Vecinos describen al detenido, Santiago Rizo, como una persona que los primeros años de residir en Tijuana luego de ser deportado, trabajaba y mantenía un bajo perfil. Pero que hace dos años cambió. Empezó a robar autos para desmantelarlos y vender las piezas. La Policía confirmaría que era adicto al cristal y lo acusan de haber asesinado a sus suegros. Es sospechoso de matar a una vecina, a un hombre que vino a la ciudad a comprar un vehículo y a otra mujer no identificada
Cuando los oficiales de Policía entraron a la casa marcada con el número 145 de la calle Donato Guerra en la colonia Obrera de Tijuana, esperaban encontrar tres cuerpos. Localizaron cinco, y a quien puede ser un asesino serial.
Unidos los grupos Antisecuestros y de Desaparecidos, de la Fiscalía General del Estado (FGE), investigaron el caso de los señores Jesús Rubén López Guillén (70 años) y María Teresa López (65), procedentes de Estados Unidos, quienes el 17 de enero fueron reportados como desaparecidos primero, en calidad de secuestrados después, y finalmente asesinados.
La hija de la pareja, cuyo teléfono estaba enlazado con el de sus padres y le era posible determinar su ubicación, los reportó como desaparecidos cuando no regresaron a su hogar después de una visita a Tijuana. Su pareja, quien los había recibido y supuestamente enviado de regreso a la Unión Americana, dijo que estaban secuestrados. Que le habían solicitado 15 mil dólares para liberarlos.
Pero en el interrogatorio de los agentes, el hombre cayó en contradicciones. Entonces se convirtió en sospechoso.
En un operativo coordinado, al tiempo que solicitaban la orden de cateo a la casa de la Obrera, desde la fiscalía estatal pidieron la orden de captura. Ambas les fueron entregadas. Había suficiente evidencia, como el análisis de la telefonía celular que les permitía asumir que en esa localidad se encontraban no solo la pareja estadounidense, también otro hombre que había desaparecido en noviembre, luego de llegar a la ciudad para vender un automóvil.
En la casa vivía el yerno de la pareja López, Santiago Rizo Avelar, quien se presume inocente mientras no se aclare su responsabilidad por la autoridad judicial, de acuerdo al Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Fue detenido.
Ahora, familiares de María Guadalupe García Ramírez de 53 años y Guillermo Cabezas Melgoza, de 57, ambos en calidad de desaparecidos, esperan información que indique si los cuerpos encontrados en la Obrera son de los suyos.
El hermano de María Guadalupe García Ramírez acudió a la FGE para interponer denuncia por desaparición del 20 de enero, pero no sabía de ella desde el 3 de diciembre de 2019. La mujer rentaba en el mismo caserío donde vivía Santiago Rizo.
Vecinos del lugar revelaron que, efectivamente, no veían a Guadalupe desde hace meses, de hecho la última ocasión la observaron caminar con dificultad apoyada en un bastón, y con signos de haber sido maltratada. Antes, dijeron, era común verla pasar por la calle al lado de Santiago.
A Guillermo Cabezas Melgoza, lo reportaron como desaparecido el martes 19 de noviembre de 2019. Había viajado a Tijuana para comprar una camioneta. Lo último que supieron de él fue que se trasladaba en una camioneta Lincoln Navigator color negro, modelo 2002, en el almacén TDR Tijuana en el Parque Industrial Nórdica.
Uno de sus hijos viajó a Tijuana desde noviembre -residen en Ciudad de México- para interponer la denuncia por desaparición y, al no tener respuesta positiva, interpuso un juicio de amparo por la desaparición forzada ante el Juez del Sexto Distrito.
Hace unos días, ante el hallazgo de los cinco cadáveres en la casa de la colonia Obrera, el hijo de Guillermo fue contactado por personal de la FGE para que viajara al municipio a realizarse las pruebas de ADN, para poder compararlo con uno de los cuerpos localizados.
Al igual que con la pareja de norteamericanos, el rastreo al equipo celular de Cabezas Melgoza fue lo que dio la pauta para considerar que podría ser una de las tres víctimas aún sin identificar. De las otras dos, poco se sabe.
UN VECINO DE PERFIL BAJO
Santiago Rizo Avelar fue descrito por sus vecinos como un hombre que no se metía con nadie e intentaba mantener un bajo perfil. Lo consideraban el “nuevo” entre los vecinos que tienen viviendo más de 30 años en ese lugar. Dedicado en un principio a manejar taxi de ruta, un taxi rojo con negro, y posteriormente como conductor de Uber, para luego solo estar en su casa, aparentemente desmantelando vehículos robados.
Hacía cinco años fue deportado de Estados Unidos por haber cometido robo con violencia. Los tres primeros los vivió siendo productivo, pero los últimos dos años su conducta se modificó, relataría un vecino que prefirió omitir su nombre.
Según lo narrado, a veces se le veía caminar por la calle como si estuviera bajo los influjos de alguna droga, hecho que fue confirmado por la FGE, quienes señalaron que era usuario de cristal. También, que por las noches era común escuchar el golpeteo a los vehículos que robaba para desmantelarlos, y más tarde veían salir del domicilio pick-ups cargados con piezas de carros.
Desde el 19 de enero, Santiago se encuentra vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada cometida por particulares, imputado por los hechos al ejecutarlos de manera dolosa en grado de actor directo en contra de sus suegros, reportados desaparecidos desde el día 11 del mes en curso.
El reporte por desaparición fue interpuesto por la hija de estos, Norma López de Rizo, esposa de Santiago. Durante su declaración ante agentes ministeriales, explicó que sus padres viajaron el 10 de enero desde su casa en Garden Grove, California, con destino a Tijuana, para cobrar 120 mil pesos acumulados por el cobro de rentas y volverían ese mismo día a casa, pero no fue así.
Tras esto, llamó a su esposo en Tijuana, quien le dijo que por la mañana había ido por sus suegros a la Garita de San Ysidro a bordo de un auto que presta servicio Didi, que luego fueron a una sucursal de BanCoppel para hacer el retiro del dinero, habían pasado a una casa de cambio por los 120 mil pesos a 4 mil 500 dólares, y luego los había llevado de vuelta a la Línea Internacional.
Pero Rizo Varela cayó en contradicciones. Entre una versión y otra, cambió el monto de dinero sustraído de la cuenta bancaría, hasta mencionar que personas ajenas a él, le pidieron que entregara a sus suegros para exigir un rescate de 15 mil dólares. El 17 de enero fue detenido.
Los oficiales lo interceptaron a la altura del puente El Chaparral, y al momento de ser asegurado afirmó: “No voy a decirles nada pero déjenme ir, y yo se los entrego”.
Al siguiente día de su captura, se localizaron cuatro cuerpos enterrados en el piso de uno de los cuartos de renta, entre las víctimas estaban dos hombres de entre 60 y 70 años, y dos mujeres prácticamente de la misma edad. El lunes 20 de enero fue localizado un quinto cuerpo dentro de una bolsa, enterrado.
En los cinco casos, las personas fueron asesinadas a golpes y sus cuerpos se encontraban en estado de descomposición.
Será dentro de cinco meses, el 19 de junio, cuando se termine el plazo para la investigación solicitado por agentes del Ministerio Público para acordar la próxima audiencia en el caso del asesino de la Obrera.
