Históricamente invisibilizada por los rasgos culturales, la violencia de género no se percibe a menos que sea extrema. Más allá de los más de 800 asesinatos de mujeres registrados en los últimos tres años, en Baja California hay más de 12 mil féminas que pidieron ayuda de las autoridades para evitar ser víctimas potenciales de feminicidio, y en algunos casos, sus voces fueron tardíamente escuchadas, con resultados fatales. Solo en 2019 se contabilizaron 10 mil 371 denuncias por violencia familiar, siendo el fraccionamiento Valle de Puebla, de Mexicali, el de mayor incidencia en toda la entidad
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La noche del 10 de junio de 2019, María Luisa Velázquez Zavala fue asesinada.
La mujer de 58 años de edad, se encontraba en su vivienda en la colonia Solidaridad Social, una comunidad conflictiva y de condición humilde ubicada al Oriente de la mancha urbana en Mexicali.
El presunto responsable, su ex pareja sentimental, la acuchilló en más de 40 ocasiones, pero la causa del fallecimiento, según el dictamen forense, fue estrangulamiento.
Por omisión, la muerte de María Luisa fue responsabilidad del Estado.
Fotos: Cristian Torres.- Manifestación por feminicidios en Mexicali.
Un mes antes de su deceso, la madre de familia interpuso denuncia ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) -ahora Fiscalía General-, en la que solicitó medidas cautelares de protección, pues ya había sido golpeada por Francisco Javier; la PGJE se las concedió y en un oficio enviado al entonces director de la Policía Municipal, Alonso Ulises Méndez, se le pidió realizar una atención focalizada a la vivienda de María Luisa, pues su integridad corría riesgo.
Alrededor de las diez de la noche, la víctima llamó a los números de emergencia para pedir apoyo policial, pues su ex consorte ingresó a la vivienda bajo los influjos de estupefacientes y se mostraba amenazante.
Pese a que su domicilio estaba identificado como de atención prioritaria, la Policía no respondió hasta el segundo llamado realizado por la hija. Para ese momento el reloj rondaba las 4:20 am y María Luisa ya tenía varias horas fallecida a causa de un cruento ataque con arma blanca; la joven descubrió el cuerpo de su progenitora tendido en la cocina, en medio de un extenso lago de sangre.
La Policía Municipal logró detener al responsable solo porque quedó inconsciente al interior de la recámara; su ropa estaba cubierta de sangre, pero no presentaba lesiones en su humanidad.
María Luisa era una de las 12 mil 438 mujeres que de 2018 a la fecha, solicitaron la atención de las autoridades preventivas y de procuración de justicia, por temor a ser golpeadas o asesinadas, además de ser una de las 10 mil 371 féminas que interpusieron denuncias por violencia familiar. Todas ellas, en mayor o menor medida, pueden considerarse víctimas potenciales de feminicidio.
Caso Delia Verdugo
LAS 12 MIL MUJERES EN RIESGO
Tanto el fiscal central Hiram Sánchez Zamora, como el comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), Carlos Flores, reconocen que es insuficiente la capacidad operativa para proteger a estas mujeres que solicitan medidas cautelares, por lo que han optado por reforzar las acciones de prevención de la violencia.
Sánchez Zamora afirmó que los protocolos de actuación se establecen en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y van desde obligar a un hombre a ser detenido para que deje la vivienda e imponerle una advertencia judicial para que no se acerque a la propiedad; hasta realizar rondines diarios cada determinada hora, y acudir a la casa donde reside la víctima y firmar una bitácora de actividades. También, el centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) los identifica como puntos de alto riesgo y atención urgente.
Existen casos donde la mujer es extraída de su vivienda y trasladada a un albergue por determinado tiempo, en lo que se prepara la indagatoria contra el agresor y se determina qué rumbo tomará el caso.
No localizaron los brazos.
El comisionado de la GESI aseguró que este tipo de medidas cautelares son también una herramienta contra los señalados como agresores, los cuales permiten -en caso de ignorar la restricción- abrir un nuevo expediente y procesarlos por un nuevo delito que les impida gozar de algunos criterios de oportunidad.
Según la solicitud de transparencia 088620 realizada por ZETA a la Fiscalía General del Estado (FGE), firmada por la directora de Estrategias contra el Crimen, Susana Margarita Pérez Serna, de 2018 a la fecha se contabilizaron 12 mil medidas de protección contra mujeres víctimas de violencia familiar, la mayoría en Tijuana. Sin embargo, los demás municipios de Baja California muestran mayor conducta descendente o se mantienen; a excepción de Mexicali, donde las solicitudes van en aumento.
En 2018, las mujeres solicitaron 6 mil 008 medidas cautelares en todo el Estado, mientras que al año siguiente la cifra incrementó a 6 mil 112. De enero al 11 de febrero, la cifra alcanzaba los 381 casos.
Tijuana encabeza la lista con 2 mil 709 solicitudes en 2018 y 2 mil 680 en 2019, además de 162 en los primeros 42 días del vigente año. Mexicali registró mil 980 casos en 2018, mientras que en 2019 ascendió a 2 mil 158 y en 2020 alcanza los 143.
Prácticamente, dos terceras partes de las medidas cautelares son solicitadas en estas dos ciudades, y de hecho, la incidencia de la Capital causó el aumento a nivel estatal.
Referente a Ensenada, se contabilizan 520, 480 y 33, respectivamente; Tecate reporta 605, 598 y 37; mientras que en Rosarito las cifras son 194, 196 y 6 casos, según datos de la FGE.
De acuerdo con el fiscal central, las medidas restrictivas y otros mecanismos solo se utilizan cuando la situación lo amerita, acompañado de una denuncia ante la FGE, por lo que no en todos los casos se otorgan.
VIOLENCIA FAMILIAR Y FEMINICIDIO
La solicitud de Alerta de Género y la intención de impulsarlo por parte del gobernador Jaime Bonilla Valdez, no pareciera ser una ocurrencia, pues tanto en el tema de homicidios de mujeres, feminicidios y casos de violencia familiar, las cifras son desalentadoras.
Para Hiram Sánchez Zamora, la mayoría de los feminicidios registrados en BC son perpetrados por la pareja sentimental; los homicidios de mujeres son situaciones muy variadas donde también se incluye la delincuencia organizada, asaltos, entre otros delitos.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Baja California tiene tres municipios entre los 100 donde más feminicidios se cometen a nivel nacional -Tecate, Ensenada y Rosarito-. No obstante, Carlos Flores, de la GESI, indicó que anteriormente las cifras eran algo dudosas, pues no todos los crímenes de mujeres se iniciaban con un protocolo de actuación para feminicidios.
Considera que la actual administración “no busca ocultar el Sol con un dedo”, pues durante los primeros meses del año ya se identificaron un 28% de los crímenes contra mujeres como feminicidio, cuando en el pasado gobierno se contabilizó un 9% en 2018 y 5% en 2017, lo cual está alejado de la realidad, por lo que están revisando esos números.
Coincidentemente, en las cifras de homicidios dolosos de mujeres, BC se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional. De hecho, en 2019 fue considerado el segundo lugar con más asesinatos de féminas por cada 100 mil habitantes, superado solamente por Colima.
Durante2019, Baja California identificó más de 10 mil denuncias por violencia familiar, contra la mujer. Sin embargo, la tendencia de las agresiones hacia la mujer en la familia se mantienen a la alza, pues en 2018 se contabilizaron 9 mil 904 querellas, estadística que aumentó de compararse con 2017 y 2016, cuando se registraron 8 mil 554 y 8 mil 315 casos, respectivamente.
Información oficial de la GESI, identifica que la violencia contra la mujer registra un total de 17.4 casos por día; la violencia familiar, 3.67 incidentes por hora; y la violencia de pareja, 127.6 casos diarios.
La directora del Instituto de la Mujer del Estado, Norma Angélica Peñaloza, reconoció -acorde con la propia FGE- que BC se ubica como la octava a nivel nacional en el tema de violencia contra la mujer, particularmente en Mexicali, donde existen grandes rezagos en materia de protección, prevención y atención, atribuido a la falta de un Instituto de la Mujer a nivel local.
En dicho municipio el promedio de llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra la mujer rondan los 2 mil 400 y 2 mil 800 casos al mes, convirtiéndose en la principal atención que brindan las autoridades.
Pese a ello, durante el pasado gobierno municipal solo se contaba con dos unidades especializadas para la atención de casos de violencia familiar en el municipio, comentó la directora de la Policía Municipal, María Elena Andrade Ramírez, durante el arranque del programa Fuerza Rosa, que involucra a todas las áreas de gobierno y sociedad civil, en busca de combatir esta incidencia.
En los primeros meses se habilitaron otras cuatro unidades, con el objetivo de que cada zona de la ciudad cuente con una patrulla con agentes especializados.
Mexicali también tiene la colonia donde mayor incidencia de violencia familiar se registra en Baja California, el fraccionamiento Valle de Puebla, una comunidad de condición humilde ubicada al Oriente de la mancha urbana, donde prevalecen los grandes problemas de adicciones y asaltos.
En 2019, el fraccionamiento registró 117 casos en total, de las 3 mil 398 denuncias presentadas en todo el municipio. En Tijuana, la principal comunidad es Camino Verde, con 110 casos; en Tecate, Emiliano Zapata, con 27 incidentes; en Ensenada, la Popular 89, con 48 querellas; y Rosarito, la colonia Constitución, con 69 denuncias.
UN PAPEL NO VA A PROTEGER A LAS MUJERES: CEDH
Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), señaló que es necesario establecer infraestructuras de seguridad para dar seguimiento a las órdenes de protección, y en caso de que se autorice la Alerta de Género en BC, tales estructuras se fortalezcan.
“Si las órdenes de restricción y de protección no se establecen como tiene que ser, no va a servir de nada. Lo que tendrían que atender de manera emergente en la Alerta de Género, sería justamente establecer la infraestructura de seguridad y de prevención idónea para dar el seguimiento adecuado, ya que un papel no defiende”, externó a ZETA.
El 24 de febrero de 2020 se envió la segunda solicitud de Alerta de Género -la primera data de 2015- por parte de la CEDH, ante el incremento de feminicidios en la entidad, sobre todo en Tijuana y Mexicali.
Esta figura jurídica es única en el mundo, pues solo existe en México, después de que se publicara la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia en las Mujeres, lo que ha generado políticas públicas emergentes y temporales, aunque de poco han servido, destacó el ombudsman estatal.
“La alerta por sí sola no es la solución, no se debe distraer el discurso exclusivo porque es una política emergente necesaria, pero no ha funcionado en otros estados porque no se le ha dado la suficiente seriedad y voluntad política para hacerlo; por lo que es una oportunidad para Baja California, de que funcione como no lo ha hecho en otros estados”, destacó Mora Marrufo.
La solicitud se hizo ante el Sistema Nacional para Erradicar, Sancionar y Prevenir la Violencia contra las Mujeres. De admitirse, se consolidaría el grupo de trabajo por parte de Inmujeres, CNDH y organismos de la sociedad civil, para analizar la información relacionada con las muertes violentas de mujeres.
De emitirse la Alerta de Género y que esta no se fortalezca con infraestructura, presupuesto, personal calificado, capacitaciones a la Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género que pueda atender de manera integral desde la primera llamada de auxilio que hace la víctima, poco se va a avanzar en materia de violencia de género.
“Eso es importante, porque las órdenes de protección no se están aplicando como se pensaron, que es justamente para detectar factores de riesgo, de violencias que están día a día y que podemos prevenir y evitar que escale a una violencia feminicida”, finalizó el funcionario.
Centro de Justicia para la Mujer, aún sin funcionar
En 2015, cuando se pidió por primera vez emitir la Alerta de Género en Baja California, pero se negó al no contar con los elementos necesarios, sí se emitieron 14 recomendaciones actualmente en tela de juicio, ya que la pasada administración asegura que sí se cumplieron, pero la realidad es otra.
Específicamente hablando del Centro de Justicia para la Mujer, aquel inaugurado el 16 de octubre de 2019 y que debió entrar en funciones el 23 del mismo mes, de los últimos actos públicos que dio el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, pero que debió estar en funciones desde mediados de 2017.
Se invirtieron 34 millones de pesos para su construcción en el fraccionamiento Cortez de la delegación Sánchez Taboada en Tijuana, con posibilidad de ampliación en infraestructura y recurso humano; sin embargo, para la primera semana de marzo de 2020 continúa sin operación. “Está cerrado, se simuló la inauguración”, dijo Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El Centro de Justicia para la Mujer (CJM) fue diseñado para centralizar todas las dependencias estatales necesarias para dar atención a las víctimas de violencia, con el fin de no revictimizarlas y evitar que navegaran entre instituciones por toda la ciudad en busca de justicia.
En su inauguración, se informó estaría a cargo de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, pero después pasó a ser parte de la Secretaría General de Gobierno y, a partir del 24 de febrero de 2020, pertenece a la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género.
Antonio Guzmán Zambrano, subdirector del Sistema de Difusión de la Secretaría de Inclusión Social, comentó que no habrá reinauguración, simplemente comenzarán a operar una vez que se consiga el personal de Enlace entre las distintas secretarías que ahí tendrán representación. Como la Fiscalía General del Estado, DIF estatal, Secretaría del Bienestar, Secretaría de Salud, de Economía, además de servicios de guardería, albergue, psicología, entre otras.
Asimismo, se destinaron 5 millones de pesos para su operación anual, y aunque están conscientes de que el presupuesto es bajo, se pretende aumentarlo a través de la sociedad civil e iniciativa privada.
De admitirse la solicitud de Alerta de Género, se trabajará en seis puntos básicos que actualmente debilitan el sistema de justicia:
- Fortalecimiento de la Fiscalía con infraestructura para atender la violencia de género
- Proceso integral de la llamada al 911 por parte de una víctima
- Crear la jurisprudencia enfocada a la perspectiva de género
- Operación integral del Centro de Justicia para la Mujer
- Capacitación de servidores públicos en violencia de género
- Combatir los prejuicios cuando se reportan desapariciones.
