Jaime Bonilla Valdez aprovecha cualquier escenario, entrevista o hasta reunión con vecinos, para arremeter contra su antecesor Francisco Vega de Lamadrid, asegurando que dejó “quebrado” al Estado, acusándolo de “rata” sin preocupación alguna. Una de sus frases ensayadas, es la que señala al ex mandatario de tener más de 2 mil millones de pesos en facturas apócrifas, descubiertas cuando se formalizó la entrega de las oficinas gubernamentales. Pues resulta que nadie tiene esas facturas, o por lo menos no las quieren exponer, pues en una solicitud de Transparencia con número 00082720, realizada por Dichoz y Hechoz, se requirió copia de todas esas facturas simuladas, puesto que las expresiones de un funcionario o representante popular, también forman parte de la información pública que debe transparentarse. La oficina del gobernador y la Oficialía Mayor respondieron de manera formal no contar con tales datos, toda vez que son responsabilidad de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, esta última indicó que no tiene ese tipo de atribuciones, por lo que no puede responder a la solicitud. Y lo que es peor, dirige la pregunta a la Auditoría Superior del Estado, ente ajeno al Gobierno del Estado. Entonces, la Secretaría de Hacienda no tiene información de las facturas falsas a las que se refiere el gobernador Bonilla, pero está obligado a responder por los señalamientos. Que recuerden la resolución UCT-182/133 del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la cual consejeros ordenaron a Francisco Rueda Gómez, ex secretario general de Gobierno, comprobar los nexos que tenía Mexicali Resiste con el partido político Morena, lo cual se originó a través de sus múltiples dichos ante medios de comunicación. La sentencia se emitió en noviembre de 2018 y obliga a los funcionarios públicos a responder por los señalamientos que realizan en pleno ejercicio de sus funciones.
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