“Vienen tiempos difíciles en salud. Baja California Sur se sumó a las compras nacionales de medicamentos y material de curación del Gobierno Federal. Así, no nos transferirán recursos; las medicinas licitadas no llegarán sino hasta marzo. ¿Y mientras? ¿Desabasto? No hay programación”, advirtió Carlos Mendoza Davis respecto a la difícil incorporación del Instituto de Salud por el Bienestar (Insabi) en la entidad.
Algunos estados del país se han resistido al Insabi, pues los gobiernos locales aseguran que no hay reglas claras de operación; además de que los recursos han sido retenidos debido a que estaban etiquetados con otro nombre.
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El coordinador de Programas Federales, Víctor Manuel Castro Cosío, lamentó que haya señalamientos al programa federal, los cuales calificó “de mala fe” y con enfoques políticos.
“Que tenga confianza toda la población que estaba inscrita en el Seguro Popular. Se han generado confusiones, algunas de mala fe, con ganas de darle un contenido de carácter político, y lo que queremos nosotros es que la gente sea bien atendida; por eso se dio esa transformación a lo que se llamó Seguro Popular, y lo que ahora es el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar”, lanzó Víctor Castro Cosío.
Mientras tanto, el gobernador de BCS dijo que no es prudente politizar un tema de gran interés para los sudcalifornianos, dejando en claro que la entidad entrará a las disposiciones de la Ley General de Salud, siempre y cuando se garantice el servicio, la disponibilidad de recursos y su viabilidad.
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De momento, el gobierno de BCS garantizó el servicio a las familias de escasos recursos, pues dijo que los servicios de salud nunca se han negado en la entidad.
“No es prudente politizar el tema de la salud. Nuestra prioridad es una atención eficiente, suficiente y oportuna de los pacientes. Apoyamos la gratuidad, pero siempre que sea de calidad, sostenible y viable; por ello seguiremos atendiendo a las familias en BCS”, contestó Mendoza Davis.
Para el Gobierno Federal, es más que suficiente con que al menos se cumpla con servicio a todos por igual; sin embargo, se les olvidó generar reglas de operación para este nuevo sistema de salud nacional.
De entrada, buscan que los gobiernos estatales absorban la prestación del servicio en sus diferentes instalaciones, pues según habría corrupción en la distribución de insumos para el medicamento.
“Queremos que se cumpla bien el Artículo Constitucional 4to., que la gente tenga garantía de atención a su salud; es decir, que quien no tenga el recurso sea atendido debidamente en los centros de salud y en los hospitales. Desde luego, esto será atención de primer nivel, ya en los otros niveles se van a canalizar a las instituciones que están establecidas, y sean mejor atendidas”, refirió Castro Cosío.
La incógnita sigue, y es por ello que el Gobierno de Baja California Sur se ha resistido. Al día de hoy, no se ha expresado claramente de dónde provendrán los recursos para atender a la ciudadanía.
Supuestamente provienen del recurso aplicado al Seguro Popular, pero se les olvidó desde el principio hacer el cambio de nombre; se espera que el proceso sea modificado para generar estabilidad en implementación del programa.
“La falta de reglas de operación para la prestación de servicios de salud a la población sin seguridad social, es la principal limitante que enfrenta Baja California Sur y el resto de las entidades desde la reforma a la Ley General en la materia. Su implementación está rezagada porque no se tiene una normatividad que defina los mecanismos de coordinación con los estados; incluso, en este momento no queda claro ni cómo se va a organizar ni el monto y origen de las fuentes de financiamiento”, afirmando el gobernador que hay irregularidades.
Según el coordinador de Programas Federales, todo está muy claro: el recurso viene de la Federación, está etiquetado y debe brindarse el servicio, sin ahondar mucho en los destinos del recurso; reiteró que cada estado del país debe hacer convenios.
Aunque hay dudas si todos los medicamentos serán proporcionados a través de dicho programa, Castro Cosío se declaró seguro de que todo está controlado.
“Hay una pregunta que se hace mucho sobre de dónde van a salir los recursos. Quiero decirles que los gobiernos de los estados tienen recursos para la salud, pero aparte tendrán que llegar a acuerdos o convenios con el Insabi para que sus finanzas sean fortalecidas. ¿Por qué? porque se amplía la cobertura, porque este nuevo modelo busca que las enfermedades que no eran atendidas por el Seguro Popular -por los medicamentos que no eran proporcionados por el Seguro Popular- ahora tengan la gente acceso a cualquier medicamento que requiera”, defendió Víctor Castro.
De nueva cuenta, el gobernador de BCS recordó que el recurso fue etiquetado con otro nombre, por lo tanto no pueden llegar a su destino. Reconoció que se debe contar con un marco normativo ideal para la prestación de servicios de salud.
“El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 contempla recursos para Baja California Sur y el resto de las entidades, pero están etiquetados al Seguro Popular, y por lo tanto no se puede acceder a estos, ya que fue disuelto. Tenemos plena disposición para avanzar en la implementación de la reforma a la Ley General de Salud, pero sin afectar los servicios que se brindan a la población”, refiere Mendoza Davis sobre la afectación al presupuesto.
Ante la negativa de algunos estados, el Gobierno Federal condenó a lo que ellos llamaron la negativa de la prestación universal de servicios de salud.
En este contexto, deberán los ciudadanos encargarse de denunciar al gobierno sudcaliforniano de “negar” el servicio, aunque ha quedado claro que nadie se quedará sin atención médica (solo habrá excepciones de cobro en los casos que se requiera).
“Si te niegan los servicios públicos de salud o te hicieron un cobro indebido, ¡denuncia! Acércate al Sistema Integral de Denuncia Ciudadana de la Corrupción”, condenó el propio Insabi en su portal nacional.
Los servicios de salud de emergencia nunca serán condicionados, pero quien tenga la capacidad para cubrir un servicio de salud deberá hacerlo sin distinción.
Para la ciudadanía de escasos recursos, la atención será 100 por ciento accesible; deberán llevar identificación, comprobantes de domicilio y documentación como acta de nacimiento o CURP, esto para cotejar que no cuenten ya con un servicio de salud.
“Buscamos la solidaridad que se necesita en estos momentos entre las personas que tienen solvencia para cubrir la prestación de un servicio, y los usuarios que no pueden hacerlo por encontrarse en condiciones de alta vulnerabilidad”, aclaró Víctor George Flores, secretario de Salud estatal.
