Porque pudo, porque era más fuerte, violento, porque le gustaba y no podía tenerla a capricho; porque la deseaba y no fue correspondido en un lapso de cinco meses, Juan Pérez Hernández primero intentó conquistarla, luego la acosó, y finalmente, el 4 de febrero de 2020, asesinó a la joven Marbella Valdez Villarreal. La estranguló y tiró su cuerpo en una terracería del fraccionamiento Barcelona Residencial en Tijuana, de acuerdo a los elementos de prueba encontrados por la Fiscalía General del Estado de Baja California.
La joven trabajaba en una gasolinera y estudiaba en la Universidad Autónoma de Baja California. A los 20 años había salido adelante con éxito, porque creció en un orfanato y su vida no había sido fácil.
Bajo la tutela de una madre que padece de sus facultades mentales, tampoco fueron sanos ni seguros los siete años que vivió la pequeña Fátima Cecilia, encontrada asesinada y torturada dentro de una bolsa de basura el 15 de febrero en Alcaldía Tláhuac en Ciudad de México.
Les falló la familia, la sociedad y el gobierno, quienes tampoco hicieron lo suficiente por las otras 3 mil 321 víctimas de feminicidio, ni las 16 mil 078 muertes de mujeres clasificadas como homicidio doloso. Un total 19 mil 699 féminas asesinadas violentamente en cinco años en México, entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019, de acuerdo al más reciente informe del Secretariado Ejecutivo Nacional.
Ante esas muertes y frente a tales cifras, cuesta escuchar a un Andrés Manuel López Obrador evasivo, etéreo y abstracto, que le echa la culpa de las muertas de México a la política neoliberal y a la acumulación de bienes, pese a saber que las 4 mil 202 asesinadas en el primer año de su Cuarta Transformación son incluso mayores que las 4 mil 098 damas muertas con violencia en el último año del neoliberal Enrique Peña Nieto.
Entonces resulta necesario preguntar: ¿Cuántas muertas hacen falta para que el Presidente de los grupos vulnerables, admita el problema? Porque ese sería el primer paso para trabajar en la solución. ¿Cuántas muertas más para que deje de acusar al oportunismo político?
Urge reconozca lo que las organizaciones feministas le han espetado: a las mujeres las mata la indiferencia, el silencio y la impunidad, todos temas en sus manos. Porque más allá de los discursos de seguir “moralizando, purificando la vida pública”, la diferencia se empezará a marcar desde lo judicial, ese tema que “no le preocupa tanto” cuando el número de homicidas detenidos y castigados, también se contabilice por miles o cientos.
Con más de 793 féminas asesinadas en los últimos dos años, 70% en Tijuana y solo el 10% clasificadas como feminicidios, la respuesta de las autoridades bajacalifornianas ha sido menos insensible que la nacional.
Tras ocho feminicidios cometidos en la primera semana de febrero, la Fiscalía General del Estado empezó a boletinar la ejecución de órdenes de aprehensión contra feminicidas, como Óscar Manuel “N”, detenido porque el 15 de febrero tras asesinar a su ex pareja sentimental Argelia Franco Santillán.
Como resultado de las manifestaciones públicas, el 19 de febrero se instaló formal y finalmente, “…el Sistema Estatal para Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer en Baja California, en el cual se integra la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género (SISIG)”.Y a través de la Secretaría General, se informó que “la administración estatal dirá sí en caso de que se solicite la alerta de género”, la cual será solicitada en el Congreso en el transcurso de los próximos 15 días, tal como lo hicieron diversas organizaciones sociales en 2015 y fueron rechazadas.
Para el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, es el mejor momento de aceptar la alerta, porque la evidente problemática no se generó bajo su administración. En dos años, BC reportó más mujeres asesinadas que las 700 muertas de Juárez, reconocidas por las autoridades entre 1993 y 2012. Además, de acuerdo a los resultados del Secretariado Ejecutivo, cuatro de los cinco municipios bajacalifornianos están entre las primeras cien municipalidades feminicidas de México: Tijuana en quinto lugar, Mexicali en el puesto 38, Ensenada en el 73 y Rosarito en el 74.
Para los morenistas locales, el reto ahora es trascender el populismo y las buenas intenciones, definir e invertir recursos públicos para materializar acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia con perspectiva de género.
Por ejemplo, legislar para incrementar la pena, y que el feminicidio como asesinato cometido con ventaja, sea más penado que el homicidio doloso, lo que actualmente no sucede en Baja California. O trabajar para que el feminicidio ya tipificado, sea reconocido por su nombre, para que el fiscal regional de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, no se atreva a comentar como lo hizo: que el asesinato de tres mujeres el 7 de febrero no era feminicidio, porque el asesino llegó buscando a un hombre, como si les hubiera disparado a todas porque las confundió con el varón y no porque le resultaron víctimas fáciles.
Y para que el fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, no intente restarle gravedad al problema, argumentando el aumento de la participación de las mujeres en la comisión de delito, como lo ha hecho.
Porque el Sistema Estatal para Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer en Baja California deberá trabajar muy de cerca con la Fiscalía y el Poder Judicial, para responder al reclamo principal, que es la justicia, y mejorar notablemente sus niveles de efectividad. Son 793 mujeres asesinadas en dos años y muy pocos feminicidas -2 de cada 10- presos por el crimen que cometieron.
