El nuevo convenio para la operación de cámaras de video vigilancia en Tijuana costará 589 millones 805 mil 420 pesos al Ayuntamiento de Tijuana, cantidad que será pagada en un término de siete años, a razón de 8.3 millones de pesos los primeros seis meses y de 6.4 millones en los meses subsecuentes, informó el alcalde Arturo González Cruz.
El nuevo contrato se firmó por 539.8 millones de pesos, cantidad a la que se sumó un pago adicional de 50 millones por un juicio perdido, de acuerdo a la condición que impuso la empresa Global Corporation para desistirse del cobro 1 mil 400 millones al que fue condenado el Ayuntamiento de Tijuana, por el incumplimiento del pago del contrato firmado el 20 de diciembre de 2006, durante el gobierno de Jorge Hank Rhon.
“Hemos logrado -a través de la negociación- solventar la segunda deuda más importante que haya tenido la ciudad de Tijuana. La primera es la del PIRE; la segunda, por las cámaras que se instalaron en el año 2006 con Global Corporation”, expuso el presidente municipal.
González Cruz recordó que en 2011, el Juzgado Tercero Civil reconoció el adeudo que el Ayuntamiento de Tijuana tenía con la empresa, dando inició a un pleito legal “que ninguno de los cuatro siguientes ayuntamientos quisieron arreglar”.
Global Corporation, filial de Grupo Carso, exigió al gobierno de Tijuana el pago de 50 millones de pesos para desistirse del cobro de la sentencia, así como la asignación directa de un nuevo contrato, esta vez con Servicios Especializados Keiser, también filial del mismo conglomerado empresarial.
El desistimiento del juicio ordinario mercantil 1387/2007, seguido en el Juzgado Tercero de lo Civil, con sede en Tijuana, lo efectuó la firma el 17 de enero de 2020; inmediatamente después, el XXIII Ayuntamiento de Tijuana firmó un nuevo acuerdo con Servicios Especializados Keiser.
A su vez, la filial de Grupo Carso se comprometió a instalar en los próximos días mil 500 cámaras adicionales a las 500 incluidas en el primer contrato, mismas que rehabilitará para que operen al 100 por ciento.
A diferencia del convenio anterior, “no se aplicarán multas electrónicas”, aclaró el presidente municipal, al asegurar que el fin del programa no es recaudatorio, sino de vigilancia; por lo que será la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana la que decida la ubicación de la instalación de las nuevas cámaras, las cuales operará a través del C-2.
