Ricardo Peralta Saucedo fungió hasta el 23 de mayo del 2019 como Administrador General de Aduanas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Ese mismo día se convirtió en el subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación (Segob), en sustitución de Zoe Alejandro Robledo Aburto, quien ahora es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Pero a pesar de que estuvo menos de 6 meses en el SAT, la institución ahora bajo el mando de Raquel Buenrostro Sánchez -apoyada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF)- investiga a funcionarios cercanos a Peralta Saucedo, en lo que el propio Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha denominado “huachicoleo fiscal’.
Así lo afirmó el periodista Mario Maldonado Padilla, en una columna de opinión publicada este lunes 27 de enero en el diario de circulación nacional El Universal, titulada: ‘El “apóstol” de la 4T en la mira del SAT’.
“El estado de Baja California sería el centro de operaciones de una mafia que, según los señalamientos, sustituye la aplicación de los impuestos a los importadores por el cobro de cuotas para los funcionarios involucrados. Esto significa un ‘sangrado’ de recursos para el erario público de miles de millones de pesos”, indicó el reportero.
“Tal fuga de recursos contribuiría también a explicar las razones por las que la recaudación de Impuesto al Valor Agregado del SAT sufrió una contracción de 0.11% durante 2019, de acuerdo con los datos reportados por el organismo que hoy encabeza Raquel Buenrostro”, abundó Maldonado Padilla.
“Las aduanas que estarían involucradas con las presuntas prácticas irregulares son las ubicadas en Tijuana, Tecate, Ensenada y Mexicali; es decir, los puntos fronterizos en los que se recauda hasta 70% del IVA a escala nacional por concepto de comercio exterior”, señaló el ganador del Premio Nacional de Comunicación José Pagés Llergo 2019.
“En aquellas ubicaciones se le sigue la pista a funcionarios como Raymundo Humberto Jiménez Lázaro, Viridiana Soria Amador y David Pérez Tejada, quienes, más que reportar a la Administración General de Aduanas sobre sus acciones, tienen línea directa con las oficinas de Bucareli”, abundó el periodista.
A detalle, las indagatorias “más sólidas sobre estos personajes se enfocarían a lo que el propio gobierno de López Obrador ha calificado como ‘huachicoleo fiscal’, es decir, el ingreso al país de gasolina declarada como aceite para no pagar el impuesto correspondiente”, indicó Maldonado Padilla.
“De prosperar las investigaciones que se vienen realizando en la propia Jefatura del SAT, con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, se estaría muy cerca de involucrar en la red de funcionarios beneficiados con esta fuga de recursos al actual gobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla”, afirmó la columna de opinión.
“Sobre esta relación, en meses pasados el entonces presidente del Poder Legislativo bajacaliforniano, el diputado Benjamín Gómez Macías, denunció haber recibido presiones de Ricardo Peralta para promover en el Congreso la ampliación a cinco años de la gubernatura de Bonilla a cambio de un millón de dólares para él y para cada uno de los diputados”, indicó el texto.
“Sorpresivamente, en agosto de 2019, el exdiputado local difundió una carta en la que se retractó de su propia aseveración. Está por verse si el ‘apóstol’ de la 4T se convierte en un ‘apóstol’ caído o en un ‘apóstol’ intocable”, finalizó el periodista.
COLUMNA INTEGRA DE MARIO MALDONADO, PUBLICADA ORIGINALMENTE EN EL UNIVERSAL
Ricardo Peralta se aferró todo lo que pudo a la Administración General de Aduanas (AGA), pero una serie de enroques en el gabinete presidencial y la animadversión de varios de sus excompañeros terminaron por expulsarlo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), al que había llegado impulsado por su amiga la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Durante los casi seis meses que estuvo al frente de la AGA, Peralta presumió supuestos logros en el aseguramiento de mercancía pirata en las aduanas del aeropuerto, pero desde la jefatura del SAT, encabezada entonces por Margarita Ríos-Farjat, se encargaron de ‘aterrizarlo’ a la realidad y, más aún, de corregirle la plana.
El 4 de marzo de 2019, en una comunicación institucional interna dirigida al entonces administrador general de Aduanas, la exjefa del SAT evidenció varios errores de “forma y fondo” detectados en su operación, así como nuevas instrucciones que supuestamente habían sido aprobadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin que el titular del Ejecutivo haya tenido conocimiento de los asuntos.
Así comenzó a fraguarse la renuncia del abogado al organismo responsable de verificar el comercio mercancías por cerca de 950 mil millones de pesos anuales, y cuyo pasado como representante legal de firmas privadas polémicas (grupo Autofin, una de ellas), dejaba más dudas que certezas sobre su accionar el gobierno de la Cuarta Transformación.
Ricardo Peralta cayó de pie en la subsecretaría de Gobernación, en sustitución Zoé Robledo, quien se fue a dirigir el IMSS tras la estridente renuncia de Germán Martínez. Sánchez Cordero quien se lo pidió al Presidente y este mató así dos pájaros de un tiro: le quitó a Ríos-Farjat un administrador incómodo y cubrió la vacante de Segob.
Sin embargo, la llegada de Raquel Buenrostro a la jefatura del SAT puso a temblar a toda la estructura del organismo, luego de que pidió la ‘cabeza’ de tres funcionarios clave. La consigna de la exoficial de Hacienda es revisar a profundidad todo lo que huela a corrupción.
Uno de los exfuncionarios del SAT que han sobrevivido al huracán llamado Raquel Buenrostro es precisamente Peralta, pero tan pronto como en los próximos días, Buenrostro va a meter las manos en la Administración General de Aduanas.
Y no precisamente porque el encargado de ese despacho, Ricardo Ahued, esté en la mira del paladín anticorrupción, sino porque éste no se ha decidido a desmantelar una cuestionada estructura operativa que heredó del ahora subsecretario de Gobierno.
El 23 de enero mi colega de páginas, Salvador García Soto, reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera está a punto de judicializar una investigación contra dos administradores de aduanas cercanos al autodenominado “apóstol de la 4T”.
Se trata del Administrador de la Aduana de Progreso en Yucatán, Abel Cárdenas Lara, y del encargado de la Aduana de Tuxpan, Veracruz, Guillermo César Calderón, ambos acusados de permitir el tráfico de estupefacientes por sus respectivos puertos.
No obstante, aseguran fuentes internas del SAT, las operaciones que el personal identificado con Peralta estaría realizando en el sureste no se comparan en magnitud con las irregularidades que se denuncian en el norte del país.
El estado de Baja California sería el centro de operaciones de una mafia que, según los señalamientos, sustituye la aplicación de los impuestos a los importadores por el cobro de cuotas para los funcionarios involucrados. Esto significa un ‘sangrado’ de recursos para el erario público de miles de millones de pesos.
Tal fuga de recursos contribuiría también a explicar las razones por las que la recaudación de Impuesto al Valor Agregado del SAT sufrió una contracción de 0.11% durante 2019, de acuerdo con los datos reportados por el organismo que hoy encabeza Raquel Buenrostro.
Las aduanas que estarían involucradas con las presuntas prácticas irregulares son las ubicadas en Tijuana, Tecate, Ensenada y Mexicali; es decir, los puntos fronterizos en los que se recauda hasta 70% del IVA a escala nacional por concepto de comercio exterior.
En aquellas ubicaciones se le sigue la pista a funcionarios como Raymundo Humberto Jiménez Lázaro, Viridiana Soria Amador y David Pérez Tejada, quienes, más que reportar a la Administración General de Aduanas sobre sus acciones, tienen línea directa con las oficinas de Bucareli.
A detalle, las indagatorias más sólidas sobre estos personajes se enfocarían a lo que el propio gobierno de López Obrador ha calificado como ‘huachicoleo fiscal’, es decir, el ingreso al país de gasolina declarada como aceite para no pagar el impuesto correspondiente.
De prosperar las investigaciones que se vienen realizando en la propia Jefatura del SAT, con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, se estaría muy cerca de involucrar en la red de funcionarios beneficiados con esta fuga de recursos al actual gobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla.
Sobre esta relación, en meses pasados el entonces presidente del Poder Legislativo bajacaliforniano, el diputado Benjamín Gómez Macías, denunció haber recibido presiones de Ricardo Peralta para promover en el Congreso la ampliación a cinco años de la gubernatura de Bonilla a cambio de un millón de dólares para él y para cada uno de los diputados.
Sorpresivamente, en agosto de 2019, el exdiputado local difundió una carta en la que se retractó de su propia aseveración.
Está por verse si el ‘apóstol’ de la 4T se convierte en un ‘apóstol’ caído o en un ‘apóstol’ intocable.
