Seguramente existen más, pero en el gobierno, hay dos personas cercanas a Jaime Bonilla Valdez. Su compadre, Guillermo Ruiz Hernández, fiscal general del Estado; y Amador Rodríguez Lozano, a quien le confió no solo la Secretaría General de Gobierno, sino el litigio para agenciarse tres años adicionales a los dos para los que fue electo en 2019, para encabezar la administración pública de Baja California.
Antes de tomar posesión, cuando los equipos de transición ya veían la serie de reformas que iniciarían, la lucha por el poder enfrentó a los dos cercanos al gobernador. Particularmente en la creación de la Fiscalía General del Estado, entidad que saldría de la fusión de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, la lucha se exacerbó.
El compadre no se quedó con todo. Aprovechando la influencia que tiene sobre el mandatario y este sobre los diputados en el Congreso del Estado, Rodríguez le arrebató el Sistema Estatal Penitenciario que alojó en la Secretaría General de Gobierno, y logró que dos fiscalías, la de Delitos Electorales y la Anticorrupción, se eliminaran de la estructura de la General y se les dotara autonomía.
Actualmente el Sistema Estatal Penitenciario que dirige Rodríguez Lozano, apenas funciona. Los casos de denuncias de tortura en Mexicali y Tijuana han iniciado, mientras la administración de los penales continúa en la opacidad. Hasta hace unos días el director de reclusorios en BC era una persona sospechosa de participar en los eventos de Ayotzinapa, Guerrero en 2014, que a la fecha mantienen a 43 estudiantes de la Normal de aquella localidad en calidad de desaparecidos. Una persona de la que sus subordinados no recuerdan trabajo arduo, como sí la titularidad de la posición por la recomendación de Rodríguez Lozano.
Por ejemplo, las tienditas de los penales, esos establecimientos que proveen a los reclusos de productos de uso doméstico diario, de alimentos y enseres, permanecen en el desabasto. Familiares de los presos se han empezado a quejar que los suyos no tienen acceso a productos básicos. Y efectivamente, el convenio para la operación de las tienditas en los penales no se ha otorgado porque estuvo en medio del escándalo de los moches.
A los empresarios que entregaron a los funcionarios de Bonilla más de 24 millones de pesos, les habían prometido dos cosas: primero, la elaboración de los alimentos para los más de 11 mil reos, un contrato que supera los 250 millones de pesos al año; y segundo, el abastecimiento de las tienditas. Pero cuando la información de los moches se hizo pública, dos colaboradores de primer nivel de Bonilla renunciaron al gobierno, y otro intentó bajar el perfil.
A la fecha, se entregó el contrato para la elaboración de los alimentos, pero permanece en total opacidad. Ni el concurso fue público -como prometió el gobernador-, como tampoco fue video grabado. Se desconocen los términos del convenio y, en el caso de las tienditas, se detuvo la licitación, primero porque estuvo en entredicho al develarse los moches, y después porque el director de reclusorios no trabajaba en ello.
La Fiscalía de Delitos Electorales no ha sido estructurada del todo, ni siquiera ha sido electo, a propuesta del gobernador, su titular. Y en la Fiscalía Anticorrupción, la misma que Rodríguez Lozano peleó para una de sus incondicionales, esta semana la titular renunció.
Olga Ojeda Mayoral, quien fue electa por los diputados con mayoría de Movimiento Regeneración Nacional en el Congreso local, renunció a la Fiscalía Anticorrupción en medio de señalamientos provenientes del gobernador, quien en una entrevista la acusó de tener miedo, de no querer trabajar sin estructura, sin oficinas y sin recursos. Prácticamente, Bonilla le dio -así lo dijo- una semana para que decidiera qué hacer a la fiscal que, se supone, en la Ley es autónoma, pero que el gobernador trató como una empleada hasta que renunció.
Fuera de la Fiscalía, se sabe que Ojeda Mayoral trabaja en Tijuana en sus oficinas particulares, que solo tenía una persona más de apoyo, que no contó con presupuesto alguno y que de hecho, en poco más de un mes que tuvo el cargo, no le fueron pagados sus servicios.
El fondo del asunto es la lucha de egos entre los dos cercanos al gobernador. Sería la Fiscalía General del Estado, la que cedería edificios, personal y recursos para la Fiscalía Anticorrupción, pero Guillermo Ruiz dijo públicamente que no lo haría porque no había nada que lo obligase a ello. El Gobierno del Estado no presupuestó de manera directa y especial, recursos para la Fiscalía Anticorrupción, y en el Congreso no le dotaron de personalidad jurídica.
Esta suma de acciones, motivadas por la lucha de poder en el primer círculo de Bonilla y la ausencia de conocimiento de su parte de la separación de poderes y de los órganos autónomos, arrojaron como resultado el fracaso en la Fiscalía Anticorrupción.
Por ahora todas las investigaciones de corrupción continuarán en la Fiscalía General del Estado. Mientras los diputados no reformen la Ley que aprobaron a ciegas y que construyó una Fiscalía Anticorrupción de papel, esta no funcionará. Sin recursos, sin personal, sin edificio, sin representación, no se puede, por más austeridad que enarbole el titular del Poder Ejecutivo de Baja California.
Es evidente que el combate a la corrupción es parte de su retórica, pero no está en sus planes. Así como Francisco Vega de Lamadrid, el ex gobernador y sus funcionarios, siguen impunes, también los ex colaboradores de Bonilla que aceptaron moches continúan en la impunidad todos.
