Las posturas del Gobierno de México han sido contradictorias respecto al tema de migración. Las promesas de Andrés Manuel López Obrador a los migrantes centroamericanos no se han cumplido. Todo sucedió después de la amenaza de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a productos mexicanos si no sellaban las fronteras, lo que la administración de la autollamada Cuarta Transformación hizo con miles de elementos de la Guardia Nacional, cuya función original era combatir la inseguridad del país
En su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador afirmó que ayudaría a los centroamericanos con empleo a través de las obras de infraestructura proyectadas (Tren Maya y Refinería de Dos Bocas, entre otras) y a través de inversión productiva en sus países de origen.
El 17 de enero de 2019, más de un mes después de su toma de posesión como Presidente de México, personal del político tabasqueño recibió a centenares de centroamericanos que llegaron en una nueva caravana al puente fronterizo entre Guatemala y Chiapas.
Los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) recibieron a alrededor de mil migrantes centroamericanos, a quienes les indicaron que solo debían registrarse para obtener un permiso de estancia por un año, sin ninguna restricción para salir del país, lo cual aceptaron e hicieron.
Casi tres meses después, el 22 de abril, integrantes de otra caravana de migrantes -en su mayoría hondureños- fueron emboscados por agentes del INM y la Policía Federal mexicana. Un día después, en su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo federal argumentó que su gobierno intentaba proteger a los centroamericanos.
Así, una y otra vez, López Obrador ha sostenido un doble discurso, al ofrecer a los migrantes hasta 4 mil empleos en el sur del país, para después asegurar que mantendrá su política de impedirles el tránsito por suelo mexicano en su trayecto a Estados Unidos, y que han deportado vía aérea, a por lo menos mil hondureños que pidieron dicha medida de forma “voluntaria”.
Sin embargo, activistas y organizaciones no gubernamentales han denunciado que cientos de migrantes están incomunicados en estaciones migratorias de Chiapas y Tabasco, entre otras entidades, sin poder hablar con sus familiares. Además de no recibir información por parte del INM, ni la posibilidad de pedir refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar).
Fotos: Isabel Mateos/Cuartoscuro.com .- Después de un diálogo con las autoridades mexicanas, la caravana que cruzó por el río Suchiate fue detenida por al menos 300 elementos de la Guardia Nacional y elementos del Instituto Nacional de Migración. Con violencia fueron encapsulados en el área donde descansaban. Momentos después los hicieron subir a autobuses que estaban estacionados en la carretera. Los migrantes denunciaron que las autoridades no les informaron a donde serían trasladados, al menos 600 migrantes que fueron detenidos.
Asimismo, las denuncias afirman que muchos migrantes fueron deportados tras aceptar la expulsión, luego que las autoridades les dijeron que tendrían que pasar por lo menos seis meses encerrados.
A principios de mayo de 2019, AMLO lanzó el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, con el cual, se suponía, se atacarían algunas de las causas de la emigración centroamericana, principalmente a través de la generación de empleo.
El plan estaba siendo promovido ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea, pero el Presidente norteamericano Donald Trump irrumpió con su amenaza de aplicar aranceles del 5 por ciento a todas las importaciones mexicanas si no se contenía la migración centroamericana.
Ante dicho escenario, durante los primeros meses de 2019, el gobierno de López Obrador aceptó de forma tácita que los migrantes centroamericanos que buscaban -sin éxito- solicitar asilo en EU, esperaran en el lado mexicano de la frontera.
Apenas el miércoles 29 de enero de 2020, AMLO reconoció que evita pelear con su homólogo norteamericano y no quiso responder a los comentarios en los que Trump aseguró un día antes que México “está pagando, y muy bien” el muro fronterizo.
“(Debemos) Tener en cuenta que hay elecciones en Estados Unidos, entonces es un tiempo especial. Nuestra relación con ese gobierno es buena, no queremos pelearnos. Paz y amor, y aunque nos cuquen (molesten), no nos vamos a enganchar”, aseguró el mandatario nacional en su conferencia de prensa matutina.
“El muro está siendo pagado en última instancia, y muy bien, por México. Pronto lo descubrirán”, declararía Donald Trump en Nueva Jersey, para luego elogiar a López Obrador por el “fantástico” trabajo que ha realizado en la frontera común.
En marzo del año pasado, el republicano escribió vía Twitter que México no estaba haciendo nada para frenar la caravana de migrantes hacia EU, a lo que López Obrador respondió:
“Es que él tiene una visión que respeto yo y que considero legítima, pero nosotros tenemos como estrategia fundamental para atender el fenómeno migratorio, la creación de oportunidades de empleo y de bienestar”.
El 30 de mayo, Trump amenazó con fijar aranceles a los productos mexicanos y cerrar su frontera común si no era contenido el creciente flujo de centroamericanos que llegaba a EU tras haber recorrido México y otros países.
Hace apenas unos días, a mediados de enero, un contingente de agentes de la Guardia Nacional frenó el paso de por lo menos 3 mil migrantes, en algunos casos con enfrentamientos y gases lacrimógenos, que son respondidos a pedradas por los centroamericanos que intentan de cruzar a territorio mexicano a través de dos fronteras: El Ceibo, en Tabasco, y Ciudad Hidalgo, en Chiapas.
Esta fue la primera gran caravana de migrantes centroamericanos, después del acuerdo del 7 de junio de 2019, por el que México se comprometió en Washington con EU a frenar el flujo de indocumentados a cambio de que no se impusieran aranceles en las exportaciones.
Organizaciones internacionales han pedido a AMLO que garantice los derechos humanos de los centroamericanos. También han expresado preocupación por el impacto que las acciones de los elementos de la Guardia Nacional han causado en los niños migrantes.
El representante ante México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, reprochó que la “política migratoria distinta” que se ofreció al inicio de la actual administración federal en México, duró muy poco.
Durante su participación en el Quinto Foro Regional en Materia de Migración y Protección Internacional, Jarab recordó que en México, los migrantes que arriban de distintos países viven situaciones que no son distintas a las practicadas por gobiernos anteriores.
“Hace un año el cambio de gobierno ofreció una política distinta, se hizo el intento, pero sobrevivió unos pocos meses. Tenemos migrantes detenidos, cuyo derecho a la salud enfrenta insuficiente personal médico, niños sin educación, migrantes extra continentales en situación precaria”, abundó el alto funcionario para los derechos Humanos en la ONU.
“Los derechos de los menores de edad deben prevalecer por encima de cualquier estatus migratorio. La normatividad internacional establece que los niños migrantes deben tener los mismos derechos que los menores nacionales”, indicó Jarab.
Por su parte, tras reconocer que su sistema de inmigración enfrenta una crisis humanitaria, el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan, aseguró que las organizaciones criminales trasnacionales “están aprovechando al máximo la crisis humanitaria, utilizando a familias y niños como una distracción para llevar a las personas malas y las drogas a nuestro país”.
Sin embargo, López Obrador se mantiene firme en que han respetado los derechos humanos y controlado el paso de los migrantes para “protegerlos”, ya que según él, fueron engañados antes de salir de Honduras.
“Tenemos ya definida una política que nos ha dado resultados y podemos discrepar, esa es la democracia”, dijo el mandatario cuando un periodista le cuestionó por qué no permiten que los migrantes que no deseen permanecer en México, puedan cruzar el país para tratar de llegar a Norteamérica y solicitar asilo.
“Hay intereses en todos esos movimientos, la pregunta que uno se hace cuando suceden estas cosas: ¿De parte de quién? Porque no todo es espontáneo”, expuso en otro momento de la conferencia de prensa matutina del 29 de enero, sin otorgar mayores detalles.
Mientras tanto, se estima que alrededor de 60 mil migrantes han quedado varados en las ciudades mexicanas fronterizas con Estados Unidos, pese a que el Gobierno de México niega haber cedido a las presiones de Trump para que se convierta en “tercer país seguro”, que albergue a refugiados a los que EU niega el ingreso por tiempo indefinido.
En la práctica, el INM informó que, desde el 28 de enero y hasta nuevo aviso, suspenderá el acceso de las organizaciones de la sociedad civil a sus estancias migratorias y provisionales, para garantizar la operatividad de sus instalaciones y brindar atención prioritaria a los migrantes.
Sin embargo, el 29 de enero AMLO indicó que su administración no actuará con acciones coercitivas: “No, eso no. Prohibido prohibir, en todo, en casi todo, es convencer, persuadir, nada de acciones coercitivas, no somos conservadores. ¿Qué pasaba antes? Así actuaban, por eso calienta cuando nos quieren confundir. ¿Cómo creen que vamos a dejar sin poder asistir a un albergue a religiosos, a miembros de la sociedad civil?”, planteó el mandatario nacional.
Sobre las críticas a su política migratoria, incluso de integrantes de su partido, como las del diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que no la cambiara y no le molestan, porque no es un dictador. “Nada más que estamos haciendo lo que consideramos conveniente para la nación”, sostuvo.
“No aplauden, pero así es, prefiero la impopularidad”, comentó por su parte el diputado morenista Muñoz Ledo un día antes, después de exigir la salida de Francisco Garduño Yáñez, actual comisionado del INM, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Muñoz Ledo recordó que el país tiene una larga tradición de asilo a extranjeros, además, la entrada y el libre tránsito al país está protegido por la Constitución, por lo que propondrá una reforma en el próximo periodo de sesiones “para hacerlo más claro”.
El 23 de enero, en su cuenta de Twitter, publicó que parece que las agresiones a migrantes forman parte de una política de Estado y que los responsables deberán responder ante los legisladores: “La Guardia Nacional reincidió hoy en la agresión de migrantes centroamericanos. Parece ser una actitud sistemática o una política de Estado contraria a los más elementales derechos humanos. Quienes lo ordenaron deberán responder ante el Congreso”.
Y abundó: “Emplazo a (Secretaría de Gobernación) SEGOB para que deje de criminalizar a nuestros hermanos provenientes del sur y reconozca la jurisdicción de la COMAR. Basta de engaños y dobles lenguajes”.
Mientras tanto, organizaciones no gubernamentales alertaron del arribo de la llamada “Caravana del Diablo”, compuesta por entre 5 mil y 8 mil personas originarias de El Salvador, que llegarán a la frontera de México con Guatemala hoy viernes 31 de enero, según estimaron.
Por su parte, el sacerdote católico Alejandro Solalinde Guerra, director del albergue Hermanos en el Camino, aseguró que las caravanas de migrantes centroamericanos que han llegado a México no son espontáneas y están siendo utilizadas políticamente.
El también activista acusó a la organización Pueblo sin Fronteras y al gobierno de Estados Unidos, de estar incitando a los migrantes de Centroamérica a abandonar sus países para cumplir el “sueño americano”.
“Triste situación la de México, atrapado en la pinza de las humillaciones de Trump y la presión de los dueños de las caravanas. La cereza del pastel es la carencia de políticas públicas migratorias que respeten sin restricciones los derechos humanos de la población migrante”, tuiteó Solalinde Guerra el miércoles 29 de enero.
“Desde 2019 Segob ha mostrado su ineptitud y contradicciones en materia migratoria. El responsable del oficio restrictivo al ingreso para estaciones del INM, no es el encargado de trámites; él no se manda solo, sino el Comisionado y Alejandro Encinas. ¿Cuándo escucharán a la SC?”, complementaría. (Con información de The New York Times, Animal Político, Proceso y Milenio)
