Durante la campaña y los tres meses transcurridos de administración estatal, Jaime Bonilla Valdez se la ha pasado hablando de los actos de corrupción de su antecesor, Francisco Vega de Lamadrid, y de cómo lo hará pagar por sus fechorías con cárcel… o con activos, agregó recientemente.
Esta ha sido una bandera aplaudida por la población en general, porque fue precisamente el hecho de que los bajacalifornianos se hartaran de los funcionarios corruptos, lo que le permitió a los desconocidos candidatos de Movimiento Regeneración Nacional, llegar a sus actuales puestos.
El problema es que en la vida real, ni el gobernador ni el resto del gabinete de la Cuarta Transformación están haciendo nada concreto, palpable en el Estado, para evitar licitaciones a modo, cobros de comisiones a cambio de contratos cuyas condiciones son para favorecer a empresarios en contra del erario; o para castigar el uso de facturas o empresas falsas, o impedir que los gobernadores salientes dejen deudas escondidas, como los 33 millones que, asegura Bonilla, heredó de Vega.
A la fecha, más allá del mero discurso del ingeniero, la única acción contra la corrupción fue consecuencia del trabajo de un funcionario que desarrolló su carrera en los gobiernos panistas, hijo de panista e impuesto por la mayoría panista como auditor superior del Estado, Carlos Montejo Oseguera. Su equipo fue el que descubrió e informó a los de la 4T de las empresas fantasma y facturas falsas, antes de que le pidieran la renuncia.
El resultado de ese trabajo superficial y en ciernes, lo presentó como denuncia el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, ante la Fiscalía General del Estado, acusando a 40 empresas fantasma y un presunto desvío por mil 200 millones de pesos del erario.
En declaraciones recientes, Jaime Bonilla afirma que sin terminar de revisar, ya han detectado más de 2 mil millones de pesos desviados y otras 50 empresa involucradas en actos irregulares. Pero nada más.
Las propuestas del gobierno bonillista que dividieron en diez ejes, contienen un apartado especial para el tema de Transparencia y Corrupción, en el cual plantean las siguientes acciones:
- Cero corrupción. Máxima pena y muerte civil a funcionarios corruptos. Cero tolerancia para actos de corrupción. Todo acto indebido en el servicio público será consignado ante las autoridades judiciales.
Aunque desde el 4 de noviembre de 2019, el Ejecutivo se enteró de los moches presuntamente recibidos por algunos de sus funcionarios, 20 millones de pesos a cambio de promesas de contratos, los mantuvo en sus puestos un mes, hasta el 2 de diciembre. De hecho fueron removidos luego que la prensa hiciera pública la investigación. Y el gobernador defendió y retuvo (hasta la fecha) al secretario general Rodríguez Lozano, también mencionado en la acusación.
- Impulsar la creación de un catálogo delitos que sancionen a quienes, por negligencia, omisión o dolo desperdicie los recursos públicos. Nadie trabaja aun con el catálogo existente.
- Transparentar las adquisiciones y licitaciones de gobierno; no se realizarán obras ni se ejecutarán proyectos contrarios a lo que el pueblo quiera. Se establecerán comités ciudadanos de seguimiento a la obra pública.
En la recién aprobada Ley Orgánica del Estado exponen que una de las facultades de la Oficialía Mayor será definir la conformación y el funcionamiento de estos Comités Ciudadanos de Obra, mientras que la Secretaría de Honestidad tiene la misma facultad con los Comités Ciudadanos de Licitaciones, ambas en coordinación con la Secretaría General. Sin embargo, se dieron un año, hasta el 31 de octubre de 2020, como plazo para regular su creación y no lo han hecho.
En cuanto a las licitaciones tampoco se han transparentado en la página del gobierno estatal, donde no aparecen ni contratos, ni los videos de las sesiones del Comité de Adquisiciones. Nada de las empresas que han trabajado en las obras de las comisiones de agua. Nada de la empresa Alimentos con Idea, que desde la primera semana de noviembre da de comer a los internos de los Centros de Readaptación Social en Baja California. Nada de los proveedores de los desayunos escolares. Nada de nadie.
Lo único que consignan en su portal de Transparencia en cuanto a proveedores, es el gasto de la Oficialía Mayor de un millón 219 mil 493 pesos entre noviembre y diciembre. Erogados en la compra de pocos escritorios y sillas, dos cámaras de vigilancia por 13 mil 800 pesos, seis servibares de 5 mil pesos cada uno, una antena de 92 mil pesos, tres guantes médicos, 100 cajas de Petri y mucha papelería y tóner, probablemente para el cambio de la documentación oficial a los colores de Morena. Y otros 5 mil 019 pesos en papelería y tóner en enero de 2020.
En cuanto a la promesa de “eliminar el fuero al gobernador y servidores públicos, estatales y municipales”, el 9 de marzo de 2017 se le adelantó la XXII legislatura eliminándolo por votación unánime.
Dado que esas acciones siguen en veremos, eso de que “Los funcionarios responsables responderán ante la ley por actos indebidos, cárcel a los corruptos actuales y futuros. ¡Hasta aquí llegaron!”, evidentemente, llevará más tiempo.
El único mecanismo de control establecido hasta ahora, está en las reformas a la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos, y Ley de Responsabilidades Administrativas, aprobadas por el actual Congreso para evitar que un gobierno saliente le niegue información a uno entrante, como sucedió con la salida de los panistas y la llegada de Morena. Pero será útil hasta dentro de 21 meses, cuando concluyan los actuales gobiernos de transición.
Entonces, si el gobernador y su Congreso realmente quieren combatir la corrupción como lo pregonan, podrían hablar menos y actuar más. Empezar por regular la creación de los comités ciudadanos de seguimiento a la obra pública, y, de manera más inmediata, hacer un en vivo en redes sociales, como tanto le gusta, pero de las sesiones de los comités de adquisiciones, y dejarlas disponibles en línea, al igual que los contratos y licitaciones. Esto último es menos complicado, porque depende de la voluntad de Bonilla dar la orden para cumplir la palabra empeñada.
