Como si hiciera falta darle más poder al poder, la Fiscalía General del Estado (FGE) busca apoderarse del único ente que fungía de contrapeso en sus investigaciones, muchas veces -por no decir todas- viciadas de origen por las malas prácticas que se arrastran desde el sistema de justicia tradicional.
Es bien sabido que agentes ministeriales y estatales usan algunas “trampas” para poder encuadrar los casos. Desde una detención ilegal que disfrazan de legal, la “siembra” de “evidencia” para mantener cautivo a un individuo y así poder armar el caso en su contra; hasta la fabricación y manipulación de declaración de testigos. En fin, la intención es que una buena investigación sea arruinada con algo tan insignificante como… la verdad.
Esto, sin duda se va a lograr con la iniciativa de decreto presentada el 4 de febrero por el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, y el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, ante el Poder Legislativo, precisamente con el objetivo de que el Servicio Médico Forense (Semefo), dependiente del Poder Judicial, traslade sus funciones a la FGE.
Básicamente esto le daría más poder al poder, pues concedería una enorme facultad a la Fiscalía, actualmente dirigida por Guillermo Ruiz Hernández, para manipular a su antojo los dictámenes -hasta el momento- independientes.
Y es que se debe recordar que el Semefo, actualmente dirigido por el doctor César Raúl González Vaca, se encarga de dos temas: emitir causas de muerte y llevar a cabo los Protocolos de Estambul, estos últimos utilizados para determinar si existe evidencia de tortura cometida por cuerpos policíacos. Por si fuera poco, estas solicitudes van en aumento.
Por ponerlo de otro modo, la FGE determinará sí sus agentes torturaron a una persona acusada por algún hecho delictivo, lo que evidentemente resta independencia al dictamen.
De hecho, el mismo texto precisa que al depender de diferentes entes “con atribuciones y responsabilidades igual distintas, propicia la emisión de resultados que puedan contraponerse, no precisamente contradecirse, pero sí con elementos que no den claridad requerida por la Fiscalía”. En otras palabras, buscan homologar los documentos expedidos por el Semefo porque puede que no coincidan con lo que busca probar la Fiscalía.
La misma iniciativa pretende someter a los médicos a Exámenes de Control y Confianza, los cuales serán llevados a cabo por el mismo ente autónomo dirigido por el compadre del gobernador, en donde se establece que no incurrirán en responsabilidad sí deciden prescindir de sus servicios por no acreditarlos, dejando carta abierta a un despido discrecional del personal que actualmente ahí trabaja.
Otro de los argumentos, es que el Semefo no realiza autopsias las 24 horas del día, por lo que en algunas ocasiones requieren información adicional en horarios fuera de oficina, y no hay nadie que los apoye.
El hoy finado Francisco Acuña Campa, uno de los hombres que más ha aportado en el ámbito forense al servicio público de Baja California, fue un férreo opositor de esta unión y mantuvo una postura crítica en 2012, cuando el diputado panista Ricardo Magaña Mosqueda creó el Instituto de Ciencias Forenses, el cual separaba al Semefo del Poder Judicial y lo incluía en un instituto de conformación cuestionable.
Tras casi dos meses de presión, se logró dar marcha atrás a esa iniciativa. Los argumentos expuestos en ese entonces eran prácticamente los mismos: el Poder Judicial garantizaba cierta autonomía al no ser una herramienta del Ministerio Público para comprobar culpabilidad, sino una del juez para llegar a la verdad.
Veremos sí la Oficialía de Partes del gobernador, es decir, del Poder Legislativo, revisa el tema con seriedad. O simplemente le da trámite como prácticamente todo lo que ha propuesto el mandatario.
