Por un momento, la presunta operadora financiera del CJNG, Jessica Johanna Oseguera, pensó en la libertad. Apelación de la Fiscalía ante Corte del Distrito de Columbia, le impidió ser excarcelada. Los cargos en Estados Unidos son por la misma acusación que venció legalmente en México: la constitución de cinco empresas para lavado de dinero. En Guadalajara, la mujer ganó un amparo para que le descongelen su cuenta bancaria; en Tijuana, continúa el amparo para recuperar inmueble. Ministerio Público se queja de juez que quiere todas las constancias de una averiguación previa del grupo criminal
Todo parecía indicar que Jessica Johanna Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), recuperaría su libertad mediante la exhibición de una garantía de más de 500 mil dólares; sin embargo, el “riesgo de fuga” argumentado por la fiscalía, frenó la inminente excarcelación de la mexicana acusada de lavado de dinero.
En la Corte Federal del Distrito de Columbia se falló en favor de liberar a la mujer, considerada la operadora financiera del grupo criminal, luego que una de sus familiares que vive en Estados Unidos, pusiera sobre la mesa como garantía o fianza, un inmueble valuado en poco más de medio millón de dólares. Al contemplarse tal posibilidad, se dijo que Oseguera estaría sujeta a arresto domiciliario con vigilancia del U.S. Marshall.
La impugnación del fiscal motivó que el caso sea conocido en un tribunal de alzada y que la imputada permanezca tras las rejas en una prisión de Washington., donde será juzgada por sus vínculos con el CJNG, organización delictiva para la que presuntamente constituía empresas para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, tanto en el Estado de Jalisco como en otras entidades de México.
La hija de “El Mencho”, de 33 años de edad, fue detenida el 26 de febrero cuando se encontraba en las inmediaciones de la Corte, donde más tarde se efectuaría una audiencia en el proceso penal que se le sigue en el Distrito de Columbia a su hermano Rubén Oseguera González “Menchito”, recientemente extraditado a la Unión Americana.
La orden de captura en contra de la empresaria fue dictada el 13 de febrero anterior.
Autoridades norteamericanas han establecido en investigaciones, que Jessica Johanna es reputada como propietaria de por lo menos cinco entidades comerciales que fueron utilizadas durante los últimos años para el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico. En caso que se le encuentre culpable, la primogénita de Nemesio Oseguera podría enfrentar condenas de hasta 10 años de prisión por cada compañía creada.
Mientras esto sucede en EU, en México sus defensores no han bajado la guardia en las luchas jurídicas que mantienen en Jalisco y Baja California, ya que en un Juzgado de Guadalajara, la mujer ganó un juicio de amparo para que su cuenta bancaria sea descongelada por autoridades hacendarias, aunque un recurso de revisión interpuesto por el Ministerio Público federal, hizo que el asunto sea remitido a un Tribunal Colegiado en Materia Penal. En tanto, en Tijuana, donde Jessica Johanna pelea el aseguramiento de un inmueble, consiguió que un juez exija a la Fiscalía General de la República la remisión de todas las constancias que integran la averiguación previa.
MISMA IMPUTACIÓN
Jessica Johanna Oseguera González enfrenta cinco cargos en Estados Unidos, todos relacionados con las cinco empresas constituidas para realizar transacciones, negocios de bienes o intereses. La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) la designó tiempo atrás junto con las referidas entidades comerciales que tienen como principal asentamiento el Estado de Jalisco.
Las compañías fueron creadas a principios de la década presuntamente para lavar dinero proveniente del CJNG y de su brazo financiero conocido como la familia de “Los Cuinis”, a la que pertenece Rosalinda González Valencia, esposa de “El Mencho” y madre de Jessica. De esa forma están boletinadas las siguientes empresas: Operadora Los Famosos, SA de CV; Las Flores Cabañas; la red de restaurantes Mizu Sushi Lounge; JJ Gong, S de RL de CV; y J&P Advertising, SA de CV. Luego de la designación de estas, el 17 de septiembre de 2015, por parte de la OFAC, sus operadores las cancelaron por liquidación de activo a finales del mismo año y durante el primer mes de 2016.
Sin embargo, la División de Campo de Los Ángeles de la DEA ya había investigado su existencia, apoyándose en la colaboración de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía, FGR).
Lo investigado por la Policía mexicana sirvió para tratar de enjuiciar a Jessica Johanna en territorio nacional. Fue el 6 de abril de 2016 cuando el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o alteración de Moneda (UEIORPIFAM), dio inicio a la averiguación previa a fin de indagar la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se solicitó autorización judicial para intervenir comunicaciones privadas, así como la transcripción de las mismas, de llamadas efectuadas por la ahora imputada y otros de sus colaboradores. Se instruyó a la Policía Federal para que realizara una minuciosa investigación y se ordenara la práctica de todas y cada una de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos delictivos.
El 7 de agosto de 2017, un fiscal federal ordenó el aseguramiento precautorio de todas las cuentas bancarias e inmuebles registrados a nombre de Jessica Johanna Oseguera González, entre otras personas, logrando así el congelamiento de la cuenta número 0168849471 de la institución bancaria BBVA en Guadalajara y el aseguramiento de algunas propiedades, entre estas un lote de 300 metros cuadrados en la sección Jardines de Playas de Tijuana.
Además, la ex PGR consignó la indagatoria el 19 de octubre de 2017, ejercitando acción penal en contra de la hermana de “Menchito” por los delitos de delincuencia organizada, en la hipótesis de cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada; conductas que por sí unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, con la agravante de quien tenga funciones de dirección y supervisión. Por si fuera poco, también por operaciones con recursos de procedencia ilícita, en las modalidades de al que por interpósita persona oculte o encubra la propiedad o titularidad de recursos con conocimiento de que dichos recursos proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
Un día después, el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, negó la orden de captura solicitada bajo la causa penal 32/2017, respecto a Johanna. Después, un juzgador federal del Estado de México habría de librar el mandamiento de aprehensión en junio de 2018, tras los remiendos que hizo la SEIDO a la mal integrada averiguación. Pero la defensa obtuvo un amparo para derribar una vez más la imputación.
OTROS AMPAROS
Luego de vencer los señalamientos de delincuencia organizada y lavado, los abogados de Jessica Johanna se dedicaron a buscar la devolución de inmuebles y el descongelamiento de la cuenta bancaria de su clienta. En Guadalajara se promovió un juicio de garantía ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal para el desbloqueo de recursos monetarios.
El Ministerio Público federal se opuso a que concediera el amparo a la quejosa. Durante la investigación había solicitado el aseguramiento precautorio de todas y cada una de las cuentas bancarias de, entre otras, la joven Oseguera, “con el fin de evitar que se alteraran, destruyeran, desaparecieran los instrumentos, objetos o productos del delito del hecho delictuoso que se investiga y que tenía como sustento, entre otras pruebas, el contenido del expediente de intervención de comunicaciones 688/2015-VI, del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones con competencia en toda la República”.
La UEIORPIFAM advertía que un sujeto de nombre Reginaldo “N”, consultor financiero, había depositado, transferido y ocultado dinero “procedente de ganancias de actividades ilícitas, y que dicha persona dice ser esposo de la aquí quejosa (Jessica Johanna), además de que existen vínculos entre los sujetos objeto de estudio con el grupo criminal que opera en el Estado de Jalisco, específicamente con el CJNG.
El fiscal argumentó que se debía entender como instrumento del delito a las empresas antes mencionadas, las cuales fueron creadas “con el único propósito de inyectar y ocultar numerario proveniente de actividades ilícitas; de igual forma, son instrumentos del delito las cuentas bancarias a nombre de esas personas morales, las cuales sirven como mecanismo para hacer transferencias electrónicas del numerario con el fin de ocultar el origen ilícito de esos recursos”.
Un cateo efectuado en una finca de la calle Cedro, en el fraccionamiento Paseos del Camichín en Zapopan, Jalisco, puso al descubierto que Reginaldo “N” había constituido en dicho domicilio a las diversas empresas, como Allala Consultoría Fiscal; Operadora Los Famosos SA de CV; J& P Advertising, SA de CV; y JJ Gong, SA de CV.
Según la SEIDO, Reginaldo generó una serie de operaciones dentro del Sistema Financiero Nacional, movimientos significativos de recursos que no encuentran justificación y congruencia con
Vuelven a vincular a “El Chapito” Leal
Octavio “El Chapito” Leal Hernández, identificado por las autoridades como líder de célula del Cártel Arellano Félix, así como los cinco hombres con los que fue detenido el 19 de febrero después del robo de tres vehículos, fueron vinculados a proceso el 4 de marzo por los delitos de robo con violencia y de vehículo de motor con violencia, agravados por razón de pandillerismo.
Leal y sus coacusados Daniel Villa de la Cuz y Adrián Morán Flores, también fueron vinculados por disparo de arma de fuego contra personas y delitos cometidos contra funcionarios públicos, al balear a policías durante una persecución.
Los mismos hombres fueron vinculados a proceso hace una semana por delitos del orden federal, por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y continuarán en prisión.
Las actividades comerciales que señalan desempeñar ante instituciones crediticias y la autoridad hacendaria.
El sujeto adujo ser esposo de Jessica, que auxiliaba a esta “en el pago de la renta del departamento en el que habita y en otros gastos personales”. Fue arraigado y posteriormente detenido en el segundo semestre de 2017, cuando tenía 54 años. Se le encarceló y, en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, le dictaron auto de formal prisión el 31 de octubre de 2017 por operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque poco después le cambiaron la medida cautelar y salió de prisión.
Actualmente promueve juicios de amparo para que le devuelvan inmuebles y un vehículo.
ASUNTO EN TIJUANA
Pese a que la hija de “El Mencho” ganó el amparo para el desbloqueo de su cuenta bancaria, la resolución aún no queda firme, pues el Ministerio Público federal interpuso el recurso de revisión y el asunto será remitido a un Tribunal Colegiado en Materia Penal de Jalisco para que se confirme, modifique o revoque el fallo. La interesada se encuentra privada de la libertad en el vecino país del Norte.
En Tijuana, el juicio de amparo promovido por Jessica Johanna ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales, sigue su curso en busca de recuperar un inmueble asegurado en 2017 y conocido como “lote 14 de la manzana 108, Sección Jardines de Playas de Tijuana”. Como lo informó ZETA, el inmueble cuenta con una superficie de 300 metros cuadrados y tiene un valor de varios millones de pesos.
La suspensión definitiva otorgada por el juez, ordena a las autoridades responsables del aseguramiento a que las cosas guarden el mismo estado en que actualmente se encuentran, sin que se pueda disponer del inmueble para su enajenación o venta. La audiencia constitucional para resolver el juicio de garantías se ha diferido en diferentes ocasiones, debido a que la FGR no ha remitido las actuaciones del caso al juzgador.
El 21 de enero de 2020, el juez de amparo ordenó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Análisis Financiero con residencia en Ciudad de México, remitir la totalidad de las actuaciones que integran la averiguación previa del caso. El fiscal se muestra renuente, ya que a su parecer, se perderá el sigilo de la indagatoria que contempla a otros presuntos, pero el juez le apercibió a obedecer o le sancionará con una multa.
Por lo anterior, el agente ministerial interpuso un recurso de queja contra el acuerdo del impartidor de justicia para que sea un Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en Mexicali, el que valore la vulnerabilidad que representa o no que se entregue la totalidad de las constancias de la investigación federal al juez, que solo debe resolver si devuelve o no un inmueble. El recurso del Ministerio Público de la Federación fue canalizado el 25 de febrero reciente.
