Poco les duró el gusto de cobrar cada quincena en la nómina estatal a las hermanas Hernández, pues serán removidas de sus cargos al interior de la Subsecretaría del Sistema Estatal Penitenciario de Baja California. La ex diputada Mónica, conocida como “La Chula” y su hermana Brenda, prácticamente se aferran a las sillas de las oficinas donde “despachaban” en la dependencia de la Secretaría General de Gobierno, pues prescindirán de ellas por -se dice- no cumplir con las expectativas del cargo. Y es que la ex legisladora, una de las responsables del limbo jurídico en el que se tiene al Estado a raíz de la reforma al Artículo Octavo Transitorio Constitucional que modificó el periodo de la gubernatura de dos a cinco años, simplemente no cuenta con el perfil para la posición que ostenta, ni en aptitudes ni profesionalmente hablando. De la segunda solo se sabe que no rindió lo suficiente y quedará fuera de la coordinación de la Unidad de Atención del Servicio Integral Penitenciario. Le sucederá la ex legisladora panista Victoria Bentley Duarte. Habrá que ver si a las Hernández las acomodan en otro lugar, o de plano se rompen los acuerdos, porque esos cargos –aseguran- la ex diputada de la bancada panista los obtuvo el 8 de julio de 2019, cuando votó a favor de la ampliación de mandato. Y no precisamente por su vocación, preparación y compromiso con el sistema penitenciario.
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