El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, señaló esta mañana que a la cervecería Insurgente le será retirado de forma definitiva su permiso de operación, por supuestamente haberlo obtenido gracias al “abuso de influencias” en anteriores gobiernos.
Tras la reunión de seguridad, detalló que a la empresa cervecera les será cancelado el permiso por las violaciones a los estatutos y los reglamentos de la ciudad de Tijuana, ya que “tenemos un hospital a menos de 40 metros de ahí y ahora una queja tremenda de los residentes porque están lanzando la levadura al drenaje y eso ha causado un tremendo problema de malos olores”.
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Bonilla compartió que no se puede industrializar un área sin autorización de las autoridades, además que “no se pueden montar en equis lugar y establecerse ellos mismos sin su permiso de uso de suelo obtenido”.
Esta situación se ha venido presentando desde el día 5 de octubre de 2019, cuando el Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por Arturo González Cruz, clausuró el lugar.
En esa ocasión los propietarios y personas cercanas manifestaron que dicho cierre se había dado por ubicarse frente al negocio y vivienda de Alberto Bonilla, hermano del gobernador morenista, a pesar de contar con todos los permisos desde el año 2012.
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Dos meses después y pese a que el Tribunal de lo Contencioso autorizó que el 18 de diciembre de 2019 reabrieran su cocina para preparar cerveza mientras continúa el juicio promovido por la empresa, autoridades municipales decidieron clausurarlo por segunda ocasión el día 26 del mismo mes, razón por la cual los propietarios consideraron la acción como “ilegal”.
Luego de esa clausura, el Ayuntamiento compartió mediante un comunicado que la clausura procedió porque no presentaron el Manifiesto de Impacto Ambiental vigente, además que habían encontrado “situaciones irregulares”.
Argumentando que dicho espacio “no es apto para la industrialización de la cerveza artesanal”, además que cuentan con el permiso para utilizar una superficie de 30 metros, pero trabajan en un área de 300 metros, falta por la que también se decidió a cerrar el local.
Tras las declaraciones de Bonilla Valdez, los empresarios cerveceros señalaron que las acusaciones del mandatario son falsas y carecen de pruebas.
Sobre el retiro del permiso de operación hacia la cervecería tijuanense Insurgente, los propietarios compartieron un comunicado en el que señalan que a lo largo de los últimos tres meses, “Jaime Bonilla se ha dedicado a levantar acusaciones falsas en contra de nosotros, sin ofrecer pruebas en ningún momento”.
Resaltaron que el mandatario argumenta que los residentes de la calle se quejan, aunque la única residencia en esta calle es la de su hermano, Alberto Bonilla Valdez.
Los propietarios destacaron que se trata de una campaña de difamación por parte del gobernador de Baja California, lo cual consideraron de “inaceptable y deja mucho que desear por parte de nuestros gobernantes”, quienes al ser electas por el voto popular, “están obligadas a cumplir la ley de manera imparcial”.
En dicho comunicado se menciona que desde el 2014, en Cervecería Insurgente han llevado a cabo la producción de sus cervezas desde la calle Juan Cordero en Tijuana y reiteraron que siempre han contado con los permisos requeridos para ello, “obtenidos de forma regular como ciudadanos comunes, sin uso de favores ni por influencias, como lo sostiene el gobernador Jaime Bonilla”.
Los propietarios hicieron énfasis también en el hecho del “¿por qué el gobernador opina y hace declaraciones sobre temas que competen al municipio? ¿Por qué lleva meses el Gobernador Jaime Bonilla insistiendo con clausurar nuestra empresa, a como dé lugar?”
Finalmente exhortaron a que “no se dejen llevar por agendas personales y que apoyen a las empresas que generan empleos, afluencia turística e impulsan la economía bajacaliforniana”.
