Los días 21 y 22 de marzo se llevó a cabo la consulta ciudadana que definiría la permanencia de la empresa cervecera, y más allá del resultado, prevaleció el acarreo, compra de votos, actos de intimidación, acoso y campañas negras sin control. El uso discrecional de consultas ciudadanas al margen de la Ley, emprendidas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es un tema en el que debe pronunciarse la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asegura la consejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín Ríos y Valles
El uso de consultas populares carentes de certeza e imparcialidad se han vuelto un mal hábito en los gobiernos emanados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Desde que fue nombrado Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador ha sometido a consulta la culminación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM), la construcción del Tren Maya y, los días 21 y 22 de marzo, se definió el futuro de la empresa cervecera Constellation Brands en el Valle de Mexicali.
Copiando estas acciones, el Congreso de Baja California -de mayoría morenista- llevó a cabo en octubre de 2019 una consulta ciudadana similar a las del Presidente, cuya intención era determinar si la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez debía ser por dos o cinco años, lo que a la fecha sigue indefinido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por este último ejercicio, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Pamela San Martín Ríos y Valles, consideró que el máximo tribunal del país debe emitir un pronunciamiento en contra de estas consultas ciudadanas impulsadas en la era de la Cuarta Transformación (4T), y observa una oportunidad para hacerlo en junio, cuando los ministros definan el futuro de la reforma constitucional al Octavo Transitorio Constitucional de Baja California -que también se sometió a consulta-, realizada el 8 de julio del año pasado en el parlamento local, la cual fue impugnada a través de acciones de inconstitucionalidad por prácticamente todos los partidos políticos que no convergen con la 4T.
El resultado de una consulta que no cumpla con los mínimos requisitos de protección del voto quedó claro en la jornada desarrollada en Mexicali, donde el municipio se volvió tierra de nadie y el acarreo, la compra de votos, el acoso, las campañas de desprestigio, el doble sufragio, el nulo control las urnas de votación y la ausencia de mamparas para proteger el sigilo del voto, fueron conductas descaradas y repetitivas. Todo en medio de una crisis de salud que según la senadora Alejandra León, veremos sus consecuencias en próximos días.
SCJN, LA ÚNICA AUTORIZADA PARA DEFINIR CONSULTAS
A nivel nacional, los mecanismos de participación ciudadana como las consultas o los plebiscitos, solo pueden ser determinados por la SCJN, comentó la consejera Pamela San Martín Ríos y Valles, quien aseguró que ante el constante uso de estas herramientas para establecer órdenes ejecutivas, debería pronunciarse.
Según la Ley de Participación Ciudadana a nivel nacional, para llevar a cabo una consulta es necesario definir un tema, adquirir determinada cantidad de firmas -que dependerá del tipo de consulta pretenda realizarse-, validarlas ante el INE y finalmente presentarlas ante la SCJN, ente que determinará sí es factible consultar dicho tema, y en caso de aprobarse, definir la pregunta que se presentará en la boleta.
Con base a esos lineamientos, el INE debe preparar todo el material, la distribución geográfica y el padrón que podrá participar. Infortunadamente, las leyes secundarias de la reforma federal permanecen “congeladas” en el Congreso de la Unión.
En Baja California, las reglas son un poco distintas, pues quien define todo es el Instituto Estatal Electoral (IEEBC), el cual, según el ex consejero electoral Rodolfo García, es un ente ya obsoleto que no responde a las necesidades de la ciudadanía.
Como ejemplo dejó claro que la pasada consulta ciudadana plagada de ilegalidades, bien pudo ser organizada por el IEEBC el año pasado, cuando el colectivo Plebiscito por el Agua en Baja California alcanzó las firmas necesarias para la consulta y las presentó ante los consejeros locales, pero su rigidez impidió un ejercicio participativo válido, serio e imparcial
Además de reclamar que se llevó a cabo pese a la contingencia de salud, señaló que pudo observar al menos cinco violaciones graves en el ejercicio que habrían anulado la casilla, e incluso el proceso.
“No hay padrón electoral, no hay mampara, la tinta indeleble no era indeleble, era para sellos; había provocadores y acarreos en el mismo lugar. No pueden estar a dos metros de distancia de donde está el control electoral, y ellos estaban pegados (manifestantes), había campaña dentro de la jornada, cualquiera de ellas invalida el proceso”, anotó.
EMPRESA PODRÍA DEMANDAR O NEGOCIAR: SÁNCHEZ
Aunque el mensaje político de López Obrador es muy claro, jurídicamente hablando, la empresa no está obligada a suspender sus actividades, y en caso de un ordenamiento claro, podría ampararse ante la justicia federal, o bien, recurrir ante Juzgados mercantiles internacionales establecidos en el Tratado de Libre Comercio (TLC) para solicitar una indemnización, donde México siempre pierde.
Lo anterior fue referido por el vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas, Javier Sánchez, quien señaló que el mensaje contra el Estado de Derecho es muy claro.
En su experiencia como abogado de empresas, aseguró que Constellation Brands se encuentra en una disyuntiva, pues podría demandar una indemnización ante la justicia federal, con el riesgo que el Gobierno de México influya en sus decisiones, además de llevar un proceso que tardaría entre cuatro y cinco años, lo cual representaría un gasto muy alto en abogados y con riesgo de perder una inversión.
Las instancias internacionales también serían una opción, pero el tiempo sería similar, por lo que la opción más viable sería la negociación con el Gobierno de México.
Recordó las demandas de amparo contra la suspensión del NAICM, prefirieron llegar a un acuerdo que enfrentar al gobierno.
Según cálculos de Enrique Ruvirosa, ex presidente del Colegio de Economistas, una demanda de estas características superaría los 3 mil millones de dólares, entre inversión perdida y tiempo.
Más allá de ello, la decisión de AMLO atenta contra el Estado de Derecho, pues deja claro que el gobierno puede afectarte a través de una consulta ciudadana carente de sustento legal, pese a que cumplir con los requisitos de funcionamiento.
Calificó la decisión como un vil acto de expropiación de bienes a través de una consulta amañada, pues retiró todos los permisos otorgados de operación por una orden ejecutiva unilateral. Esto deja claro que López Obrador podría apoderarse de cualquier bien, empresa o propiedad, con una consulta “amañada”.
Para mala fortuna, el panorama de BC es de por sí desalentador en materia de inversión extranjera, puesto que muchas fábricas optaron por retirarse a otras entidades ante la oferta de mejores oportunidades.
Agregó que Constellation Brands generaría alrededor de 3 mil empleos en total, entre directos e indirectos, además de potencializar negocios alternos como la industria de botellas, empresas de gas para calentar cebada, transportista e incluso la hotelera.
A juicio del economista, esta decisión atenta contra el bien común, máxime cuando por un lado acusan que el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid actuó con influyentismo y corrupción para otorgar los permisos, pero existe una negativa de investigarlo y sancionarlo, lo que prácticamente es un acto de corrupción sobre otro.
LOS DÍAS “D”
Desde el 3 de marzo, fecha en que López Obrador anunció que el futuro del gigante cervecero sería definido a través de una consulta ciudadana carente de sustento legal, comenzó la campaña. Sería la tercera encuesta emprendida por AMLO y la tercera en Baja California, puesto que el Congreso del Estado -de mayoría morenista- llevó a cabo una el 13 de octubre de 2019 para definir la opinión sobre el periodo que debía durar la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez, sí por dos o cinco años. En esta hubo poca seriedad en la movilización, acarreo y nulo control de los votantes, quienes sufragaron hasta cinco veces sin control alguno.
Mientras que el sector empresarial de Mexicali comenzó una agresiva embestida a través de redes sociales y folletos contra algunos representantes de los colectivos como Rigoberto Campos y la senadora Alejandra León, además de una intensa campaña para informar sobre los supuestos excedentes de agua de Mexicali, los colectivos hicieron lo propio contra la cervecera.
Uno de los participantes activos en la movilización y acarreo, confesó a ZETA la movilización que se emprendió para apoyar a la cervecera se dio a través de tres grupos.
Abogado Javier Sánchez
Por un lado, los supuestos emisarios del Gobierno de México que contactaron con personajes con un botín político para movilización de líderes de la comunidad en puntos del Valle de Mexicali y la zona Poniente; el segundo, con representantes del sector empresarial de Mexicali, algunos de ellos vinculados al Partido Acción Nacional y a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); el tercer grupo fue encabezado por integrantes de la cámaras nacionales de Autotransportes de Carga (Canacar) y de la Industria de Transformación (Canacintra), entre ellos el ex alcalde Francisco Pérez Tejada. De hecho, quien fuera su secretario del Ayuntamiento, Paulo César Hernández, fue captado movilizando en el Ejido Puebla.
Mientras tanto, las resistencias trabajaron en paralelo, cada quien con sus grupos, pero buscando abarcar la mayor cantidad de casillas. Los más organizados fueron los integrantes de Plebiscito por el Agua en Baja California, cuya idea fue plantar una mesa de observadores adyacente a cada una de las 27 casillas distribuidas en el municipio.
Su objetivo era documentar todas las irregularidades e informar a los asistentes sobre la escasez de vital líquido del que Mexicali podría ser víctima si se aprueba la instalación de la trasnacional.
Sin embargo, integrantes de otros colectivos recurrieron a tácticas intimidatorias y acoso contra los votantes, a quienes les gritaban ofensas si aparentaban ser acarreados, o bien, sí no votaban contra la trasnacional. Recibieron apoyo de otras agrupaciones subversivas del Estado de Jalisco.
El primer día arrancó de forma intensa. Las casillas ubicadas en Plaza Galerías, al Poniente de la ciudad y Juventud 2000 al sur, abrieron con un enorme grupo de acarreados.
Al final, integrantes de las resistencias como Rigoberto Campos y sus allegados, terminaron por “reventar” una de las casillas, lo que provocó que tuviera que suspenderse la votación en Juventud 2000, argumentando que no había garantías por los actos violentos y de salubridad. Los Servidores de la Nación optaron por llevarse la urna sin contar los votos, situación similar en Plaza Galerías, debido al enfrentamiento entre supuestos acarreados y manifestantes.
La embestida mañanera de acarreo y compra de votos por parte de grupos políticos y empresariales no contaba con la respuesta de activistas que documentaron todo acto irregular, para posteriormente increpar a los encargados de las movilizaciones. Ignacio Gastélum, de los colectivos, denunció en algunas casillas como la de Plaza Sendero, al Oriente de la ciudad, la intervención de camiones de la empresa FEVISA -dedicada a fabricar botellas de vidrio, muy cerca de la planta cervecera- y de otras compañías, movilizando personal. La activista Margarita Quiroz denunció lo propio en el Valle de Mexicali.
Integrantes del sector empresarial denunciaron lo mismo, asegurando que los líderes como Rigoberto y la senadora Alejandra León, compraban votos contra la trasnacional, lo cual no pudo ser confirmado.
En las casillas más grandes como la instalada en la Vicerrectoría de la Universidad Autónoma de Baja California, Juventud 2000, Plaza Nuevo Mexicali y Centenario, había un gran número de votantes, y en todas había integrantes de las resistencias con pancartas, letreros y lonas en contra de la cervecera, promoviendo el voto y reclamando a todo el que sufragaba a favor, puesto que se ubicaban justo detrás de los representantes de casilla para observar cada boleta.
En redes sociales la lucha fue similar, toda vez que una enorme campaña de páginas falsas emprendió una embestida contra los manifestantes y en favor de la cervecera. Una de estas, Ya Estuvo Bueno, fue reactivada a través de publicidad pagada en Facebook para respaldar a la trasnacional. Curiosamente, la última publicación antes de ello es referente a la promoción y necesidades de un Sistema Estatal Anticorrupción en Baja California, presidido por Francisco Fiorentini Cañedo.
El primer día, el derroche financiero en favor de Constellation Brands solo pudo obtener una de las 27 casillas: la ubicada en Santa Isabel, que por su lejanía, tuvo menos intervención de los colectivos, dejando espacio libre al acarreo.
En esa zona se conoce la influencia con que cuenta el ex alcalde Pérez Tejada Padilla, puesto que ha intentado ser candidato de ese distrito, al igual que su hermano David, quien ya lo fue.
El resultado del sábado 21 de marzo, fue de 11 mil 832 votos a favor de suspender la obra, contra 5 mil 108 que la respaldaban. Desde ese día, el sector empresarial se dio cuenta que el marcador ya no tenía reversa, por lo que cedió y no operó para el día domingo.
El segundo día, el sector empresarial que simpatizó con Constellation vio perdida la guerra y redujo su intervención, dejando toda responsabilidad en los otros dos grupos, quienes movilizaron a través de vehículos y taxis propiedad de Ricardo Aguilera Raygoza y de la Canacar.
Aunque hubo algunos conatos de bronca en algunos puntos, sobre todo al Poniente de la ciudad, la situación estuvo controlada. A diferencia del día sábado, en esta ocasión acudieron policías a vigilar las casillas, lo que inhibió aún más la movilización.
El resultado final fue de 27 mil 937 sufragios para detener la obra, contra 8 mil 547 que la respaldaron. En otras palabras, el dinero y poder de una empresa trasnacional -respaldada por la iniciativa privada de Mexicali- con ingresos que rondan los 8 mil millones de dólares y que brinda más de 9 mil empleos a nivel mundial, según la Bolsa estadounidense de Valores, no pudo con un grupo organizado de ciudadanos que consideran a la cervecera como una devoradora de vital líquido.
Al final, los gobiernos municipales y estatales participaron poco o nada en la consulta, mientras que el Gobierno de México se mantuvo de observador de la jornada.
COLECTIVOS Y REPRESENTANTES DE IP DIVIDEN OPINIONES
El júbilo de unos es la ira y tristeza de otros. Mientras integrantes de los colectivos aplauden y agradecen la oportunidad de socializar un tema a través de la consulta ciudadana, que les brindó un enorme respaldo de la ciudadanía y que desmintió que se trate de un pequeño grupo de inconformes, por su parte, Armando Salinas consideró que este triunfo no es de ningún colectivo, sino de toda la ciudadanía que salió a votar sin importar la situación de contingencia que se vivió en esas fechas.
En ello coincidió la senadora Alejandra León, quien consideró irresponsable abrir una consulta ciudadana ante una contingencia, cuyos resultados se verán dentro de dos semanas.
Para Salinas, la lucha no ha terminado, puesto que aunque se han retirado todos los permisos de agua federal a la cervecera, aún tiene un contrato con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) para recibir 20 millones de metros cúbicos de agua, por lo que el siguiente paso es buscar que este se anule.
Quienes se mostraron sumamente molestos fueron los integrantes de las cámaras empresariales locales y nacionales en torno a esto, pues afirmaron que se violó el Estado de Derecho de una empresa que cumplía con todos los requisitos.
Los presidentes nacional y local de la Coparmex, Gustavo de Hoyos y Ernesto Elorduy, además de representantes de la Canacintra, reclamaron que este tipo de acciones afectarán severamente la imagen de México para la atracción de inversión extranjera a la región, pues aunque cumplas con todos los requisitos para instalarte, puede llegar una consulta “amañada”, plagada de irregularidades y echar abajo un proyecto de miles de millones de dólares, solo por -argumentan- cuestiones políticas.
En diversos mensajes a través de redes sociales, exigieron al Presidente garantizar el Estado de Derecho mexicano y no se le retiren los permisos a la cervecera, la cual fácilmente podría instalarse en otro lugar. De hecho, estados como Sonora, Nayarit y Tabasco ya levantaron la mano para recibir el proyecto.
