Cuando menos Movimiento Ciudadano y PRD preparan acciones. Acusan que con la reforma correspondiente Morena podría tener ventajas electoreras. Las otras fuerzas de oposición no descartan impugnar en caso de que prospere el dictamen impulsado por el gobernador Jaime Bonilla Valdez

Los partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática anunciaron que procederán jurídicamente en caso de que se publique en carácter de reforma el Dictamen Número 36, con el cual la administración de Jaime Bonilla Valdez pretende acortar el proceso electoral en Baja California bajo el argumento de generar un ahorro de 12 millones de pesos.

Representantes de ambos institutos cuestionaron la justificación y sostuvieron que la idea de reducir el periodo 2020-2021 (lo que implicaría aplazar la fecha de arranque) obedece a la intención de atraer beneficios electoreros para Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Foto: Ramón T. Blanco Villalón/ Abraham Correa, presidente estatal del PRD

De acuerdo con el documento aprobado por la XXIII Legislatura de Baja California, la apertura del proceso se recorrerá del 13 de septiembre al 6 de diciembre, en tanto que la instalación de los consejos distritales, de la primera semana de enero a la tercera de marzo.

El representante de Movimiento Ciudadano (MC) ante el Instituto Estatal Electoral, Miguel de Loera Guardado, explicó que para acompañar la propuesta no se realizó un estudio de fondo sobre cuánto se pudiera ahorrar.

Para obtener el ahorro, tendrían que invertirse “al menos 8 millones de pesos”, a fin de “solventar algunas de las funciones sustantivas que se deben desarrollar dentro del mismo proceso”; ello a juzgar por un cálculo efectuado en sesión del Consejo General del Instituto.

En opinión del dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Abraham Correa Acevedo, los impulsores de la iniciativa (Jaime Bonilla Valdez y el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano), “están violentando los principios que actualmente rigen los procesos electorales metiendo el de austeridad, un principio general que están proponiendo en la Constitución (local) para el proceso electoral, cuando ese es un tema que no está contemplado en la Constitución general”.

Foto: Ramón T. Blanco Villaón/Dante Delgado: Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano

De Loera aludió la posibilidad de que la administración estatal incurra en conductas indebidas (en materia de uso de recursos, padrón electoral, programas sociales o lista de afiliados) durante el tiempo adicional de operaciones ordinarias, pues mientras no estén instalados los consejos distritales, no hay manera de denunciar actos de esa naturaleza.

En sintonía con ello, Correa asumió que el gobernador podría “seguir dando sus mini informes tres meses más y haciendo propaganda”, lo que tendría “repercusiones muy fuertes en cuanto a que no hay autoridad que sancione el inicio de las precampañas de manera adelantada, porque ya estamos inmersos en el proceso electoral federal, pero a nivel local eso te ata las manos”.

De publicarse la reforma, la concurrencia de los comicios federales con los locales prevista para el proceso 2020-2021 se vería afectada en el caso de Baja California. El Artículo 26 del reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE), indica que la coordinación que con este deben guardar los organismos públicos locales, tiene que estar concertada. Con los ajustes promovidos por el gobierno bajacaliforniano, el INE pudiera verse en la precisión de reestructurar esquemas, según información extraoficial obtenida por ZETA.

En cuestión de presuntas inconsistencias, Miguel de Loera Guardado  observó que el oficio remitido por el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) al titular de la Mesa Directiva de la XXIII Legislatura, Víctor Morán Hernández, para que el Poder Legislativo propiciara la inclusión del órgano electoral en el marco de revisión del dictamen, no se tradujo a la solicitud de una opinión técnica al organismo emanada del Congreso local.

Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ El presidente del PBC, Mario Favela Díaz

Igualmente, señaló que la reforma causaría afectaciones a quienes aspiraran a diputaciones de mayoría relativa por la vía independiente, pues en vista de que los consejos distritales no estarían habilitados en la fase respectiva, los pretensos tendrían que presentar su solicitud de candidatura ante el Consejo General del IEE, con lo cual se les impondría “una carga excesiva” al verse impedidos de hacer el trámite en sus propios distritos. Tanto MC como PRD determinaron proceder con acciones de inconstitucionalidad.

Por otro lado, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Enrique Méndez Juárez, reveló vía telefónica que el blanquiazul contempla presentar recurso. En este contexto, el grupo parlamentario del PAN argumentó que la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, encabezada por Juan Manuel Molina, no era la indicada para elaborar el dictamen.

La iniciativa debió turnarse a la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional, arguyeron las diputadas panistas. Detallaron que conforme a la Ley Orgánica del Poder Legislativo a ese órgano parlamentario le corresponde conocer, estudiar y dictaminar las modificaciones a la Constitución local, que pudieran traducirse a cambios estructurales encaminados a fortalecer el régimen democrático.

En lo referente a la dispensa de trámite que procedió para someterlo a consideración del pleno, observaron que no cumplió con los requerimientos estipulados. El fundamento para resolver el asunto urgentemente fue que el plazo para realizar modificaciones legales en materia electoral estaba próximo a vencer, cuando a final de cuentas el vencimiento estaba programado para el 15 de junio.

Foto: César René Blanco Villalón/ Carlos Jiménez

A nombre del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el líder estatal del tricolor, Carlos Jiménez Ruiz, manifestó que los priistas se encuentran a la espera de los tiempos legales para ver si procede o no una impugnación. Expuso que el dictamen contraviene a la reforma electoral en la que quedó establecido el empate con las elecciones federales, la cual “establece la competencia de la federación y de las entidades federativas en materia de instituciones y procesos electorales”.

El dirigente del Partido de Baja California, Mario Favela Díaz, anticipó que el instituto político local pudiera presentar recurso y atribuyó la idea de retardar el inicio del proceso a que Bonilla estaría tratando de contar con más tiempo para pelear por la ampliación de su gestión de dos a cinco años.

Una vez que el dictamen fue aprobado, se remitiría notificación a los ayuntamientos para que en un periodo de 30 días deliberaran en lo concerniente al documento, cuya publicación requeriría de la aprobación de tres de los cinco cabildos.