Patrick Crusius, presunto autor de la matanza ocurrida el pasado 3 de agosto en un centro comercial de El Paso, Texas, que costó la vida a 22 personas -entre ellos 8 mexicanos-, fue acusado ayer 6 de febrero, de 90 cargos federales por crímenes de odio.
Según lo informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el fiscal federal John Bash, presentó en una Corte Estatal de Texas los 90 cargos por los que Crusius, originario de la población texana de Allen, será juzgado, en adición a los cargos de homicidio que ya enfrenta.
Se trata de cargos por crímenes de odio que provocaron la muerte, cargos por crímenes de odio con intención de matar, así como cargos por disparar un arma de fuego en relación con un crimen de odio, tomando en cuenta el manifiesto que escribió en contra los mexicanos a quienes iba dirigido su ataque.
Por su parte, el Gobierno de México dijo ayer mismo, que se congratulaba por la imputación de cargos por crimen de odio a Crusius, acusado de asesinar a 22 personas, y de herir a 24 más, durante un tiroteo dentro de una tienda de la cadena minorista Walmart, ubicada en la ciudad fronteriza de El Paso.
El Fiscal Federal de Estados Unidos y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) anunciaron la imputación de dichos cargos contra Crusius, señaló en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana.
Las autoridades de México señalaron que con los nuevos cargos que se han anunciado contra el principal sospechoso se la matanza, “se reitera la condena en contra de los discursos de odio, la xenofobia y el supremacismo blanco, así como de cualquier tipo de violencia”.
Las nuevas acusaciones están “en consonancia con los esfuerzos del Gobierno de México para construir sociedades más inclusivas y pacíficas, que reconozcan la pluralidad y la valía de la diversidad”, según lo apuntó la Cancillería mexicana.
Asimismo, el Gobierno de México recordó que desde el suceso, acordó con su homólogo estadounidense intercambiar información de sus respectivas indagatorias, en apego estricto al marco normativo de cada país y coincidiendo en la importancia de una investigación profunda de los hechos y de sus causas.
La SRE indicó que el Consulado de México en El Paso, “continuará dando seguimiento a este proceso judicial y a la atención a las víctimas mexicanas del ataque y a sus familiares”.
En agosto pasado, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que el presunto autor de dicha matanza se inspiró en el ataque a dos mezquitas, ocurridos en marzo del 2019, en Christchurch, Nueva Zelanda, lo que demuestra la existencia de un grupo de supremacistas blancos que se comunica en redes sociales.
Después, el pasado 20 de noviembre, la SRE confirmó que 10 ciudadanos mexicanos, en coordinación con el Consulado General de México en El Paso, presentaron demandas en contra de la cadena de tiendas minoristas Walmart Inc, tras el tiroteo ocurrido en la sucursal de Cielo Vista, el pasado 3 de agosto.
A través de un comunicado, la Cancillería señaló que el objetivo de estas acciones presentadas en el Condado de El Paso, es responsabilizar a la empresa por no tomar medidas razonables y necesarias para proteger a sus clientes del ataque ocurrido en la sucursal ubicada en dicha ciudad fronteriza con México, donde fallecieron 22 personas, de las cuales 8 eran mexicanos.
“Por medio de esta demanda, los peticionarios buscan justicia no únicamente para ellos, sino también seguridad para el público en general”, señaló la SRE en su comunicado.
La Cancillería mexicana abundó que a partir de la muerte del abogado Enrique Moreno, quien había sido seleccionado por el Gobierno de México para representar los intereses tanto de las víctimas, como de las familias que así lo decidieran, se resolvió obtener los servicios de la firma Lynn Coyle.
La SRE explicó que la firma ya colaboraba con el abogado Moreno, “al coincidir con sus principios y valores”, además de que se “distingue”, también, “por su compromiso en la defensa de la comunidad mexicana y mexicano-americana” en El Paso.
“El Gobierno de México continuará utilizando todos los recursos a su alcance para evitar que este tipo de incidentes se repitan y reparar los daños sufridos por las víctimas”, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana.
El pasado 12 de septiembre, la Fiscalía de El Paso, Texas, formuló cargos por asesinato capital, por lo que se espera una posible pena de muerte contra Patrick Crusius, de 21 años de edad, presunto autor de la masacre ocurrida el pasado 3 de agosto.
El joven permanece encarcelado sin derecho a fianza, después de confesar ser quien disparó y que su objetivo eran mexicanos. Las autoridades también lo acusan de publicar un manifiesto racista y antiinmigrante en internet, “en respuesta a la invasión hispana en Texas”, poco antes de abrir fuego.
“El asesinato capital es el cargo más alto en el estado de Texas y se castiga con la muerte o con cadena perpetua sin libertad condicional si se lo encuentra culpable. El fiscal de distrito Jaime Esparza buscará la pena de muerte”, señaló la Fiscalía del Distrito 34 a través de un comunicado.
Por su parte, el abogado del joven, Mark Stevens, informó anteriormente que usará todas las herramientas legales disponibles para evitar la ejecución de su defendido. Las autoridades federales planean presentar cargos por separado de asesinato, penado con la pena capital.
Asimismo, el Departamento de Justicia estadounidense investiga el caso como un acto de terrorismo nacional y delito de odio.
El pasado 5 de agosto, Ebrard Casaubón informó que México participará en la investigación y juicio de Crusius, el “supremacista blanco” sospechoso del tiroteo que dejó al menos 22 muertos, por lo que analizan la posibilidad de solicitar la extradición del joven.
