Después de tanto pelear el Sistema Estatal Penitenciario a la Fiscalía General del Estado y haberse salido con la suya al inclinar la balanza a su favor en el Congreso del Estado, al convaleciente secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, están por restarle la facultad sobre los penales en Baja California. Aseguran quienes están cerca de Jaime Bonilla Valdez, que tras los escándalos en el Sistema Penitenciario, los moches a cambio de los contratos de preparación y distribución de alimentos; el abastecimiento de las tienditas (ambos intentos supuestamente frustrados) y la contratación de “Caminante”, el General en el retiro Marcos Esteban Juárez Escalera como coordinador de Centros de Readaptación Social del Estado -sospechoso de haber participado en calidad de enlace, de los hechos que resultaron en la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero en septiembre de 2014-, el gobernador está analizando sacar el Sistema Penitenciario de la Secretaría General de Gobierno. Y aunque el fiscal general Guillermo Ruiz Hernández ha considerado solicitarle al Ejecutivo de Baja California que regrese ese sistema a la FGE como estaba en el proyecto legislativo original, Bonilla también ha expresado su intención de establecer un Instituto Estatal Penitenciario con autonomía, con todo y que en la 4T no apoyan mucho a los órganos autónomos. Pero de que se lo quitan al convaleciente, se lo quitan. Y quien dicen se quedará con esa responsabilidad es Salvador Morales Riubí. ¡Tómala!
Publicidad
