De acuerdo con un informe emitido por el INE, en el proceso electoral 2017-2018 se reportaron 46 casos de violencia política de género, cantidad que superó a la cifra reportada por la Fepade a propósito del periodo 2014-2015. Con todo y el incremento en la interposición de quejas, “seguramente hay muchos otros casos que aún no conocemos”, afirma la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
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En 2018, la violencia política contra las mujeres se hizo patente con casos como el de Martha Erika Alonso, que en sus aspiraciones al gobierno de Puebla, fue blanco de un spot de su contrincante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Doger Guerrero, señalándola de no tener conocimiento en materia política y de haberse postulado solo para que su esposo, el ex gobernador Rafael Moreno Valle, siguiera en el poder.
En razón de esa maniobra, Doger Guerrero tuvo que enfrentar medidas cautelares impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE), consistentes en sustituir el promocional.
“Las expresiones utilizadas refuerzan los estereotipos discriminadores que repercuten en las posibilidades de que las mujeres ejerzan sus derechos humanos en condiciones de igualdad, demeritando el valor propio de la candidata, sus propuestas y méritos políticos”, ratificó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a propósito de la sanción impuesta por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.
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Al final Alonso Hidalgo obtendría la gubernatura, en la cual se mantuvo solo unos días, pues el 24 de diciembre de 2018 falleció junto con su esposo, a consecuencia del desplome de un helicóptero en el que viajaban.
En el marco del proceso 2017-2018, la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE concentró 46 denuncias relacionadas con violencia política de género. Se trata de una cifra superior al número de casos que en el mismo rubro reportó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en lo referente al periodo 2014-2015, el cual fue de 38.
En opinión de la vocal ejecutiva de la Junta Local del INE, María Luisa Flores Huerta, el incremento en materia de reportes ha tenido que ver con que en 2016 se implementó el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, instrumento que en la actualidad opera en su versión 2017 y con el cual trabajan diversas instancias.
“Gran número de instituciones que participan en el propio protocolo contra la violencia política, y creo que esto ha ayudado”, consideró.
Además del INE, en la elaboración del mecanismo participaron el TEPJF, la Fepade, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas; además del Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Con todo y que las denuncias han incrementado, Flores Huerta indicó que los 46 reportes recibidos por la Unidad Técnica de lo Contencioso no constituyen una cifra necesariamente alentadora, pues solo equivalen a los asuntos que el INE tiene documentados, fuera de aquellos que pudieron no haber sido reportados de manera formal.
“Estas son las cifras de denuncias, seguramente hay muchos otros casos que aún no conocemos, por lo que sí requerimos que el protocolo tenga más uso en este sentido, porque es un instrumento que se genera para eso, para que pueda ser efectiva el acceso de la justicia a las mujeres en materia de este tipo de violencia sobre todo porque había existido poco avance y todavía hay mucho trabajo que hacer en el ámbito legal sobre el tema”, afirmó.
Abel Alfredo Muñoz Pedraza, Presidente de la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación
Algunos casos “se dan a conocer, se han publicitado, o se ha mencionado en redes al respecto, pero es importante también que se formalicen para el seguimiento y obviamente la aplicación del procedimiento correspondiente”, agregaría Flores Huerta.
En cuanto a la implementación del protocolo, se busca “prevenir, pero en su momento también, como ya sucedió, sancionar y por supuesto ir logrando un cambio en estas conductas”.
Del 8 de septiembre de 2017, fecha en que inició el proceso electoral ordinario, al 29 de noviembre de 2019, la Unidad Técnica de lo Contencioso recibió 53 acusaciones por violencia política de género.
En cuanto al seguimiento que se les dio, la entrevistada reveló que en algunos casos se logró corregir la conducta de la que derivó la queja, “que si bien no quita el acto de violencia anterior sí permite corregir y lograr que salga la mujer que está siendo violentada de ese entorno y pueda ser instaurada en plenitud de sus derechos en lo que a materia política se refiere”.
Detalló que hubo asuntos a propósito de los cuales se tuvo que dar vista a la Fepade, en cuyo ámbito aplica “un tipo de sanción penal”, por tratarse de delitos electorales, a diferencia del marco de competencia del INE, en el que las sanciones son administrativas.
Por lo que respecta a las medidas cautelares (modalidad que procedió en el caso de Martha Erika Alonso), destacó que su implementación permite que “en la inmediatez de sufrirse el daño a nivel político”, este se repare y proceda la exigencia de no repetir la conducta transgresora.
También, que de un total de 24 expedientes que desglosó la Unidad Técnica de lo Contencioso, once se tramitaron vía Procedimiento Ordinario Sancionador y el resto mediante Procedimiento Especial Sancionador, el cual aplica para casos que deben resolverse en el curso del proceso electoral. Tratándose de esas 13 quejas, en ocho se solicitó la adopción de medidas cautelares, ante lo cual el INE determinó que tal modalidad procedía en cinco denuncias.
María Luisa Flores Huerta observó que ha habido avances considerables en el tema de la paridad, con una distribución de candidaturas pareja entre mujeres y hombres, pero las acciones emprendidas para abatir la violencia política no han tenido los mismos alcances. “Los números hablan por sí mismos, la integración hoy por hoy está definitivamente vista desde el orden paritario, pero no sabemos mucho de las historias aún de paridad que están ahí hoy representándonos, cuántas sin haber denunciado pasaron actos de violencia”, cuestionó.
A manera de conclusión, la funcionaria del INE dijo: “el hecho de que estamos conscientes de que existen casos que no conocemos y que aun cuando estas mujeres están representándonos en una paridad de género pudieron haber sufrido violencia y que pueda cada una de ellas tener algún tipo de historia que manifieste violencia política de género, nos hace saber que tenemos que trabajar mucho en el tema de prevención”.
ACCIONES AFIRMATIVAS
El presidente de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Estatal Electoral (IEEBC), Abel Alfredo Muñoz Pedraza, indicó que en materia de paridad de género, Baja California ha consumado logros inéditos, como en el caso del Congreso del Estado.
Con todo y que la XXIII Legislatura se compone de 13 varones y 12 mujeres, a final de cuentas se está cumpliendo con “criterios de los tribunales que exponen que cuando hay congresos de ese tipo (con número impar de integrantes), lo conveniente que haya la mayor cercanía posible. Actualmente tenemos un Congreso paritario, equilibrado, nunca había existido esa cifra”, subrayó Muñoz.
En su opinión, esa distribución, la cual tuvo que ver con acciones afirmativas emitidas por el Instituto, vino a compensar la “brecha histórica” que se había dado en materia de participación femenina, siendo que entre 1995 y 2020 “las mujeres han ocupado el cargo de diputación solamente en 23.68%”.
Admitió que aun cuando en el ámbito de las alcaldías se cumple con el consabido principio en términos cuantitativos (contándose con tres alcaldías ocupadas por mujeres de un total de cinco ayuntamientos), está pendiente emitir acciones para que el género femenino ocupe mayor número de posiciones de peso y “proyección política” en el entramado de secretarías y demás espacios que integran las administraciones públicas municipales.
De igual manera, sostuvo que se debe dar cumplimiento a una sentencia en el ánimo de hacer un estudio para determinar la viabilidad de emitir acciones en favor de las comunidades autóctonas y así cruzar el principio de paridad con el tema de la representación indígena. “Posiblemente estemos viendo en el siguiente proceso electoral a mujeres indígenas encabezando candidaturas”, confió.
Además, los órganos electorales administrativos deben “buscar las medidas para compensar esas desigualdades que existen” en detrimento de la participación política de los pueblos originarios.
En cuestión de violencia política en razón de género, admitió que aún hay mucho por hacer, tomando en cuenta los casos que se presentaron en el Instituto vía interposición de denuncia en el marco del proceso electoral 2018-2019. Se trata de una queja de la entonces candidata y actual alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien acusó al Partido Acción Nacional de violencia política de género por un video publicado en la cuenta de Facebook de su contrincante panista Gustavo Sánchez, en el cual se manejó la pregunta “¿Te subirías a
390 buscan ser consejeros
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, refirió que se registraron 390 personas como aspirantes a relevar a cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral que este año concluyen en el cargo.
Del total de ciudadanos que se inscribió al proceso de selección, 135 son mujeres y 225 hombres.
El legislador por Movimiento Regeneración Nacional mencionó que el Comité Técnico designado para evaluar a los interesados, tendrá del 6 al 24 de marzo para entregar una lista de 20 semifinalistas a la Junta de Coordinación Política, de tal suerte que esta pueda someterla a consideración del pleno. Los próximos consejeros asumirán como tales el 4 de abril.
En cuanto a la cantidad de aspirantes, “es el proceso con mayor número de participantes inscritos”. En ese sentido, detalló que en 2014, con once espacios en juego, se inscribieron 307 ciudadanos; mientras que en 2014, 151 personas se registraron para tres vacantes.
El Comité Técnico operará aun con las impugnaciones que obran en contra de la designación de John Ackerman como miembro del órgano evaluador, las cuales obedecen a su afinidad con Morena, el partido en el poder, lo que argumentan, viola el principio de imparcialidad. Eduardo Andrade Uribe
un avión con un piloto que nunca ha volado?”, en aparente alusión a la abanderada de Movimiento Regeneración Nacional.
“El Instituto otorgó medidas cautelares para que se retirara esa publicación, sin embargo, el Tribunal no acreditó que hubiera violencia política en razón de género”, expresó Muñoz Pedraza.
Otra acusación procedió por parte de quien contendiera por el Partido de Baja California para el mismo cargo, Elvira Luna Pineda, en contra del ex dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Julio Rodríguez Villarreal, quien la criticó por no tener hijos y supuestamente padecer de sus facultades mentales, y por lo tanto, ser incapaz para gobernar.
“El Tribunal acreditó la violencia política y vincula al Instituto para implementar cursos de capacitación a la persona infractora (a saber, un programa de sensibilización)”, comentó el titular de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del IEEBC.
A su vez, Claudia Agatón Muñiz denunció a un noticiario digital de Ensenada denominado Lánzate, que la ha llegado a señalar de infringir el Reglamento de Tránsito y de incumplir una promesa a simpatizantes de restaurar un área deportiva para que votaran por ella.
A propósito, “la Comisión de Quejas y denuncias desechó la denuncia”.
En enero de 2020, la hoy diputada local presentó una iniciativa encaminada a que se imponga prisión de dos a seis años y hasta 400 días de multa a quien incurra en violencia política.
IEE RESPETARÁ DECISIÓN DE TRABAJADORAS QUE SE SUMEN A PARO
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California determinó que el organismo respetará la decisión que tomen las servidoras públicas que laboran en la institución en consecuencia al llamado a paro nacional de actividades denominado #UnDíaSinMujeres, programado para el lunes 9 de marzo.
La postura quedó ratificada luego que el martes 3, en la segunda sesión extraordinaria del órgano superior, los partidos Movimiento Ciudadano, de Baja California, del Trabajo, Revolucionario Institucional y Acción Nacional propusieran otorgar las facilidades pertinentes a aquellas féminas que respondan a la convocatoria también denominada #ElN9NadieSeMueve. Manifestación que se llevará a cabo en protesta a los casos de violencia que el género femenino padece a nivel nacional.
El secretario ejecutivo del IEEBC, Raúl Guzmán Gómez, estableció no ser necesario que el Consejo aprobara el punto de acuerdo, dadas las atribuciones con que cuenta el Departamento de Administración, relativas a “organizar, dirigir y supervisar la administración de los recursos humanos del Instituto”, por lo que se limitó a confirmar la postura del órgano electoral en el sentido de apoyar institucionalmente la decisión que cada trabajadora tome ante la opción de ausentarse de sus labores.
El represente de Movimiento Ciudadano, Salvador Miguel de Loera, lamentó que el proyecto no se haya votado a favor, pues ello concurrió a que el respaldo manifiesto no se tradujera a un día de asueto y de esa forma las garantías de las trabajadoras fueran plenas.
De cualquier modo, el consejero Muñoz Pedraza arguyó que en caso de haberse marcado esa fecha como descanso, hubiera podido interpretarse como una forma de dar venia de sumarse a la irrupción de actividades. “La institución no le tiene que dar permiso a alguien para entrar en paro, si no, estaríamos bajo este mismo esquema patriarcal donde el hombre te dice sí puedes faltar”, remató.
