María Elena Andrade, la hoy fiscal general del Estado de Baja California fue, del 24 de noviembre de 2021 al 23 de agosto de 2023, comisionada del Sistema Estatal Penitenciario. Una entidad que ha venido a menos desde que fue retirada de la facultad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cuando la reforma bonillista en 2019, fusionó esa dependencia con la Procuraduría General, para crear la Fiscalía General del Estado.
Poderdante de la administración y operación de los penales, de la supervisión de los reos y la ejecución de las sentencias, la comisión del Sistema Estatal Penitenciario fue erigida como un ente autónomo, por lo menos a la Fiscalía General del Estado, por capricho del ex secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien quería tener el control pleno de los penales, donde se sabría después -cuando fueron señalados e investigados-, intentaban comisionar los servicios que se contratan para la operación de los mismos, por ejemplo, el de los alimentos.
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Pasaron dos años y la administración de Bonilla llegó a su fin constitucionalmente, pero Marina del Pilar Ávila Olmeda, la gobernadora sucesora, no cambió esta condición. A pesar que reactivó la Secretaría de Seguridad en el Estado, continuó dejando independiente el sistema penitenciario; ello le permitió tener una posición más, en materia de seguridad, para cubrir titular, aparte de la fiscalía y la propia secretaría. Nombró -aunque es un decir, pues se trató de una imposición- al General Gilberto Landeros en Seguridad, a Ricardo Carpio en la FGE y a María Elena Andrade en la comisión penitenciaria.
Pero en poco más de medio año de gobierno de Ávila, el equipo de seguridad ya fue renovado. En seguridad le impusieron a otro General, Leopoldo Aguilar, en la fiscalía rescindió (aun no se saben las razones) a Carpio y colocó ahí a su amiga María Elena Andrade, y en la comisión penitenciaria ascendió quien era director del penal de El Hongo, Jorge Alberto Melo Santander.
El cambio de titulares en las áreas de seguridad en poco menos de dos años de gobierno de Ávila, no es una buena señal. Mucho menos en un clima de inseguridad y violencia como el que vive Baja California, donde las masacres, decapitados, robos, asesinatos, extorsiones, narcomenudeo y el crimen organizado, suceden todos los días.
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El área de penales es de suma importancia tanto para la fiscalía como la Secretaría de Seguridad, porque ahí y desde ahí, se maneja parte del entramado del crimen en este y en otros estados. Mucha de la información de inteligencia se obtiene precisamente en los penales a partir de quienes han sido detenidos y están sentenciados o en proceso de serlo. Separar esta área de los mandos de seguridad, más allá de haber respondido a un caprichoso ambicioso, representa hoy un problema más que le abona a la inseguridad y la violencia.
El jueves 24 de agosto sucedió lo que nunca desde que se construyó el penal de El Hongo. Un preso escapó. Justo el día después que la comisionada del sistema penitenciario dejó de serlo para convertirse en fiscal, se presentó la primera evasión en ese centro carcelario que, valga decirlo, durante los meses que Andrade estuvo al frente, atravesaron por varios intentos de motines y se establecieron negociaciones para evitar la concreción de los mismos, con los grupos criminales que al interior de los penales controlan a partir del autogobierno: Los Sureños y Los Paisas.
Horas después que María Elena Andrade dejara el sistema penitenciario, el abandono en que se encuentran los Centros de Reinserción Social (Cereso) de Baja California, se evidenció con la fuga de una persona sentenciada a 20 años de prisión por el delito de violación. La fuga es parte responsabilidad de quien ahora titula la FGE.
Durante el mandato de Andrade en el sistema penitenciario, se dejaron de cubrir ciertas medidas para garantizar la seguridad en los penales y asegurar la reclusión de los internos. Se perdieron las certificaciones que todos los bloques del penal de El Hongo tenían con ACA -Asociación de Correccionales Americanas-, manteniéndose la misma sólo en el Complejo II de ese Cereso. La fuga, a decir de contactos de ZETA, ocurrió en el Edificio I, el primero en construirse y que en el pasado también contó con certificación.
Ni Andrade ni el gobierno de Ávila, continuaron con los procesos de certificación del resto de los bloques de El Hongo, mucho menos los otros penales del Estado, como tampoco le dieron seguimiento a las licencias del programa para inhibir las comunicaciones en las cárceles, que evitaban que reos tuviesen acceso a telefonía celular.
En el pasado, la inhibición de señales de comunicación celular llegó hasta el nivel 4G; hoy día, con el 5G como cosa común, el gobierno no buscó las licencias para operar los inhibidores, y cualquier reo en El Hongo o en la Penitenciaría de Tijuana o la de Ensenada, puede realizar llamadas telefónicas para extorsionar, dar órdenes criminales o comunicarse con secuaces para continuar con su actividad ilícita, vulnerando a la ciudadanía en general.
De hecho, David Jiménez -Cabo 20- lo hace. La FGE, al menos la de Ricardo Carpio Sánchez, documentó en una investigación las actividades criminales del preso por homicidio y sospechoso del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez, a partir del uso de celulares cuando se encontraba arraigado en Ciudad de México y una vez trasladado a Baja California. De igual forma, custodios de El Hongo que solicitaron el anonimato, atestiguaron sobre los privilegios que durante la época de Andrade en el sistema penitenciario, mantuvo, y acaso mantiene, Cabo 20.
Sobre la fuga, explicaron tres expertos en el penal de El Hongo, es imposible sin la ayuda de un funcionario público o custodio del lugar. El penal, construido en el sexenio de José Guadalupe Osuna Millán, se hizo con estándares internacionales para lograr las certificaciones que no se han renovado. Una fuga por una ventana, como fue manejado de inicio, también resulta extraña. Para empezar, porque se trata de edificios reforzados, en los cuales los espacios para la entrada de luz u oxigenación, son extremadamente reducidos. Además, todas las ventanas comunican a corredores vigilados, ya sea por caninos o por custodios, y a las áreas de torres de avistamiento y supervisión. No hay un acceso directo de la ventana al área perimetral, pues.
Uno de los expertos explicó: “Son ventanas muy chicas, no cabe una persona y ningún edificio de esos está cerca de la tierra de nadie que es la que da a bardas perimetrales; además, hay muchos pasillos con cámaras, detectores y binomios caninos”. En estas condiciones, o el abandono es tal en los penales -particularmente en El Hongo- que estos filtros de seguridad ya no funcionan. No hay perros, no hay cámaras, no hay custodios suficientes, la infraestructura del penal está harto corrompida, tanto, que permitió la evasión de un violador.
Esta primera vez que se fuga un reo de un penal de mediana seguridad, y que sea en el gobierno de la primera mujer gobernadora del Estado, que ha renovado al equipo de seguridad en menos de dos años de ejercicio en la administración pública, sólo refleja el abandono y desinterés, precisamente, en el tema de la seguridad. Y la corrupción, claro, al interior de las cárceles.
