En una carta, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador siete medidas para evitar la bancarrota de las empresas y el despido masivo de empleados.
Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la AMDA, indicó que derivado de la paralización de actividades por la emergencia global de la pandemia del COVID-19, las empresas tendrán problemas de flujo para hacer enfrentar compromisos como pagos de impuestos, nóminas, créditos y proveedores.
Si bien, dijo, la afectación será temporal para las empresas que se encuentren financieramente sanas, estructuralmente sólidas y bien administradas; las micro y pequeñas empresas, estructuralmente débiles, estarán en serio riesgo de quiebra y de generar despidos masivos.
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“Los diversos eslabones del sector automotriz que hoy es la fuente de mayor generación de divisas para el país proponen realizar una mesa de urgencia con el presidente y su gabinete económico, para tratar la necesidad de estímulos fiscales y la aplicación de políticas públicas de emergencia debido a la crisis”, afirmó el líder empresarial, quien representa a más de 2 mil distribuidores.
Entre las medidas que está pidiendo la AMDA se encuentra: un programa emergente de créditos de liquidez para las empresas (Banca de desarrollo y sistema financiero) para enfrentar la caída en la generación de ingresos durante el tiempo que se mantenga la crisis y evitar los despidos de personal.
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Otra demanda es implantar un programa diferenciado según el tamaño de las empresas en el que se les otorgue un subsidio parcial a las micro y pequeñas empresas.
Además, juzgó necesario un acuerdo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para modificar temporalmente los lineamientos de calificación crediticia a efecto de no castigar créditos.
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Así cono subsidios focalizados para la población vulnerable, y el diferimiento en el pago de obligaciones sociales a cargo de los patrones, como el IMSS e Infonavit.
La AMDA también pidió agilizar las devoluciones de impuestos a favor de los contribuyentes por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como puede ser el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Así como la exención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a trabajadores que perciban hasta cuatro salarios mínimos, y un esquema de diferimiento en seis parcialidades en el pago de la declaración definitiva del ISR del ejercicio fiscal 2019 a Personas Morales.
“Llevarlo a cabo sin necesidad de garantizar el interés fiscal y sin una tasa preferente de recargos, es una oportunidad en tiempos de incertidumbre”, apuntó Rosales Zárate.
Consideró que también debe agilizarse el pago a proveedores por parte del gobierno federal y de las empresas productivas del Estado, y darle posibilidad a las empresas de hacer una “deducción inmediata” de sus inversiones.
Finalmente, señaló que en la etapa post emergencia sanitaria serán necesarios programas de fortalecimiento sectorial para impulsar la rápida recuperación económica.
Entre estos programas estaría la renovación del transporte público de carga y pasaje en sus diferentes modalidades, así como de la flota vehicular de las micro y pequeñas empresas.
Además, propuso una reforma del marco fiscal en la adquisición de vehículos; promover el turismo nacional y extranjero. El rescate del programa Pueblos Mágicos, créditos preferentes ISSSTE, IMSS, FONACOT; y fortalecer a este último organismo para impulsar el mercado interno de bienes de consumo duradero.
Con estas medidas, la AMDA se suma a los organismos como el CCE, la Coparmex y la Canacintra que han pedido a López Obrador un programa que mitigue las afectaciones económicas que causará el COVID-19; sin que hasta el momento el mandatario haya aceptado prorrogar el pago de impuestos.
