El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana externó su “rechazo enérgico” a la declaratoria de emergencia sanitaria emitida hoy por el gobierno federal, en lugar de haber decretado la contingencia sanitaria que prevé la Ley Federal del Trabajo. Misma que establece que el empleador dará al trabajador un salario mínimo durante 30 días.
Además, reprochó que las autoridades federales y estatales aún no den “incentivos para equilibrar la balanza” que permita seguir pagando salarios, aunque las empresas no tengan ingresos; y llamó a los tres niveles de gobierno a asumir la responsabilidad de la situación que se está viviendo por la pandemia del COVID-19.
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En un comunicado, expuso que la declaratoria de emergencia sanitaria (publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación) deja un vacío en la relación obrero-patronal, que implica que los empresarios tuvieran que pagar dos meses a su personal sin que ellos tuvieran ingresos ante la eventualidad de que las medidas de aislamiento contra el COVID-19 se prolonguen por más tiempo.
El CCE -que encabeza Gabriel Camarena Salinas- hizo énfasis en que la declaratoria de emergencia, no es un acuerdo de suspensión de actividades comerciales, ni de relaciones laborales. Señaló que tampoco se ha publicado de manera oficial un listado de las actividades esenciales que podrán seguir operando.
“Urgen políticas públicas que generen un verdadero apoyo a la ciudadanía a través de quienes generamos las inversiones, por nuestra parte, es prioridad preservar los empleos, contribuir al fortalecimiento de la economía de nuestro país y evitar que la curva de crisis económica que se generará al concluir la contingencia de salud se vuelva insostenible”, aseveró el CCE.
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Por otra parte, a nivel nacional la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó a preservar la gran mayoría de los 20 millones de empleos que genera el sector privado en el país.
Al igual que el CCE de Tijuana señaló que hasta el momento no se ha emitido qué actividades serán consideradas esenciales o prioritarias, de modo que urgió al Gobierno Federal a brindar claridad sobre ello, puesto que “la falta de certidumbre impide a las empresas saber si pueden o no seguir operando”
“Coparmex exhorta a las pequeñas y medianas empresas y a sus socios a que, en la medida de sus posibilidades, privilegien el acuerdo de voluntades entre patrones y trabajadores para garantizar la subsistencia de las fuentes de empleo ante esta crisis sanitaria”.
Afirmó que “el sector patronal mantendrá la solidaridad que ha sido reconocida por el Gobierno Federal -aun cuando el Gobierno Federal no ha sido solidario con el sector privado- por lo que las empresas, atendiendo a sus condiciones particulares, realizarán el esfuerzo de pagar a sus colaboradores.
Esto último de acuerdo con las distintas capacidades de cada establecimiento o negocio, mismas que pueden ser distintas en porcentajes de salario y en su caso incluir anticipo de pago de prestaciones y otros conceptos o formas, sin perder de vista que la obligación de ley es pagar desde un día de salario mínimo general, hasta un mes de salario mínimo general.
“Ante tal margen de acción es importante priorizar la buena voluntad, el mutuo acuerdo y tomar las decisiones pensadas en objetivos al mediano y largo plazo en beneficio” de todos, agregó.
