Por lo menos 35 narcotraficantes, abusadores sexuales y homicidas han sido extraditados en la actual administración. Entre diciembre y enero sumaron 19 las entregas en aeropuertos o la franja fronteriza. A capos, lugartenientes y sicarios les entró el “nervio”; unos se ampararon, otros se fugaron de prisión. Baja California forma parte de la cuota de criminales a extraditar: Juan Francisco Sillas, Fernando Sánchez Arellano, “El Teo” García Simental, los Arzate, “Cabo Ocho” y “El Güero Chihuahua”, entre otros. Algunos extraditables son “El Menchito” y “El Cuini”, quienes planeaban fugarse para no ser trasladados a EU
La fuga de tres narcotraficantes de un penal capitalino y múltiples demandas de amparo son los efectos que dejaron las extradiciones internacionales de los últimos dos meses hacia Estados Unidos. Nunca como ahora, miembros de la delincuencia organizada han sentido tanto miedo de ser entregados para que se les enjuicie en el país del Norte.
Ahora se conoce que parte importante de la política criminal del Gobierno Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador está sustentada en la extradición de personajes del narcotráfico, reclamados primordialmente por la Unión Americana. Tan es así, que el año próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR) entregaron a por lo menos 28 presuntos traficantes de droga, homicidas y abusadores sexuales, al gobierno estadounidense.
Diciembre significó el boom de las extradiciones, al ser materialmente puestos a disposición del U.S. Marshall doce personajes, entre los que se hallaban Ismael Zambada Imperial “El Mayito Gordo”, Noel Salgueiro Nevárez “El Flaco” y Mario Núñez Meza “El M-10”, miembros del Cártel de Sinaloa. Otros pertenecían al clan Arellano Félix, Los Zetas y otros grupos criminales.
En enero de 2020 continuó la entrega masiva de capos a los norteamericanos, desde José Sánchez Villalobos “El Señor de los Túneles” hasta Mario Hidalgo Argüello “Nariz”, ambos del Cártel de Sinaloa y personajes cercanos a Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán. Fueron otros siete extraditados desde diversos penales del país, principalmente de centros federales, algunos de máxima seguridad y otros de reclusorios de Ciudad de México.
A finales de 2019 se advirtió el temor de líderes de cárteles, lugartenientes y sicarios de los principales grupos delictivos que se encuentran presos. Unos buscaron el amparo en diciembre y otra buena cantidad lo han hecho en enero. La lista de personajes criminales requeridos por Estados Unidos aún es larga.
VIEJOS CONOCIDOS
De Baja California son esperados por cortes de Distrito norteamericanas para ser procesados por diversos delitos, miembros de diferentes cárteles. La mayoría de ellos ya están detenidos, otros están pendientes de ser localizados. Destaca el caso de Juan Francisco Sillas Rocha “El Ruedas” o “El Sillas”, líder de células del Cártel Arellano Félix (CAF), detenido el 4 de noviembre de 2011 en Tijuana.
Al “Sillas” lo reclama la Corte Federal de Distrito de Dakota del Norte por delitos relacionados con el narcotráfico. Actualmente preso en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, le atienden médicamente de un mal renal. En el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales se tramita un juicio de garantías desde 2018, en un intento de frenar la extradición.
Otro miembro del CAF en espera de ser extraditado es Óscar Adán Rodríguez Guevara “El Güero Chihuahua”, detenido el 31 de agosto de 2017 en Tijuana y buscado por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California, para que se le juzgue por cargos de asociación delictuosa para importar por lo menos cinco kilos de cocaína, lavado de dinero y trasiego de drogas.
Y desde luego, el otrora líder de la misma organización, Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero” y uno de sus lugartenientes, Teodoro García Simental “El Teo”, detenidos el 23 de junio de 2014 y el 12 de enero de 2010, respectivamente. Al sobrino de los Arellano Félix, EU le busca por tráfico de drogas y ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares, aunque no se ha solicitado oficialmente la extradición. Mismo caso de “El Teo”.
En la mira del gobierno del país vecino está Edgar Alejandro Herrera Pardo “Cabo 8” o “El Caimán”, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien se desenvolvía criminalmente en toda la Península de Baja California y Baja Sur, hasta ser detenido el 4 de agosto de 2019 en San Luis Potosí, por la Unidad de Operaciones de Alto Impacto. Cuenta con orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos, la que combate a través de un amparo desde el penal federal de Puente Grande, donde se encuentra internado.
A finales de septiembre de 2019, fue capturado en Ensenada, Hilario Sierra, miembro de la pandilla WSK y buscado desde 1998 por autoridades de Los Ángeles, California como presunto responsable de un homicidio cometido durante el robo de un auto con violencia. Luego de ser ubicado, el reclamado fue enviado al Reclusorio Preventivo Sur de Ciudad de México, a disposición de un juez y de la cancillería mexicana para que se lleve a cabo su procedimiento de extradición internacional.
Quienes aún no son aprehendidos son los hermanos Alfonso y René Arzate (o Zárate) García, conocidos como “El Aquiles” y “La Rana”, quienes encabezan al Cártel de Sinaloa en Baja California y en contra de los que existen órdenes de detención provisional con fines de extradición dictadas por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte desde el 27 de febrero de 2017.
DEBILIDAD GUBERNAMENTAL
La adopción de la política criminal de entregar en extradición a los principales delincuentes del país, muestra la debilidad institucional en las materias de seguridad pública, seguridad interior y nacional, procuración e impartición de justicia, ante la incapacidad de retener en las prisiones mexicanas y juzgar con eficiencia a los hombres y mujeres que infringieron la norma penal.
Los recientes anuncios de extradiciones masivas propiciaron decenas de demandas de amparos de narcotraficantes en tribunales establecidos en los sitios donde se encuentran afincados los penales de máxima seguridad y también en las prisiones de Ciudad de México, de donde tres presos que eran sometidos a procedimiento de extradición se fugaron el 29 de enero de 2020 con el contubernio de personal de seguridad penitenciaria.
Entre los evadidos del Reclusorio Preventivo Sur (CDMX) figuran Víctor Manuel Félix Beltrán, mando importante en el Cártel de Sinaloa y cuñado de uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. “El Vic” contaba con una orden de aprehensión dictada por la Corte para el Distrito Norte de Illinois, en Chicago, acusado de coordinar cargamentos de cocaína y heroína hacia México desde ocho países de Centro y Sudamérica en el periodo de 2005 a 2014. Con él se fugaron los sinaloenses Luis Fernando Meza y Yael Osuna, quienes también serían extraditados.
Esta situación generó alerta máxima en los centros carcelarios del país, sobre todo para los establecimientos que tienen personas privadas de la libertad que se encuentran sometidos a procedimientos de extradición, pues es evidente la perturbación que viven esos reclusos desde finales de 2019 y principio del año en curso. Donde más demandas de amparo se han presentado es en los Juzgados con residencia en Almoloya de Juárez, sede del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 “Altiplano”.
El primero en solicitar el amparo y protección de la justicia federal fue Jorge Iván Gastélum Ávila “El Cholo Iván”, ex jefe de plaza de Los Mochis para el Cártel de Sinaloa, y detenido el 6 de enero de 2016 junto a su jefe “El Chapo” Guzmán. Señala como actos reclamados la extradición, deportación o expulsión del país; y como autoridades responsables a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y al fiscal general de la República, entre otras.
El despacho de los abogados Castillo, que también representó a “El Chapo” cuando estuvo en el “Altiplano”, no solo patrocinan al “Cholo Iván”, sino a otros extraditables que presentaron demandas de amparo, como Javier Pineda Chávez, Luis Felipe Sánchez Tinajero, José Omar Vázquez Lara y Jesús Girón Arvayo Mendoza.
Pineda Chávez fue detenido en julio de 2010 como presunto sicario al servicio de La Familia Michoacana, mientras que Sánchez Tinajero, identificado con Los Zetas, tiene como antecedentes haberse fugado de la cárcel distrital de Calera, Zacatecas en abril de 2012, junto a otros nueve reos. Jesús Girón Arvayo también escapó de una prisión, la de Agua Prieta, Sonora, en agosto de 2012.
Por su parte, Vázquez Lara, ligado a Los Zetas, fue detenido en marzo de 2011 en Guadalupe, Nuevo León. En febrero de 2016 participó en una riña colectiva en el extinto penal de Topo Chico, que dejó saldo de 49 internos muertos; fue trasladado al Cefereso Número 9 de Ciudad Juárez. En septiembre de 2018, después de ser sometido a una cirugía en un hospital de Chihuahua, José Omar pretendió fugarse y fue contenido en forma violenta.
También en enero reciente pidió amparo Oscar Omar Treviño Morales “Z-42”, ex líder de Los Zetas en Nuevo Laredo, recluido en el penal de máxima seguridad de Almoloya. Además de reclamar la orden de traslado con fines de extradición o destierro, denunció presuntos malos tratos, aunque después se desistió de esta última demanda, “por lo que solicita que únicamente se tengan como actos reclamados los primeros”.
LOS EXTRADITADOS
Durante enero fueron extraditados siete presuntos narcotraficantes y tratantes de personas con fines de explotación sexual a Estados Unidos. La FGR entregó a los reclamados a oficiales norteamericanos. El primero de ellos fue José Sánchez Villalobos “El Señor de los Túneles”, uno de los principales operadores logísticos del Cártel de Sinaloa para el trasiego subterráneo de drogas al vecino país.
Una Corte Federal de California le reclamaba por cargos relacionados con asociación delictuosa y delitos contra la salud. Las autoridades norteamericanas le señalan como responsable de la construcción y operación de algunos de los narcotúneles descubiertos en los últimos tiempos en Tijuana.
También fue extraditado Mario Hidalgo Argüello “Nariz”, uno de los colaboradores más cercanos de “El Chapo” Guzmán, detenido en febrero de 2014 en Culiacán. Presuntamente llevó a agentes de la DEA y de la Marina mexicana a la principal guarida de su jefe, quien escapó y horas más tarde fue detenido en Mazatlán. “Nariz” intentaba probar que fue detenido por agentes extranjeros armados y no por marinos, pero finalmente fue entregado a la justicia estadounidense.
Martín “El Popeye”, miembro de la pandilla Barrio Azteca, relacionado con el atentado contra el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, fue extraditado, junto con Jaime “N” alias “Sergio Granados”, líder de la banda de Granados de Tenancingo, dedicada a la prostitución; y otros individuos identificados como Nelson, Jorge y Fernando, quienes eran buscados por cortes federales de Nueva York, California, Tennessee, Arizona y Texas por diversos ilícitos.
Un mes antes, para finalizar 2019, la FGR entregó a Noel “El Flaco” Salgueiro Nevárez, operador del “Chapo” Guzmán en Chihuahua, requerido por delitos contra la salud en El Paso, Texas; Óscar “A”, narcotraficante reclamado por la Corte Federal de Texas por su probable responsabilidad en asociación delictuosa y delitos contra la salud; así como Benigno Gordillo, acusado de seis cargos de abuso sexual en contra de dos menores de edad en una Corte de Distrito de Colorado.
Ismael Zambada Imperial “Mayito Gordo”, hijo del narcotraficante Ismael “Mayo” Zambada García, líder del Cártel de Sinaloa; Mario Núñez Meza “M-10”, otro apoyo de Joaquín Guzmán Loera en Ciudad Juárez; y Carlos Herrera Ávalos y/o Gustavo Rivera Martínez “P1”, una de las piezas importantes del CAF que operó en la primera década del nuevo milenio, son otros de los que cruzaron la frontera para ocupar cárceles norteamericanas.
El líder de Los Zetas, José María Guízar Valencia “El Z-43” o “El Amo”, detenido en 2018 y por el que existía una recompensa de 5 millones de dólares en Estados Unidos; José Odilón Ramírez Perales “Kuno”, operador de Los Zetas en Coahuila, preso desde 2012 y señalado en la Unión Americana por lavado de dinero, narcotráfico y terrorismo; y Francisco Hernández García “El Panchillo”, colaborador de los hermanos Beltrán Leyva, también fueron extraditados.
Los otros personajes que cambiaron a un penal en el extranjero son Juan Carlos Juárez Torres, acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud; José Ángel Solorio, reclamado desde junio de 1987 en San Diego por doble homicidio y lesiones de otras dos personas; Alejandro Gutiérrez Zarco, acusado de delitos sexuales en agravio de una menor de edad en una Corte de Distrito de Utah; y Salvador Martínez, detenido en Monterrey, cuya captura fue solicitada por la Corte Federal de Texas por asociación delictuosa y delitos contra la salud, cierran la lista de los que ahora son presos al otro lado del muro.
PLANES FRUSTRADOS
Luego de la fuga de “El Vic” del Reclusorio Preventivo Sur de Ciudad de México, adonde fue trasladado de un penal federal ilegítimamente, se encendieron los focos rojos con todos aquellos internos de la delincuencia organizada que de forma por demás extraña consiguieron salir de las prisiones de máxima seguridad para instalarse en las porosas cárceles capitalinas.
Otro extraditable descubierto a tiempo antes de que se evadiera de un penal de CDMX fue Abigael González Valencia “El Cuini”, quien desde 2016 lucha jurídicamente contra la irremediable entrega a EU, donde es requerido por asociación delictuosa para distribuir cocaína y metanfetamina, y por uso de arma de fuego con fines de narcotráfico. Misteriosamente logró ser reubicado en el Reclusorio Norte capitalino en febrero de 2019, pese a su perfil criminológico de alta peligrosidad.
Las autoridades locales lograron deshacerse temporalmente del michoacano, al que trasladaron al Cefereso Número 14 en Gómez Palacio, Durango, pero meses después consiguió regresar al Reclusorio Norte por orden de un juez. Abigael obtuvo una suspensión para no ser removido a máxima seguridad, pero ya se escuchaban versiones de que el cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG, preparaba su fuga.
Fue en julio de 2019 cuando hombres armados y encapuchados grabaron un video anónimo para advertir de los planes del “Cuini”. En respuesta, las autoridades le enviaron al Cefereso Número 1 “Altiplano”. El periódico Milenio publicó que en la cárcel capitalina, González Valencia gozaba de canonjías.
En esos días también fue filtrada la versión de que el sobrino del “Cuini”, Rubén Oseguera González “El Menchito”, planeaba escapar del Cefereso Número 2 “Occidente” en Puente Grande, de donde se fugó “El Chapo” Guzmán en 2001. Eso le valió al hijo del “Mencho” ser trasladado al Cefereso Número 15 en Villa Comaltitán, Chiapas. En esa entidad fue vencido en un juicio de amparo y se reafirmó una inminente extradición, que hasta el momento no se ha efectuado. Para ello lo remitieron al Cefereso Número 11 en Hermosillo, Sonora, donde el junior promueve otras acciones.