La 4T ha creado una figura explícita inexistente en 100 años de revolución social: el “instituto para devolver al pueblo lo robado”. Este ente exhibe la inoperancia y descomposición de muchas instituciones nacionales y locales.
Piensan muchos que por fin se toca una llaga histórica, pero otros se quedan pensando en el cúmulo de trabajo y los retos que implica y que tendrá esta dependencia sugerente y provocadora. Muchos políticos vienen de ser “pericos perros”, es decir, que no tenían nada, rentaban su casa, andaban en camión, pedían prestado, como cualquier mexicano(a).
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Sin embargo, las expectativas fueron otras al entrar a la nomenclatura oficial. Al inicio de su carrera política y de puestos en la administración pública, de cualquier nivel, desde policías, burócratas, funcionarios o empleados del aparato administrativo, o de “justicia”, o de infinidad de dependencias. No quiero generalizar estos calificativos que distinguen nuestro sistema de distorsión moral, pero de que hay corrupción en el sistema social público y privado nacional… es una realidad.
Los políticos “gallones” deben declarar su patrimonio, que si bien no es obligatoria -o lo es- ahí está la trampa. Generalmente salen con abundancia de propiedades, hinchadas cuentas bancarias de su familia o prestanombres y participaciones en empresas que beneficiaron en su ejercicio; Zedillo y Calderón son ejemplos frescos. Y nadie denuncia. La prensa calla, y el pueblo olvida en su lucha por la tortilla.
Es un tema enredado, por ser parte de las contradicciones del poder. Porque, por un lado, dice el Presidente que no tiene intenciones de escarbar en el pasado (porque “el tiempo es oro”) y quiere desarrollar tareas que se comprometió; y los escándalos lo distraen de su encomienda.
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Pero refiere que el principal problema del país es la corrupción y que esto nos ha dañado globalmente al grado de carecer de recursos en el presupuesto, más allá de las impagables deudas, intereses y gasto corriente, la obra indispensable para que no se colapse la economía de las ciudades y sus empleos.
El margen que le queda al Estado para hacer obra de infraestructura y avanzar es reducido para los reclamos sociales. Y no se aumentarán los impuestos, no se pedirá prestado, y no se investigará declaradamente a los peces gordos.
Si promete -México lo reclama- que habrá un uso eficiente y honrado de los recursos, que se hará todo lo posible en recaudación y que todos pagaremos nuestras obligaciones fiscales… Suena muy optimista que el país enderece la ética ciudadana. Que México retome la rectitud y asuma cada uno la responsabilidad antes que los derechos. Pero aún no vemos un plan B, si es que las presiones del capital paralizan la economía o nos ponen en jaque. Hoy, el reto del círculo de Romo y Yeidckol de alentar la inversión ha fallado.
El instituto para recuperar los abusos del poder, aun no da frutos de la cooperación con la Fiscalía General de la República, con la Unidad de Inteligencia Financiera, con el sistema bancario, los 32 Estados y dos mil 457 municipios.
Recientemente, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, comentó a los medios nacionales que ya se investiga a algunos gobernadores y delegados estatales que están bajo sospecha de enriquecimiento inexplicable. Aún sin resultados.
Pero en el imaginario colectivo, y por observación, sabemos de las ínfulas (en las páginas de sociales y revistas rosas) que se dan los amigos, familia y los propios ex presidentes, ex funcionarios, para no hablar de inmoral sistema judicial.
El Presidente asume una carga política enorme al decidir reabrir esta herida de los robos al patrimonio de la sociedad mexicana; no puede quedar en la marginalidad o mediocridad de unos cuantos chivos expiatorios. Rosario Robles y otros pececillos no son más que la punta del iceberg. Sería esta intención -que promete justicia social- una farsa que no se investigará a los intocables.
Se ha dado el colmo de que los delincuentes oficiales demandan a comentaristas, como en el caso de Moreira, ex gobernador de Coahuila, aviador del SNTE y detenido en Madrid por lavado de dinero. Moreira cínicamente demandó por “daño moral” -dos veces y sin consecuencias- al Dr. Sergio Aguayo.
O se aplican recursos solventes a investigar y probar que cientos o miles de funcionarios enriquecidos robaron por décadas… o mejor cesa esa propaganda que raya en la demagogia. Las expectativas se cumplen; de lo contrario, el fascismo está haciendo fila. Queremos representación y acciones efectivas, no mentiras, para el 80 por ciento de los ciudadanos.
M.C. Héctor Ramón González Cuéllar es académico del Instituto Tecnológico de Tijuana. Correo electrónico: profe.hector.itt@gmail.com
