A la Fiscalía General del Estado, están llegando las presiones para que envíe las carpetas de investigación de los moches (Número Único de Caso 0202-2019-44071) a la Fiscalía Anticorrupción, con lo que la indagación podría tomar un sesgo, toda vez que la titular de la Fiscalía Anticorrupción, Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, es una abogada ligada al secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano. Precisamente uno de los involucrados, por parte de la ex secretaria de Bienestar, en la trama de los moches.
En la fiscalía autónoma que encabeza Guillermo Ruiz Hernández, están realizando la indagatoria para allegar elementos que no solo los lleven a la conclusión de la investigación y deslindar responsabilidades, sino para obtener elementos que les permitan quedarse con la investigación y no enviarla a la Fiscalía Anticorrupción, donde consideran, no tendría buen final.
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El fiscal general ha dicho que ya varias personas han sido llamadas a declarar en torno a los moches que el equipo cercano al gobernador Jaime Bonilla Valdez solicitó, en el periodo de transición y utilizando el Voluntariado Gente como Tú con Bonilla, a empresarios de la región por más o menos 24 millones de pesos, a cambio que una vez tomada la posesión del cargo, se les entregarían contratos que por supuesto superarían esa cantidad.
Uno de los contratos prometidos a cambio de 20 millones de pesos, correspondía a la proveeduría de alimentos a los penales de Baja California, precisamente un área que Rodríguez Lozano se aferró en sacarla de la esfera de la Fiscalía General del Estado (FGE) e insertarla en su facultad en la Secretaría General de Gobierno. Lo logró con la venia de los diputados en el Congreso del Estado.
En efecto, de todas las áreas que manejaban las extintas Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública del Estado, únicamente el Sistema Estatal Penitenciario no fue transferida a la FGE, sino enviada a la Secretaría General.
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Al empresario al que prometieron la proveeduría de alimentos en los penales cuando ya le habían cobrado el moche, e incluso de acuerdo a operadores ya se lo habían repartido entre funcionarios de primer nivel del gobierno de Bonilla, el gobernador le negó el contrato para proveer la comida a los reos. Entonces le ofrecieron hacerse cargo de suplir los insumos a vender a los prisioneros en las tienditas al interior de los penales.
Pero el escándalo de los moches, el primero que sacudió el imberbe gobierno de Bonilla, develó -a través de investigaciones periodísticas- que los funcionarios debieron regresar el dinero (aún le deben como 4 millones de pesos) al empresario en cuestión y el trato se acabó poco antes que emergiera a la luz pública el caso de los moches en Baja California.
El entramado de corrupción implicó inicialmente a Cynthia Gissel García Soberanes, quien encabezaba el Voluntariado Gente como Tú con Bonilla, y posteriormente se convirtió en secretaria de Bienestar, así como a Jesús Núñez, quien fue oficial mayor. Ambos solicitaron licencia a sus cargos para el desarrollo de la investigación.
En información proporcionada de manera posterior, en capturas de pantalla de conversaciones de la ex secretaria, esta implicó a Amador Rodríguez Lozano en la repartición de moches.
De acuerdo a fuentes internas, la investigación de la FGE tiene ya varias declaraciones a testigos e incluso a implicados.
Ciertamente fue citada a declarar Cynthia Gissel García Soberanes, quien acudió a la Fiscalía, pero se reservó su derecho a declarar, no así a solicitar la carpeta de investigación, acción que le garantiza la Ley.
Jesús Núñez, ex oficial mayor, no ha sido citado a declarar aún; a pesar de ello acudió a tramitar un amparo, procedimiento en el cual le informaron que no existe orden de aprehensión en su contra precisamente porque no la hay, ni siquiera ha declarado; cuestión para la que será requerido en su momento.
Tampoco se ha llegado a la etapa de llamar a Amador Rodríguez Lozano a declarar, recuerde el Lector que no solo la ex secretaria lo implicó, sino que sostuvo reuniones con los empresarios involucrados, y los contratos que se prometieron fueron en áreas que él maneja, como el Sistema Penitenciario.
La cuestión es que en la FGE temen que si las presiones continúan y el gobernador Jaime Bonilla Valdez es influenciado de que así corresponde, pese a su autonomía -aunque imperando el feudalismo político con el que se gobierna en Baja California- les quitarán la investigación para entregársela a la incondicional de Rodríguez Lozano, con lo cual temen que la indagación se maneje en dos ejes: uno, para deslindar al secretario general de Gobierno de todo acto de corrupción; y dos, como una vendetta política para afectar a propios y extraños, aprovechando la investigación.
Hace unas semanas, cuando fue aprobada la creación de la Fiscalía Anticorrupción de Baja California, institución que también fue “sacada” del ámbito de la Fiscalía General, tal como está en la Fiscalía General de la República, a los diputados se les olvidó dotarla de personalidad jurídica. De manera que es una institución que funciona en el papel, pero no en la práctica, pues los actos que realice, serán fácilmente impugnables.
Aparte, al 9 de enero de 2020, la Fiscalía Anticorrupción no tenía personal ni oficinas, lo único que existe es el papel en el cual se le crea, y el nombramiento de la fiscal Ojeda. Se supone que la FGE será la instancia que cederá algunas de sus edificaciones para el funcionamiento de la Anticorrupción, lo que hasta el momento no ha ocurrido.
Olga Elizabeth Ojeda Mayoral se ha estado reuniendo con los diputados para ver el presupuesto que le será asignado, y mientras desde la Secretaría General de Gobierno le buscan un edificio para que se instale en Tijuana, el Artículo 7 de la Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción mandata: “Dentro de los 60 días naturales siguientes a la designación del Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Baja California, se establecerá una mesa de coordinación técnica con el Fiscal General, la Secretaría de Hacienda y la Oficialía Mayor para el traspaso de recursos financieros, humanos y materiales que faciliten la operación inmediata de la Fiscalía…”, lo que hasta el cierre de esta edición de ZETA, no había sucedido.
Con todas las carencias y todos los tintes políticos, las presiones para que la Fiscalía General del Estado abandone la investigación de los moches y la ceda a la Anticorrupción, crecen cada día. Así el nivel de compromiso del gobierno de Jaime Bonilla en BC.
