Colaboración invitada
María de Lourdes Molina Morales
Sobre dicha problemática, y a propósito de la iniciativa del gobernador, en la que propone la desaparición del Consejo de la Judicatura -que aplaudo, ya que convencida estoy que dicha iniciativa no ha sido producto de una ocurrencia-, es consecuencia de la falta de logro en los objetivos de ese ente encargado de administrar, capacitar, vigilar y promover la carrera judicial.
Públicamente he afirmado que, para mejorar, e inclusive alcanzar, el objetivo de impartir justicia pronta y expedita, no se trata solo de recursos económicos; claro que son importantes, sin embargo, no es la pieza clave en el mejoramiento en la impartición de justicia. Para ello se requiere de los perfiles adecuados en los puestos de dirección, el contar con verdaderos liderazgos tanto a nivel de jueces y magistrados, así como en los administradores, con el objetivo de hacer más y mejor con lo que tenemos.
Esto se justifica en los resultados obtenidos en el tribunal que dirijo, contando con los mismos recursos económicos, materiales y humanos que el resto de los juzgados civiles y familiares.
A casi 10 años de iniciar los trabajos del Juzgado Décimo Civil, me congratula afirmar que seguimos siendo un juzgado sin rezago; esto se ha logrado mediante acciones concretas, planeadas, implementadas y mejoradas en su ejecución, como son:
*Especialización por tipo de juicio y materia en las cinco secretarias con que cuenta el juzgado, logrando mejorar tanto los tiempos de respuesta como la eficiencia en el trabajo, por una razón muy sencilla: es más fácil dominar dos procedimientos que 10.
*Sectorización de la ciudad: es un hecho notorio la problemática existente en vialidades y tráfico, de ahí que los notificadores solo acuden a un sector de la ciudad, logrando reducir los tiempos de traslado, aumentando el número de notificaciones por día y acortando las fechas para la práctica en las notificaciones.
*Perfiles laborales: los funcionarios se encargan del trámite de los juicios de acuerdo a sus capacidades de acuciosidad, con pronta respuesta frente a los problemas que la tarea de impartir justicia representa, y sus capacidades para administrar tanto los tiempos como el trabajo asignado diariamente.
*Administrador judicial: se tomó la decisión de incluir en el equipo de trabajo a un licenciado en administración de empresas, cuyo perfil está enfocado en vigilar y controlar los flujos en los trámites jurisdiccionales y administrativos, mejorando dramáticamente los tiempos de respuesta y eficiencia.
*Capacitación constante: aprovechando que imparto cátedra desde hace 20 años en la carrera de Derecho, de manera permanente capacito al personal y trabajamos en la unificación de criterios, logrando con ello alcanzar niveles de eficiencia y excelencia en la tarea de impartir justicia. Basta revisar el nivel de resoluciones confirmadas, que están por encima del 90 por ciento.
En materia civil y familiar, la ley procesal es el principal generador de corrupción. Sí, ha leído bien, de corrupción en la impartición de justicia. No solo el aceptar dádivas constituyen actos de corrupción, es igualmente deshonroso el dejar de impartir justicia dentro de los plazos que marca la ley.
Sería crucial el impulso de la publicación del código único en materia procesal civil y familiar; el que de acuerdo a la reforma constitucional al Artículo 73, fracción XXIX-X (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 201), y en base al artículo segundo transitorio del decreto, debió publicarse a más tardar en un plazo de180 días, contados a partir del día siguiente a su entrada en vigor; que de acuerdo al artículo primero transitorio, debió ser al día siguiente de su publicación.
En tanto el Congreso de la Unión cumple con dicho mandato, las acciones implementadas en el Juzgado Décimo Civil -que, probado está, funcionan- pudieran implementarse de manera generalizada en el Poder Judicial, a través del órgano destinado para ello: el Consejo de la Judicatura, para lograr alcanzar un nivel de excelencia en la impartición de justicia, haciendo más y mejor con lo que tenemos.
Sin embargo, habrá cosas más importantes que administrar adecuadamente los recursos, pues es un hecho notorio que la crisis económica ha llegado al extremo de no tener para lo más elemental, para trabajar. En la capacitación, el deber es constante, buscando la unificación de criterios y excelencia académica en la impartición de justicia. Basta consultar el sitio web del poder judicial para comprobar que es inexistente la oferta de estudios de posgrado para los integrantes del Poder Judicial.
En cuanto a vigilancia y disciplina, los resultados son sesgados; no reflejan la realidad en la administración e impartición de justicia. En la promoción e impulso en la carrera judicial, los concursos para aspirar a las diferentes categorías en las plazas de actuarios, secretarios, jueces y magistrados, son obsoletos: no se apegan a las reglas del sistema de competencias; fallando en ser un sistema apto para seleccionar a los mejores perfiles; incumpliendo con la obligación de impartir una justicia pronta, expedita, imparcial y justa.
De ahí que el plazo del Consejo de la Judicatura, se cumplió.
La abogada María de Lourdes Molina es catedrática en Derecho y jueza del Juzgado Décimo Civil de Tijuana.
