronunció, el 6 de abril, un directivo de la empresa Ensambles del Pacífico, S de RL de CV (PAR PRO) ante los reclamos de su personal para que la planta que fabrica cableado aeroespacial, cesara actividades durante la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
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Las quejas de los trabajadores señalaban que el comedor y los baños no estaban limpios, ni les habían dado cubre bocas hasta que una empleada presentó síntomas de la enfermedad respiratoria, lo que también hizo que limpiaran la zona donde la joven se desempeñaba, para luego seguir laborando.
Ante la negativa de los trabajadores a regresar a sus actividades, otra ejecutiva insistió: “Ahorita ya estamos trabajando con los abogados en el documento ese, donde estamos soportando que podemos estar trabajando, hoy espero ya tener respuesta”.
Cinco días después, 13 de abril, la empresa despidió a una decena de trabajadores que habían expresado sus inconformidades y a aquellos que publicaron videos de la reunión en Facebook, relató a ZETA uno de los afectados, quien señaló que Recursos Humanos le condicionó la entrega del cheque de liquidación a cambio de que borrara los videos.
Es el mismo caso de otro empleado, con 15 años de antigüedad, quien ante la ausencia de un sindicato -al menos que conozca- y la falta de recursos para solventar una demanda laboral, terminó firmando la liquidación que consideró injusta, pese a que en un primer momento se había negado.
Un día después, personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) acudió a la planta, con una plantilla de 300 trabajadores, para que cesara sus actividades.
Durante la semana, trabajadores de Safrán Cobin, SA de CV (también del sector aeroespacial), ubicada en el Parque El Pacífico y Plantronics (sector electrónico) en Mesa de Otay, llevaron a cabo sendas manifestaciones para pedir el cese de operaciones, ya que ambas plantas reportaban uno y tres casos sospechosos de COVID-19, respectivamente.
En Safrán -con más de 3 mil 200 trabajadores en dos turnos-, la propia administración general de la compañía había informado el 13 de abril que identificó un caso confirmado de coronavirus. “La persona pertenece al área administrativa, ha sido evaluada por el servicio médico público, se encuentra en cuarentena ambulatoria y ya se reportó el caso a las autoridades sanitarias”, se lee en la circular enviada a su personal.
Cuestionado sobre el proceder de esta empresa, el presidente del Clúster Aeroespacial de Baja California, Tomás Sibaja, manifestó: “No puedo opinar sobre algo de lo que no tengo conocimiento, lo que usted me está diciendo para mí es nuevo, a lo mejor ya es de dominio público, pero yo no lo sé. Lo que puedo decirle es que Safrán es una empresa importante en México, es el empleador número uno en el país, con plantas en Querétaro, Chihuahua y Baja California”.
Luego de calificarla como “una empresa seria”, abundó que cuenta con una carta del canciller Marcelo Ebrard, del 2 de abril, en la que se indica al presidente de Safrán, Daniel Parfait, que siendo una actividad esencial la que realizan para manufacturar ventiladores, puede seguir operando.
En entrevista con ZETA, Sergio Moctezuma Martínez López, titular de la STPS en Baja California, comentó que en la inspección del 14 de abril (en la que se suspendieron actividades) directivos de esta empresa le mostraron la carta “dirigida al presidente de Grupo Safrán, pero para realizar ventiladores no en Tijuana, no en Mexicali, no en Baja California”, lugar donde las plantas de esta empresa están dedicadas a la fabricación de equipo aeroespacial, abundó el funcionario estatal.
Cabe señalar que el 9 de abril, trabajadores habían parado actividades congregándose en el comedor de la planta para expresar su preocupación, ya que en diversas áreas no se respetaba la sana distancia.
Por otro lado, en Plantronics trabajadores inconformes hicieron del conocimiento de la autoridad dos defunciones presumiblemente por coronavirus, ya que luego de que los empleados con síntomas similares al COVID-19, no regresaran a la planta y enviaron a cuarentena a toda la línea de producción.
STPS SUSPENDE OPERACIONES EN 516 EMPRESAS
Al cierre de esta edición, la STPS de Baja California había suspendido la operación a 516 empresas, de las cuales 312 se ubican en Ensenada, 71 en Tijuana, 64 en San Quintín, 41 en Mexicali, 17 en Rosarito y 11 en Tecate.
Datos preliminares del 14 de abril apuntaban que del total de empresas a las que habían suspendido operaciones, 16.59% correspondían a compañías del sector manufacturero. Tales acciones han permitido que 61 mil 954 personas ya se encuentren en sus casas como una medida que evite la propagación del coronavirus, sobre todo en personas en edad productiva, grupo en el que se han reportado más contagios.
Martínez López lamentó que el papel de los sindicatos sea pasivo ante la situación que denuncian los trabajadores en BC, “no les vemos por ningún lado; los trabajadores están en la orfandad”, afirmó.
Durante esta emergencia sanitaria se han recibido alrededor de quince llamadas de personas que aducen despidos injustificados, y previó que este número aumentará en función que la dependencia reanude actividades de forma normal.
Trabajadores de Plantronics se manifiestan porque la empresa no ha suspendido labores.
UN MAR DE CONFUSIÓN
Para Roberto Quijano Sosa, abogado empresarial, el panorama que se está presentando en el Estado, donde empresas esenciales que están siendo cerradas, mientras otras no esenciales permanecen abiertas, se debe a dos cosas: falta de criterio de la autoridad y la contradicción entre declaraciones de funcionarios y normas establecidas.
En su opinión, ese “mar de confusión” para los empresarios radica en tres escenarios. El primero es lo que dicen las leyes, el Estado de Derecho. “Luego tenemos qué dicen los acuerdos” emitidos recientemente por la autoridad, si son correctos o no. En tanto que el tercero es lo que los funcionarios comentan en sus conferencias, que no empata con el marco legal o con los acuerdos emitidos, “eso crea una gran desinformación para la sociedad y para los patrones que se preguntan qué hago, lo que dice la Ley, el acuerdo o lo que se señala en las conferencias”, refirió.
De ahí, que haya empresas consideradas esenciales que están siendo cerradas, a raíz de las verificaciones de la autoridad “que dice, ‘para mí no eres esencial o tengo duda’, cuando la autoridad establece un procedimiento: ‘comparece ante mí, exhíbeme los documentos para considerarte esencial y cuáles son las medidas de higiene para tus empleados’”, planteó Quijano.
Tal procedimiento es adecuado, no obstante, por la falta de criterio algunas de las 70 empresas en Tijuana y Tecate que realizan actividades médicas han sido clausuradas. Otras que son accesorias a servicios esenciales, como una compañía que se dedica al servicio, mantenimiento y reparación de extracción de petróleo, también fue clausurada.
Es decir, hay empresas que son proveedoras de una empresa de actividad esencial, y al ser cerradas, impiden que la de actividad esencial pueda operar.
Ante algunas denuncias de trabajadores que han reclamado que las empresas no les han pagado el salario integrado -como el secretario del Trabajo estatal ha expresado deben hacerlo-, Quijano Sosa recordó que la Secretaría de Salud federal es la única dependencia que ha emitido un acuerdo oficial.
El documento, publicado el 31 de marzo, indica que como una acción extraordinaria para atender la emergencia sanitaria del SARS-CoV2, se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril, de las actividades no esenciales, sin mencionar nada respecto al salario integrado.
Este acuerdo establece como actividades esenciales las de la rama médica paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. También las que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre estas el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución (farmacias); manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud: seguridad pública y protección ciudadana, sector financiero, distribución y venta de energéticos, generación y distribución de agua potable, de alimentos, entre otras.
Respecto al fundamento legal que obliga a los empresarios a pagar el salario integrado, el titular de la STPS regional comentó que radica en los artículos 427, 429 y 430 de la Ley Federal del Trabajo.
Empero, en dichos artículos se establecen las causas para la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, que, si bien contemplan la suspensión por contingencia sanitaria, no determinan el pago a trabajadores, debido a que el Artículo 429 expresa que dicha suspensión (a toda la empresa o a una parte) será notificada a un Tribunal laboral para que fije una indemnización que deba pagarse a los trabajadores; sin embargo, excluye de esta medida a la suspensión por contingencia sanitaria, que tampoco ha sido decretada por el Gobierno Federal.
Por otro lado, ante la falta de capacidad económica de muchas empresas, Roberto Quijano se pronunció a favor de que las partes (patrón y trabajador) lleguen a un acuerdo y “se reduzca el salario temporalmente, perjudicando lo menos posible al trabajador y permanezca el empleo”.
Dado que la seguridad social es un tema delicado que debe valorarse en su justa dimensión, porque en Baja California aproximadamente 55% de los empleos son informales, ello quiere decir que es más grande el universo de pobladores de BC que no tienen seguridad social, y ellos van a ir a hospitales como el General, desbordándolo.
“Aquí lo más importante es la voluntad de las partes. Pagar 50, 70 u 80% del salario. Creo que la autoridad no debe oponerse, se debe buscar estabilidad en el empleo”, reflexionó el funcionario.
De acuerdo con cifras de la STPS federal, del 13 de marzo al 6 de abril se perdieron 11 mil 119 empleos en Baja California.
Trabajadores de la empresa ACORN se manifestaron para pedir que se suspendan las actividades laborales debido a la contingencia Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA
CIERRE DE EMPRESAS ES ILEGAL: ABOGADO
Para el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, la suspensión de labores de las empresas se está haciendo fuera del marco legal. La STPS, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y los ayuntamientos no están cumpliendo con los requisitos mínimos de ingresar a los domicilios con una orden, lo cual podría repercutir en una responsabilidad penal para los funcionarios que lo están haciendo. Además, conforme el Artículo 109 de la Constitución, último párrafo, las empresas afectadas van a poder reclamar del Estado el daño patrimonial causado por una actividad irregular.
Otra violación -según el especialista- es que la autoridad filma dentro de los domicilios, lo cual está prohibido, salvo autorización, conforme al Artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. “La autoridad puede filmar fuera, pero no dentro, porque ahí se revela información confidencial o privilegiada de las empresas”, argumentó Solís.
Además de que las tres dependencias “no están levantando actas” en conjunto cuando deben hacerlo y la STPS está extralimitando sus funciones legales al creer que cuenta con la potestad para cerrar empresas, cuando su función se acota a la verificación de carácter extraordinario.
Cuestionado sobre ello, el secretario Sergio Moctezuma Martínez López negó que la dependencia se esté “extralimitando”, sino que actúa conforme al marco legal.
“No hay que perder de vista que el Consejo de Salubridad emitió la declaratoria de emergencia nacional”, y, ante esta situación atípica, “nosotros llegamos e invitamos al empleador a respetar el acuerdo del 31 de marzo, el cual ellos tienen la obligación de cumplir”.
Si el empleador desestima el acuerdo y privilegia más la economía, y “considera que es un acto arbitrario, que no lo es, entonces tienen la posibilidad de recurrir a los medios de defensa ante la autoridad que consideren pertinente, que es un juez de Distrito”, pero hasta el momento la autoridad no ha sabido de un recurso en ese sentido.
Para concluir, el especialista consideró “poco ético” que se estén esgrimiendo argumentos para hacer la reconversión del objeto de una sociedad mercantil cuya actividad preponderante no es la fabricación de cubre bocas, sino que originalmente era la elaboración de mochilas, que no se reporta como actividad esencial, y aseveró: “Si no se implementan las medidas, la curva de contagio está subiendo en el segmento de la población que son los trabajadores”.
40% de las microempresas en BC desaparecerán a fin de mes
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Mexicali, José Eugenio Lagarde, calificó como “tardío” y “nada nuevo” el Plan Económico presentado por la administración de Jaime Bonilla Valdez, toda vez que las medidas anunciadas “ya existían, es lo mismo que el gobierno ha traído por los últimos 15 años”.
Y abundó:
“El gobierno no entiende que las empresas no tienen liquidez porque están paradas, no están produciendo y no están teniendo ingresos, ahorita lo que menos quieren es endeudarse más, y mucho de lo que se presentó el lunes pasado son programas de financiamiento”.
En cuanto al programa de apoyos por un monto total de 18 millones de pesos para micro empresas, apuntó que es insuficiente, habida cuenta que la medida impactaría a alrededor de 360 microempresas de BC, cuando en Mexicali hay más de 5 mil y, en Tijuana, alrededor de 15 mil.
“La realidad es que (el Plan Económico) no ayuda en lo más mínimo”, consideró el líder empresarial, avizorando que 40% de las microempresas en el Estado no sobrevivirá a fin de este mes, e insistió en que el gobierno priorice la compra a las compañías ubicadas en la entidad tampoco es nuevo, ya existe en la Ley. Lo único nuevo es que las empresas apoyen con despensas a cambio del pago del Impuesto Sobre Nómina, pero “el gobernador tiene que entender que no hay liquidez, las empresas no tienen dinero para pagar el ISN y mucho menos para armar despensas”, de modo que tampoco es un apoyo para las empresas.
Por otro lado, Lagarde criticó que el plan -presentado el lunes 13 de abril- haya llegado con 14 días de desfase respecto al acuerdo emitido por la Secretaría de Salud federal que ordena suspender operaciones no esenciales.
El 31 de marzo, los gobiernos estatal y federal debieron presentar un paquete económico que apoyara a las micro, pequeñas y medianas empresas para que estas pudieran hacer frente a un mes sin ingresos, pagando el salario íntegro de los trabajadores, impuestos y servicios, como lo han pedido.
En su oportunidad, los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali y Ensenada, Rodrigo Llantada Ávila y Carlos Ibarra Aguiar, respectivamente, coincidieron que el Plan Económico estatal es “un buen paso”, sin embargo, es “insuficiente” para que las empresas puedan enfrentar la presión económica que están teniendo.
Ibarra Aguiar consideró positivo que los montos de los créditos no estén etiquetados y puedan utilizarse en pagar nómina y gastos de la contingencia que enfrentan las empresas, aunque “es un poco limitado en cuanto a la cantidad que hay”, opinó.
El también coordinador de los consejos coordinadores de Baja California, señaló que ha habido problemas en la página de internet para acceder, pese a que lo que se desea es que esos créditos se otorguen de forma ágil y no sean burocráticos.
Expuso que la agilización de la devolución de impuestos, especialmente el IVA por parte del Servicio de Administración Tributaria, “ha quedado en palabras, porque en la realidad no ha sucedido nada”.
En tanto que Llantada Ávila indicó que resulta insuficiente la prórroga para pagar cuotas obrero-patronales determinada por el Seguro Social, en vista que “si bien es cierto no tendremos la multa por pagos extraordinarios, sí el costo financiero”.
Finalmente, lamentó que ciertos sectores se resistan a cumplir el acuerdo de la Secretaría de Salud para suspender operaciones no esenciales, y llamó a las empresas consideradas dentro de ese ámbito a detener sus actividades, y a aquellas que tengan duda, a convocar una inspección de la autoridad.
BC, entre los once estados en que empresas se negaron a cerrar
Baja California figura como la octava entidad del país donde más empresas con actividades no esenciales se negaron a suspender operaciones, desacatando el acuerdo emitido por la Secretaría de Salud federal del 31 de marzo, que obliga a cesar operaciones por la emergencia del virus SARS CoV2 (COVID-19).
Datos de las secretarías de Salud y del Trabajo y Previsión Social, indican que la lista es encabezada por Jalisco, seguido de Estado de México, Michoacán, Veracruz, Nayarit, Puebla y Ciudad de México. Por debajo de Baja California se encuentran Aguascalientes, Hidalgo y Guanajuato.
Por sector económico, la industria automotriz concentró el 25.78% de las empresas que se negaron a suspender operaciones; comercio de productos no esenciales como tiendas departamentales, calzado, papelería y decoración, 21.09%; industria textil con 17.97%; la maderera con 9.38% y al final otras actividades, con 25.78%. En estas últimas destaca la industria aeroespacial, maquinado industrial, celulosa, tabacalera y construcción, por citar algunas.
Créditos de 25 mil pesos a negocios que cumplan con IMSS hasta el 4 de mayo
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un millón de nuevos créditos, de 25 mil pesos cada uno, para pequeñas empresas formales siempre y cuando no hayan despedido a sus trabajadores, ni reducido su salario.
En conferencia de prensa matutina del 16 de abril, informó que será a partir del 4 de mayo cuando se comiencen a entregar. Para acceder a esos créditos, con tasa del 6.5%, es requisito estar inscritos y al corriente en el Seguro Social, así como hacer el trámite en línea.
El político tabasqueño apuntó que los recursos de estos “créditos a la palabra”, de 25 mil millones de pesos en total, son posibles gracias a que el gobierno pretende recuperar impuestos que deben grandes deudores en el país.
Adelantó que tras un acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y los empresarios deudores, se espera que 15 mil millones de pesos puedan ser pagados en próximos días, mientras que los 10 mil millones adicionales podrían recuperarse mediante la vía legal.
En tanto, el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walther, exigió al Gobierno de México instituir el “salario solidario”.
Para ello, la administración morenista tendría que aportar por lo menos 97 mil millones de pesos al mes para pagar a trabajadores de micro, pequeñas y medianas empresas durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.
Agregó que de los 97 mil millones de pesos que aportaría la administración federal, 48% sería entregado a personas con una percepción de entre uno y tres salarios mínimos; 39% para quienes ganan más de tres y hasta diez salarios mínimos; y el 13% restante, para aquellos con más de diez salarios mínimos.
