Justicia lenta para Javier Valdez

Damaso Lopez Serrano, "El Mini Lic"
 
Edición Impresa lunes, 3 febrero, 2020 01:00 PM

Orden de aprehensión contra Dámaso López Serrano “Mini Lic” como autor intelectual del homicidio del periodista, no garantiza justicia, asegura Ismael Bojórquez, director del semanario Ríodoce. Los presuntos asesinos materiales y su defensa han retardado el proceso penal. En Estados Unidos, Dámaso López Núñez “El Licenciado” niega ministerialmente tanto su participación como la de su hijo en el homicidio. De ser condenado, “Mini Lic” tendría que cumplir su sentencia en una prisión norteamericana

Casi mil días han transcurrido desde que el escritor y periodista Javier Valdez Cárdenas, fundador del semanario sinaloense Ríodoce, fue asesinado en Culiacán. Aunque los presuntos autores materiales del crimen se encuentran presos y se ha librado orden de captura contra el señalado autor intelectual, Dámaso López Serrano “Mini Lic”, el paso del tiempo continúa hacia la impunidad.

Por lo menos así lo considera Ismael Bojórquez, director del periódico, quien en el portal web publica la cuenta de cada día que pasa sin justicia desde el 15 de mayo de 2017, cuando Javier fue victimado a balazos por pistoleros de una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

Para el periodista, el anuncio de la orden de aprehensión contra López Serrano es una luz de esperanza, aunque muestra insatisfacción por las investigaciones y la causa penal.

Apenas el jueves 23 de enero de 2020 volvió a posponerse el desahogo de la audiencia de los enjuiciados por el homicidio de Valdez Cárdenas. Los abogados de Heriberto Picos Barraza alias “Koala” y Juan Francisco Picos Barruete alias “Quillo”, quienes se encuentran en el penal federal de Guasave, consiguieron tiempo para aportar nuevos datos de prueba que presuntamente podrían modificar la teoría del caso. A fin de garantizar el debido proceso, el Juez de Control acordó que la audiencia se celebre hasta el 27 de febrero.

A como marchan las cosas, Bojórquez estima que el conteo de los días de impunidad serán muchos más. “Quizás, cientos de días más, o miles. No lo sé. No ha sido un proceso ágil. Más bien ha sido un proceso muy lento. La defensa ha logrado diferir con un argumento u otro las audiencias. Es la quinta ocasión que se difiere la audiencia, y curiosamente el mismo día se dictó la orden de aprehensión contra el ‘Mini Lic’”, declararía.

En efecto, en esa fecha, la Fiscalía General de la República (FGR) informó a través de un comunicado que un Juez de Control especializado en el sistema penal acusatorio dictó orden de aprehensión contra Dámaso López Serrano, señalado de ser el autor intelectual del asesinato de Javier Valdez. La dependencia agregó que debido a que “Mini Lic” se encuentra recluido y bajo proceso penal en Estados Unidos, inició las gestiones necesarias para obtener su extradición.

Foto: Cuartoscuro.com.- El periodista Javier Valdez Cárdenas fue asesinado a balazos, en la calle Mariano Rivapalacio casi esquina con Epitacio Osuna de la colonia Jorge Aldama, a unos metros del semanario Río Doce, del cual era director.

Vale mencionar que López Serrano se halla preso desde el 27 de julio de 2017, cuando cruzó la frontera norte del país y se entregó a personal de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). El hecho ocurrió casi tres meses después que su padre, Dámaso López Núñez “El Licenciado”, fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y del Ejército Mexicano en Ciudad de México.

Se dijo entonces que “Los Dámaso” controlaban algunas células del Cártel de Sinaloa en la región de Eldorado y en Baja California Sur, por lo que mantenían una disputa con los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán por el control de una parte de la organización; hechos que incrementaron la violencia en diferentes zonas del Noroeste y en la península en el Mar de Cortés.

 

JUSTICIA RETARDADA

El director de Ríodoce no oculta su malestar por la forma en que marchan las pesquisas y el proceso penal:

“Nosotros y los abogados coadyuvantes de la familia estamos molestos, porque vemos en la Fiscalía falta de pericia, inexperiencia, que sé yo, porque por quinta vez la defensa ganaba tiempo. Y entonces, en términos de justicia, el tiempo es muy importante, porque si pretenden hacer justicia muchos años después de que un crimen se cometió, pues ya no es justicia. Para nosotros era muy importante que se dieran pasos”.

Después de todo, la noticia de la imputación y del mandamiento judicial obtenido contra Dámaso junior tiene su relevancia.

“Se supone que la Fiscalía tiene elementos para hacerlo, ¿no?, porque en la mayoría de los casos, casi en el cien por ciento de los casos de crímenes de alto impacto, ya no digamos de periodistas, no se llega al autor intelectual. Nunca, nunca jamás se toca al autor intelectual. Ahí está el caso del ‘Gato’ Félix, ahí lo tienen ustedes. Tantos años han pasado y ya salieron los autores materiales de la cárcel, pero el autor intelectual, ahí anda el cabrón”, externó Ismael Bojórquez.

Sin embargo, el periodista pone los pies sobre la tierra, y, si bien el anuncio es una esperanza para que el crimen de Javier Valdez no quede impune, “seríamos muy ilusos nosotros, conociendo el sistema de justicia mexicano, si pensamos que con esto ya se da por hecho que lo van a sentenciar, que lo van a condenar. Y no. Creo que falta mucho todavía, los autores materiales ni siquiera han sido sentenciados. Ni siquiera se ha efectuado la audiencia de la etapa intermedia, la que permite la acusación ya formal, se confronta con la defensa, los alegatos y que eso le permita al juez emitir una sentencia. Todavía ni siquiera tenemos eso”, lamentó.

“Él (Mini Lic), hay que recordarlo, está preso en Estados Unidos. Allá se está siguiendo un juicio, por allá del mes de marzo va a tener una audiencia y posiblemente ahí se le sentencie. No lo sabemos, pero según lo que nos ha dicho el propio fiscal, titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de Libertad de Expresión (FEADLE), Dámaso hijo va a tener que purgar su condena, la que sea, no lo sabemos todavía, en Estados Unidos. Y una vez que cumpla la condena allá, que pueden ser de cinco, diez años, qué sé yo, opere la extradición que se está tramitando ya desde el día siguiente que se libró la orden de aprehensión”, agregó.

Foto: Cortesía

Bojórquez es optimista, pero sabe que faltan muchos trámites y tiempo por transcurrir en esta lamentable historia. Macabra, diría Valdez, que gustaba de esa palabra.

“El hecho de que esté el ‘Mini Lic’ en Estados Unidos está dificultando que se haga justicia acá en México por el caso de Javier”, sentencia el director de Ríodoce. El propio semanario reveló que López Serrano se deslinda de la imputación formulada en su contra por el asesinato.

“Tuvimos contacto con el abogado al día siguiente que se libró la orden de aprehensión, estábamos cerrando edición. Logramos saber quién era el abogado del ‘Mini Lic’ y nos comunicamos con esa persona. Nosotros no hemos tenido ningún contacto con Dámaso junior, pues obviamente no se puede, ¿no? Está preso. Pero sí contactamos con el abogado, y a través de este, se nos hizo llegar el mensaje del ‘Mini Lic’, mismo que hicimos público a través de una nota en la página web”, explicó el editor.

 

LOS PROCESADOS

A la fecha, los presuntos autores materiales del asesinato de Javier Valdez Cárdenas guardan prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social Número 8 en Guasave, Sinaloa, conocido como “Penal de la 300”. Se encuentran a disposición del Juez de Distrito Especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado, dentro de la causa criminal 49/2018.

“Koala” fue vinculado el 29 de abril, tras su detención días antes de esa fecha en Tijuana. “Quillo” quedó sujeto al mismo proceso el 11 de junio de ese año, tras ser descubierta su identidad en un penal de esta frontera, donde estaba detenido por la portación de armas de fuego. Ambos promovieron juicios de amparo ante el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. “Koala” el 369/2018 y “Quillo” el 487/2018, pero les fue negada la protección de la justicia federal.

Pasó más de un año después del crimen ocurrido el 15 de mayo de 2017 para que fueran detenidos. Aquel día, poco después de las 12:15 horas, los ahora procesados y un tercer sujeto identificado como Luis Ildefonso “Diablo”, que circulaban en un auto Nissan Versa de color gris con vidrios polarizados, interceptaron al periodista que viajaba en su vehículo Toyota Corolla color rojo, sobre las rúas Vicente Rivapalacio y Epitacio Osuna. Le obligaron a descender mediante amagos con armas de fuego y después le propinaron 13 balazos con armas calibres 9 milímetros y 380. Los matarifes huyeron en ambos automotores y a unas quince cuadras abandonaron el de Javier, entre una barda y un poste.

Las investigaciones de la Fiscalía echaron mano de la intervención de comunicaciones y lograron ubicar a un testigo, hoy con identidad reservada, quien se dijo conocido de los primos Heriberto y Juan Francisco, de quienes escuchó una conversación en la que “Quillo” confesaba haber privado de la vida a su víctima. “Tuvimos que matar al periodista de Culiacán, Javier Valdez”, fueron las palabras del declarante.

También refirió que en la charla de los homicidas conoció que, como pago por su participación en los hechos, estas personas recibieron un arma de fuego plateada y “se tuvieron que aventar el jale por la publicación que había hecho y que a la gente de Eldorado no le había gustado, por eso lo tuvieron que matar”.

La FEADLE completó la investigación con un análisis respecto del trabajo periodístico realizado por Valdez, tanto como editor de Ríodoce, como de la media docena de libros que escribió. “El Diablo”, se supo durante las pesquisas, fue asesinado en Sonora en septiembre de 2017.

La defensa de “Koala” y “Quillo” alegó que las entrevistas que recabara la autoridad investigadora los días 21, 22 y 28 de julio de 2017, al testigo de identidad reservada, no son señalamiento directo contra sus clientes, pues no presenció los hechos y solo es un testigo de oídas, por lo que “no se trata de una prueba razonable, idónea y pertinente” que pudiese aportarse al juicio. Sin embargo, tanto el juez de la causa como el de amparo, estimaron que el testigo estuvo presente cuando de voz de los presuntos autores materiales escuchó dicha conversación.

 

“EL LICENCIADO”

ZETA preguntó a Ismael Bojórquez si, después de anunciarse la imputación a “Mini Lic” como presunto autor intelectual del crimen, podría esperarse un señalamiento en dicha autoría en contra de Dámaso padre. “Hasta ahora, por lo que nosotros sabemos, la autoría intelectual está enfocada en el hijo, Dámaso López Serrano ‘Mini Lic’. Hasta ahora no se ha acusado a Dámaso López Núñez del crimen de Javier”, aclaró.

“De hecho la Fiscalía ya corrió una diligencia en Estados Unidos con ‘El Licenciado’, fue interrogado de manera ministerial en un lugar de Virginia en Estados Unidos, pues está en una prisión de esa localidad. Se le sacó de la prisión o ahí mismo, eso no lo sé, pero se efectuó una diligencia en la que se le sometió a un interrogatorio y Dámaso López Núñez dijo en ese acto que la célula que mató a Javier pertenecía a su organización”, agregó el periodista.

En la diligencia en suelo norteamericano, Dámaso “dijo que la pistola que ha salido ahí a colación en el expediente, con la cual se pagó a uno de ellos, creo que es al jefe de la célula Francisco ‘Quillo’ y tiene el rostro del ‘Licenciado’ en una cacha, y en la otra cacha el rostro de su hijo, la reconocía, pues esa arma la tuvo en sus manos”, compartió Bojórquez.

Quien fuera compañero de Javier Valdez prosigue: “También reconoció que él le había dado la entrevista a Javier a través de WhatsApp, pero él nunca acepta que haya ordenado el crimen y también que su hijo tampoco lo hizo, eso dice en su declaración. Es una declaración ministerial que se va a integrar al expediente y que la Fiscalía está esperando le sea remitida por el gobierno norteamericano, porque todavía está en trámite”.

En la misma declaración, de acuerdo con Bojórquez, Dámaso vuelve a culpar a los hijos de Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán del crimen de Javier, “pero él no está siendo acusado de la autoría intelectual del crimen; él solamente fue entrevistado, interrogado en torno al caso como un testigo, digamos”, finalizó.

Son tiempos difíciles para el periodismo en México. La herida está abierta para el gremio, para los compañeros de Ríodoce, sobre todo para la viuda de Javier Valdez, Griselda Triana, quien no se cansa de exigir la justicia que corresponde al atroz asesinato.

Apenas un año antes, ella acudió a Palacio Nacional para solicitar el apoyo del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibiendo la promesa que se investigará el crimen a fondo. El tiempo no se detiene, y con él, la impunidad sigue su marcha.

Aguayo exhibe 450 mil pesos; SCJN atraería el caso

Sergio Aguayo y Humberto Moreira

A la espera de encontrar eco entre sus compañeros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena atrajo el amparo directo 906/2019, promovido por Sergio Aguayo Quezada, en contra la sentencia de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para reparar el daño moral al político Humberto Moreira por 10 millones de pesos,

El jurisconsulto estima que el fallo de segunda instancia que condena al académico a pagar la importante suma de dinero en favor del ex gobernador Moreira, es violatoria de la libertad de expresión, por lo que ahora debe presentar un proyecto exponiendo las razones de importancia y trascendencia que motivarían que la SCJN resolviera el asunto.

Gutiérrez Ortiz Mena mostró interés en el caso después que el 27 de enero, Aguayo publicó en sus redes sociales que tuvo que exhibir una garantía de 450 mil pesos ante el Juez 16 de lo Civil de la Capital del país, para que no le fuesen embargados bienes por la cantidad de 10 millones de pesos; reparación del daño moral a la que fue condenado en octubre de 2019 por la demanda presentada en su contra tres años antes, por el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.

Aguayo publicó en Twitter: “La amenaza de embargo ha sido conjurada. Hace minutos transferí los 450 mil pesos exigidos como garantía. Con eso aplacaré (por un tiempo al menos) a Humberto Moreira y la que parece ser una red de apoyo en el Poder Judicial de la CDMX. Gracias, muchas gracias, por tanta solidaridad”.

Miles de personas demostraron su descontento por el acoso y presión judicial en contra del investigador a través de la misma red social. Lo mismo ocurrió con defensores de derechos humanos, agrupaciones de la sociedad civil, académicos y periodistas, quienes criticaron que el ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional aún haga gala de poder y presunto tráfico de influencias.

El embate contra Aguayo Quezada se registró después de que los abogados de Humberto Moreira Valdez exigieran al juez civil el cumplimiento de la sentencia. El juzgador emitió un acuerdo en el que ordenaba el embargo de bienes del demandado para que se ejecutoriara el fallo.

El asunto deriva de la demanda interpuesta por el político coahuilense a mediados de 2016, cuando se sintió agraviado por un artículo de opinión firmado y publicado por el demandado el 20 de enero del mismo año en los periódicos Reforma y El Siglo de Torreón. En su escrito, Sergio Aguayo plasmó: “Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”.

La publicación tuvo como ocasión la detención sufrida por Moreira Valdés en España, donde las autoridades ibéricas le investigaron por lavado de dinero. Pero una semana después le dejaron en libertad al no acreditarse delito alguno.

Inicialmente Sergio Aguayo fue exonerado, pero la sentencia fue revocada y se le condenó no solo al pago de la cuantiosa indemnización, sino a la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria a su costa en los mismos diarios, formatos y espacios donde se difundieron los hechos y opiniones que constituyeron “la afectación del patrimonio moral del actor”.

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