Responsabilidad se define como “la virtud o disposición habitual de asumir las consecuencias de propias decisiones y/o acciones”, pero en medio de las inconformidades por el aumento de impuestos y la sorpresa de que un empleado del Gobierno del Estado de Baja California estuviera implicado dentro de la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, la semana que concluye, dos funcionarios estatales optaron por recurrir al viejo recurso de culpar al mensajero, en este caso ZETA.
El primero fue el General en el retiro, Marcos Esteban Juárez Escalera, director de Centros de Reinserción Social en Baja California, después que el Semanario difundió un trabajo periodístico dando a conocer varios fragmentos del contenido de la investigación de la CNDH, en la que su persona fue identificada como “Caminante”.
El hombre que cumplió la función de enlace para la transmisión de información entre un sicario del cártel Guerreros Unidos y autoridades de Guerrero, y policías municipales que participaron en la desaparición de los 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014,
Es Marcos Esteban Juárez Escalera, el mismo nombre que Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, identificó como prófugo en su conferencia del 8 de enero de 2019 en Ciudad de México.
A pesar de que el reportaje original fue prolijo en la cita de fuentes, documentos y no calificó el actuar de ninguno de los protagonistas, el General en retiro decidió suponer lo que la redactora pensaba y escribió una carta que difundió en redes y algunos medios de comunicación de la región, acusando a la periodista y codirectora de ZETA, Adela Navarro Bello, de “… mezquina, mal intencionada y sin considerar las circunstancias los señala como hechos vergonzosos y condenables hacia mi persona, y a mi desempeño profesional, entendiendo que usted más que denunciar busca dañar la imagen del actual gobierno de Baja California”.
Ante estas declaraciones no queda más que reiterar que quienes lo señalan no están en este Semanario, sino en la CNDH y en la Secretaría de Gobernación. Y recordarle a todos los inmiscuidos que ante la anunciada intención del Gobierno de México de reiniciar la investigación, ir a profundidad y considerar las versiones de órganos autónomos, la moneda sobre la verdad legal del caso Ayotzinapa, sigue en el aire.
El segundo funcionario inconforme fue el gobernador Jaime Bonilla Valdez, quien a pesar de ser propietario de varios medios de comunicación dedicados a las noticias, parece no tener clara la pluralidad informativa a la que el trabajo periodístico está obligado. Es eso, o los miembros de su gabinete lo tienen mal informado.
En entrevista publicada en el más reciente número de la revista Proceso, aparentemente sin que le preguntaran, Bonilla decidió declarar información falsa y con malicia respecto a este Semanario.
Después de verter sus opiniones respecto al Partido Acción Nacional, a su ex contrincante Jaime Martínez Veloz, la futura decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la duración legal de su periodo de dos a cinco años, y del impopular aumento de impuestos, el reportero Álvaro Delgado redactó:
“En este contexto Bonilla señala que con el semanario Zeta de Tijuana, que dirige la periodista Adela Navarro, no está peleado pero acusa: ‘Zeta se ha convertido en vocero de Coparmex. Todos los datos que se publican son las representaciones (sic) que hace Coparmex, pero yo no estoy pelado con ellos”, para después asegurar que en lo personal, respeta a Adela Navarro Bello.
Primero, valdría explicarle al Ejecutivo que vocero “es la persona que habla en nombre de otra”, y aunque es sabido que infortunadamente algunos medios pagados por el Estado y otros grupos de poder sí cumplen esa función, lo que resulta obvio en espacios plagados de boletines y entrevistas pagadas, evidentemente no es el caso de ZETA, donde como en otros medios de comunicación se reconoce la importancia de la diversidad informativa, por lo que nuestras páginas están abiertas a todas las voces involucradas en los diversos temas, incluidas las del gobierno.
Citemos el reciente ejemplo del aumento de impuestos, en el que este Semanario solicitó a partir del 4 de enero, de manera reiterada, entrevistas que ni el secretario de Hacienda en Baja California, Adalberto González Higuera, ni los subsecretarios de Egresos e Ingresos, aceptaron atender.
Sin embargo, a pesar de la negativa de los más informados y directos responsables, se logró la versión gubernamental en dos ediciones seguidas. Primero en voz del secretario de Economía, Mario Escobedo Carignan, y después Héctor Loaiza, jefe del Departamento de Normatividad y Glosa de la Dirección de Ingresos.
También se pidieron e hicieron entrevistas con funcionarios en el tema de los moches por más de 20 millones de pesos solicitados a empresarios a cambio de contratos; entonces se procuró al secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, y al resto de los implicados.
O cuando el 6 de enero, el propio Amador atentó contra la libertad de expresión de este Semanario e hizo señalamientos misóginos respecto a la codirectora. Se le marcó telefónicamente al gobernador Bonilla para saber si las declaraciones de su funcionario responsable del manejo de las políticas internas, hechas en conferencia de prensa en el interior de las oficinas gubernamentales, debían ser consideradas una postura del gobierno. Entonces, le gusten o no los temas que ZETA aborda, a pesar de que algunos funcionarios bajo su mando se nieguen a conceder entrevistas -existen registros-, al ingeniero Bonilla le consta la pluralidad de esta casa editorial.
Ante estos hechos, vale recordar las palabras del reconocido periodista y fundador de Proceso, Julio Scherer García, plasmadas en su libro “Estos años”, editado por Océano en 1995: “Políticos y periodistas se buscan unos a otros, se rechazan, vuelven a encontrarse para tornar a discrepar. Son especies que se repelen y se necesitan para vivir. Los políticos trabajan para lo factible entre pugnas subterráneas; los periodistas trabajan para lo deseable, hundidos en la realidad”.
