Mientras integrantes de los organismos niegan haber conocido todos los gravámenes, el representante de la Iniciativa Privada en el Comité de Refinanciamiento de deuda, asegura que los empresarios lo supieron con anticipación y que la medida se debe al boquete financiero de 30 mmdp que dejó el gobierno de “Kiko” Vega
El Gobierno del Estado de Baja California no ha informado a detalle de la bancarrota en la que asegura, se encuentran las finanzas públicas, ni los ciudadanos supieron de dos reuniones entre empresarios y funcionarios de la administración de Jaime Bonilla Valdez previo a que, bajo ese pretexto, se consumara el incremento de impuestos estatales que afectará a la población, sobre todo a aquellos que menos tienen.
El resultado de la secrecía fue patente hasta el 31 de diciembre de 2019. Horas antes de que la Ley de Ingresos y la de Hacienda fuera aprobada por el Congreso local, Marcello Hinojosa Jiménez, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Capítulo Noroeste, alertó sobre las implicaciones que tendría el Impuesto sobre Nómina, que tiene repercusiones en todos los empresarios.
El rechazo manifestado por el industrial marcó una división en la Iniciativa Privada de la entidad. Con todo y que la postura del líder empresarial fue clara y contundente, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han negado tal ruptura.
De hecho, versiones extraoficiales compartieron una convocatoria para que los presidentes de los 16 organismos de los cinco municipios que conforman los CCE (entre estos Canacintra) se reúnan el lunes 13 de enero, tentativamente en Tecate, donde definirán la estrategia a seguir y, tras “salir en unidad” buscarán un encuentro con el gobernador Jaime Bonilla.
Dentro del CCE, algunos consideran que la oposición de Hinojosa Jiménez se debe a un resentimiento por no haber conseguido hace un año la presidencia de ese organismo en Tijuana.
Entretanto, el líder industrial aseguró a ZETA que Canacintra Tijuana ya ha planteado su salida del CCE. “Ya está sobre la mesa, ya hemos manifestado varios integrantes, incluso desde sede nacional esta inconformidad, hemos puesto sobre la mesa el retirarnos porque usaron nuestro nombre sin estar de acuerdo, sin ser convocados a ninguna reunión”, sostiene.
19 DE DICIEMBRE, EL PRIMER ENCUENTRO
El 10 de diciembre de 2019, Bonilla indicó, sin dar detalles, que ya había enviado el Paquete Económico al Congreso para su aprobación. Dos días después -según lo expuesto por Gabriel Camarena Salinas, presidente del CCE de Tijuana-, los empresarios conocieron la intención de incrementar de 0.6 a 1.2% la sobretasa del Impuesto sobre Nómina.
Después, los CCE y Consejos de Desarrollo Estatales (CDE) de cada municipio convocaron a una rueda de prensa para el 19 de diciembre. El tema: la iniciativa para aumentar el Impuesto sobre Nómina. Pero faltando hora y media para que iniciara la conferencia, esta se canceló por “motivos de fuerza mayor”.
Al mismo tiempo, se sabe que los presidentes de los CCE y de los CDE estaban congregados con los secretarios de Hacienda y de Desarrollo Económico, Adalberto González y Mario Escobedo, respectivamente; sin embargo, Camarena Salinas negó que la reunión fuera la causa por la que se suspendió el pronunciamiento, y abundó que fue una junta en la que, más que hablar de impuestos, el gobierno expuso la situación financiera del Estado.
26 DE DICIEMBRE, ENCUENTRO DECISIVO
Casi para terminar el año, el 26 de diciembre, los representantes de los CCE y CDE volvieron a reunirse, sin previo conocimiento de la sociedad, con Adalberto González y Mario Escobedo. Aun cuando ZETA conversó con cuatro empresarios que asistieron a dicho encuentro, las versiones discrepan acerca de lo sucedido.
Según Kurt Honold Morales, quien asistió en calidad del único representante de la IP en el Comité Financiero encargado de supervisar el refinanciamiento, los empresarios aceptaron el incremento “siempre y cuando” el impuesto baje cuando las finanzas mejoren.
También, solicitaron incrementar de 5 al 10% (aproximadamente 50 millones de pesos) el Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California (FIDEM), el cual tendría que utilizarse en proyectos ejecutivos para bajar recursos de la Federación. En esto difiere Rodrigo Llantada, presidente del CCE Mexicali, quien aseguró que no se abordó tal tema.
Honold Morales indicó que además de la solicitud de incrementar el FIDEM (administrado por los CCE y CDE), los empresarios pidieron que el Estado pagara el adeudo que mantenía por ese concepto, ya que Mexicali y Rosarito traían compromisos. Algo que, según el ex alcalde de Tijuana, el secretario de Hacienda avaló.
Tras un receso de 40 minutos, los presidentes de los CCE llamaron a los presidentes de los organismos que los integran para consultarles la situación.
A Francisco Rubio, presidente de Canacintra Tijuana, le dijeron no estar de acuerdo con el incremento tributario, pero era la única forma para salir de la crisis financiera. “Entonces, Francisco Rubio dijo: ‘Pues si es así, lo único que pedimos es estar en las reuniones y ver que se esté aplicando de manera correcta el impuesto’”, relató Honold.
A decir de Llantada, él “fue el primero que habló y fue claro en decirle al gobernador que no había un consenso total” al interior de los CCE.
Pero Kurt Honold Morales y el presidente de Canacintra Ensenada, Alejandro Jara Soria, (quien acompañó sin estar invitado al titular del CCEE), recordaron que los empresarios ensenadenses fueron los únicos que se opusieron, al afirmar que “no había consenso”, por lo que entonces “había que echarse para atrás”.
“Los demás organismos dijeron, ¿cómo?, si aquí vinimos con el gobernador para decirle que ya estamos por firmar la carta, ¿por qué no nos dijiste antes?, no hubiéramos venido´, relató Honold Morales.
Agregó que el gobernador se comprometió a que los impuestos fueran temporales, tras lo cual todos aplaudieron y concluyó la reunión.
“A los dos días Canacintra sacó el desplegado en el que dice que no va, que están en contra. Y ahí el gobernador entendió que los CCE no estuvieron de acuerdo y dijo pues no hay acuerdo, y no pasa nada”, prosiguió Honold.
En tanto, Hinojosa Jiménez consideró como frustrada la negociación y “preocupante para todos” que no se haya cumplido “el pacto de caballeros” entre el Gobierno del Estado y CCE.
A decir de Camarena Salinas, no se llegó a un acuerdo verbal o firmado por el gobernador, debido a que este “veía bien” y “sensatas” las propuestas que le externaron los empresarios el 26 de diciembre, pero “después de la junta no recibimos ningún documento que pudiéramos estar seguros poder consensarlo con todas las cámaras”, remató.
EN DOS HORAS LOS CONVENCEN DE LA BANCARROTA
ZETA preguntó a los dirigentes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y del Comité de Desarrollo Turístico de Tijuana (CDT), organismos que aceptaron el incremento al Impuesto sobre Nómina, el motivo su decisión.
Jorge Macías, de Canaco Tijuana, comentó que aun cuando no fue consultado, el organismo aceptó “apechugar” porque así lo decidió la mayoría en el CCE.
“Se entiende que Canacintra, que tiene más empleados, les pega más duro y el consenso de los CCE era que las finanzas están mal e íbamos a apoyar (al gobierno) por un tiempo”, comentó el líder de los comerciantes, quien por cierto no asistió a las reuniones de los CCE. Argumento similar esgrimió Aram Hodoyán Navarro, presidente del CDT, quien sí estuvo en la segunda reunión.
— Desde el año pasado, cuando el gobernador Francisco Vega pretendió subirles el mismo impuesto, ustedes ya sabían que el Estado se encontraba en crisis financiera y frenaron ese intento. ¿Por qué cambiaron de opinión?
“Se decía que estábamos en bancarrota, pero no sabíamos si era una grilla política”, contestó Hodoyán.
A su parecer, lo que cambió en esta ocasión es que el gobierno “abrió los libros” y les dieron acceso que jamás habían tenido. Opinión similar a la de Kurt Honold Morales, aunque contrasta con lo manifestado por Camarena Salinas, quien negó que los CCE hubieran analizado la información que la administración estatal les expuso durante la reunión de dos horas del 19 de diciembre.
“No fue analizada porque no fue una junta propiamente de trabajo, fue una junta de exposición de la situación mediante un balance de los números. No podemos decir que fue a fondo porque no traemos una información previa”, y por ello los CCE propusieron incrementar a tres el número de empresarios que participen en el Comité Técnico de Finanzas, con la finalidad de conocer cada tres meses cómo van las finanzas y si la emergencia va subsanándose”.
— ¿De qué tamaño es el boquete financiero?
“(Cuando Bonilla Valdez asumió la gubernatura) El Estado debía 14 mil millones de pesos, ahorita debe 32 mil millones, y siguen saliendo proveedores a los que les deben”, aseguró Kurt Honold Morales.
Precisó que el endeudamiento con los bancos es de 12 mil millones de pesos, pero el Estado tiene en proveedores y otros adeudos como jubilaciones y pago a profesores, una deuda que suma 20 mil millones de pesos.
— ¿El gobernador no les había pagado ya a los maestros?
“Sí, pero los debe. Le dieron dinero para podérselos pagar, le ayudó el Gobierno Federal pero te lo dan, pero tú lo tienes que pagar, nada es gratis en la vida”.
Respecto al nuevo monto de la deuda, Camarena Salinas aseguró: “No tengo, ni tenemos ninguna Cámara, la certeza o la relación de esa deuda de 30 mil millones de pesos que he visto en prensa, que han sido declaraciones del secretario de Hacienda”.
Cabe señalar que el panorama catastrófico que plantearía el secretario de Hacienda a los empresarios tampoco se refleja en el último reporte de la Secretaría de Hacienda federal, del tercer trimestre de 2019, cuyo Sistema de Alertas mantuvo en Verde o Sostenido el endeudamiento de la entidad, calificación dada desde abril pasado.
De modo que faltaría que Bonilla Valdez explicara de dónde sacó el dinero para cumplir con el pago a los maestros.
Por otro lado, Hodoyán, del CDT, reveló que al interior del CCE de Tijuana no aceptaron el impuesto Canacintra, ni Coparmex.
“Coparmex Tijuana estaba en contra. Lo que nunca me ha quedado claro es si ellos realmente están en contra o están cerrando filas con su organismo nacional”, cuestionó al considerar que “si hubieran bajado los impuestos”, dicha Cámara “también se hubiera quejado”.
Por separado, Coparmex Tijuana y Ensenada manifestaron su rechazo ante el alza tributaria. Roberto Rosas, líder de ese organismo en Tijuana, pidió al Congreso y al gobierno reconsiderar la medida, o bien, presentar un plan para mantener las finanzas sanas.
Todos los organismos han expresado que están revisando el impacto que tendrán para tomar la decisión de ampararse o no, aunque algunos líderes apuntan que los últimos cinco amparos promovidos no dieron los frutos esperados.
EMPRESARIOS OYEN LO QUE QUIEREN
En lo que sí coincidieron los presidentes de Canacintra en el Estado, CCE (Tijuana/Mexicali), Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Canaco y CDT Tijuana, así como Index Zona Costa, es en la “sorpresa desagradable” que fue la escalada de impuestos (al gas, gasolina, servicios de hospedaje Airbnb, hotelería, venta de objetos empreñados, a espectáculos, a casinos y sobre nómina).
Para Luis Hernández, presidente de Index Zona Costa, “el que no se haya sentado a negociar nadie del Gobierno del Estado con ninguna cámara es una falta de respeto”, y observó que cuando estaba Juan Manuel Hernández al frente, negociaba y salía con un documento firmado por todos los empresarios, lo cual “no está pasando ahorita”.
Sin embargo, Kurt Honold Morales aseguró que, en la reunión del día 26, el gobernador sí abordó los impuestos.
“Así como es el gobernador, como lo conocemos, abierto, derecho, les dijo la situación cómo estaba. Que iba a haber aumentos a las compañías de gas, porque estas se habían dedicado antes a pagar sobornos a los políticos y ellos podían hacer lo que querían y dar gato por liebre, y que ya no iba a suceder eso. Que ahora, en lugar de pagar sobornos, iban a pagarle al gobierno (…) y a fijarse que no dieran gato por liebre también a las gasolinas”.
Otra vertiente por la que los empresarios sí sabían que venían los impuestos, es por la información que gente que está en el Congreso proporciona al CCE, aseveró Honold Morales.
En vista de lo planteado por el ex presidente del CCE Tijuana, llama la atención que aun cuando todos los empresarios consultados se mostraron preocupados por la escalada de precios que originarán los impuestos, sobre todo al gas y a la gasolina, algunos hayan aceptado soportar el golpe sin considerar la opinión de la población.
El propio gobernador rompió su promesa de campaña de no aumentar impuestos, pero se ha mostrado reacio en aceptar el costo político de su decisión y ha preferido propagar falazmente que “a los ciudadanos no se les está tocando” con estas medidas, como si subir el impuesto a los empresarios no fuera a afectar a los trabajadores, a quienes algunas empresas tendrán que quitarles prestaciones sociales -como bonos- y no fuera a afectar el encarecimiento de los productos, derivado del aumento del costo de producción que tendrán los empresarios.
“Lo que pasa es que no quieren pagar impuestos todos los que están ganando y se han hecho ricos a raíz del pueblo. Lo único que les digo es: paga una parte proporcional”, aseveró Bonilla, pero su administración no ha difundido las 13 mil 541 empresas que no pagan Impuesto sobre Nómina y por qué razón, si se sabe que solo mil 910 tienen algún beneficio fiscal.
Contrario a lo declarado por el mandatario, el líder de los comerciantes afirmó a ZETA que sí habrá escalada de precios, aunque confió en que “no sea fuerte, que tratemos los empresarios de absorber un poco”.
A ello se suma que no se conoce cabalmente para qué será usado el recurso adicional que recaudará el gobierno por estos nuevos impuestos, y que algunos han estimado en 2 mil millones de pesos.
PROPUESTA DE CANACINTRA SOBRE FIDEM, “IDEA QUE NO TIENE LÓGICA”
Sobre la propuesta de Canacintra para que este y el próximo año el gobierno estatal no regrese el recurso del FIDEM, en aras de solventar el hoyo financiero que se tiene y se reviertan los impuestos, Hodoyán Navarro comentó: “El FIDEM son 100 millones de pesos, y lo que se recaudaría son más de 2 mil millones de pesos, no es uno por uno, es nomás falta de información o no sé, una idea que no tiene lógica matemáticamente hablando”.
En su opinión, si el gobierno aceptara dicho planteamiento dejarían de existir los Consejos de Desarrollo de Rosarito, Ensenada y Tecate. En tanto, Tijuana sobreviviría gracias a sus agremiados. Reflexión similar a la de Rodrigo Llantada, quien considera que Mexicali tampoco estaría en riesgo de desaparecer.
Otros empresarios, como Gabriel Valenzuela, presidente de la CMIC Tijuana, sugiere analizar la propuesta al interior del CCE, pero reconoce que si el gobierno no regresara el FIDEM, se verían perjudicados, ya que cada año utilizan parte de ese recurso para proyectos ejecutivos y coadyuvar con el gobierno en la realización de nuevas obras.