Daniel Díaz, agente que resultó lesionado durante las protestas de Pemex en 2017, aún no termina su recuperación; sin embargo, desde que inició el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, le han recortado su sueldo. Su trabajo, incluso, podría estar en riesgo.
En entrevista con ZETA, Díaz relató que hace tres años les dieron una carta comisión -para proteger a la Policía Federal en Playas de Rosarito- por las protestas que se estaban realizando en Pemex, a causa del aumento del combustible.
Durante este evento, Daniel fue uno de los lesionados, con fractura en el tobillo izquierdo por el automóvil de “Refaccionaria Del Valle” que irrumpió en el lugar; desde entonces tuvo atención médica y su salario seguro, hasta que inició la nueva administración estatal.
“Ahora que entra este nuevo cambio, el grupo de Morena y su nueva administración, me veo afectado el 8 de noviembre en mi cheque; mi paga de la catorcena me llega de mil 600 (pesos), cuando generalmente era de tres mil 184”, confesó.
Díaz agregó que acudió a las oficinas, en ese entonces encabezada por Marcos Esteban Juárez Escalera “El Caminante”, señalado por Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, por ser el enlace de policías ministeriales de Guerrero, autoridades de Guerrero y sicarios de una célula del cártel de Guerreros Unidos, quienes participaron en la desaparición y homicidio de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” el 26 de septiembre. (“‘Caminante’ está en gobierno de BC”, Semanario ZETA ed. 2390).
El agente acudió al área de Recursos Humanos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de La Mesa, en donde les entregó un nuevo resumen clínico, actualizado al 30 de octubre; pero se lo rechazaron y pidieron uno nuevo, porque el anterior era para la administración saliente (de Francisco Vega de Lamadrid).
“Pido hablar con alguien de más rango, y estaba este señor (Juárez Escalera) y otras tres personas. Me dice ‘yo soy el director general de Centros Penitenciarios, el general Juárez Escalera, soy tu jefe. ¿Qué es lo que quieres?’”, comentó.
Al explicarle sobre la reducción de su sueldo, su estado de salud y el avance de su tratamiento y rehabilitación, “El Caminante” le anuncia que quieren llegar a un acuerdo con todas las personas incapacitadas para que vuelvan a trabajar, porque “el gobierno no está en posición de estarlos manteniendo”, refirió.
Una de las asistentes a esa reunión, le comentó al agente que en un inicio se vería afectado en un 50 por ciento; después en el 30; y al último, nada. Y que tal vez se le iba a respetar uno o dos años de incapacidad, pero ya no le iban a pagar su salario.
Daniel Díaz aún tiene 10 sesiones más de terapia, y algunas citas con el traumatólogo; usa bastón, pues su pie quedó torcido. Además, debe adquirir su medicamento por fuera.
Cuauhtémoc Castilla, subsecretario del Sistema Penitenciario del Estado, comentó a este Semanario que la situación del custodio corresponde a un reglamento de Issstecali, el cual indica que no se puede dar incapacidad por más de dos años; sin embargo, darán asesoría y acompañamiento al afectado, y su trabajo seguirá seguro hasta que su situación mejore.
