El mandatario estatal, Jaime Bonilla Valdez envió un proyecto al Congreso para abreviar los procesos electorales, lo que de acuerdo a un representante partidista, pondría en riesgo la operatividad del Instituto Estatal Electoral, así como los derechos políticos de la ciudadanía. Consejera del IEE estimó pertinente “revisar todo el marco legal” para valorar la viabilidad o la improcedencia de la propuesta
La iniciativa del gobernador Jaime Bonilla Valdez para acortar los procesos electorales, de manera que empiecen tres meses después de lo estipulado, atenta contra la operatividad del Instituto Estatal Electoral (IEE) y pone en riesgo los derechos políticos de los ciudadanos, acusó el representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto, Miguel de Loera Guardado.
En entrevista con ZETA, el abogado advirtió que en caso de que el proceso 2020-2021 arrancara en diciembre en lugar de septiembre, tal como establece el proyecto remitido al Congreso de Baja California, el IEE tendría dificultades con la preparación de los comicios, lo mismo que en materia de optimización de recursos humanos y materiales.
De Loera explicó que el organismo no pudiera dar cabal cumplimiento a esas disposiciones, toda vez que para ello debe sostener “diversos convenios de colaboración e instrumentos de coordinación” con el Instituto Nacional Electoral (INE) en estricto apego a un esquema de etapas relativas a los procesos ordinarios, en el cual el INE inicia actividades “en septiembre del año previo a la elección” (de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales).
El entrevistado indicó que otro riesgo que conlleva la propuesta de Bonilla Valdez, sería para los ciudadanos que aspiren a registrarse como candidatos ciudadanos a las diputaciones locales. En este caso, los aspirantes se verían impedidos de manifestar su intención de participar en la contienda, ante el hecho de que los consejos distritales (que resultan ser las instancias encargadas de tramitar esas manifestaciones), no estarían operando en la etapa respectiva, establecida en la Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes (“a partir del día siguiente al que se emita la Convocatoria y hasta un día antes de que dé inicio el periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente”).
En ese sentido, la norma establece que cuando se vayan a celebrar elecciones para gobernador, munícipes y diputados, el Consejo General debe convocar “a más tardar el primer domingo del mes de diciembre del año anterior al de la elección” y la obtención de respaldo habrá de proceder “del 16 de enero hasta el 14 de febrero del año de la elección, para los aspirantes a Candidato Independiente al cargo de Diputados”.
En este caso, el proyecto en cuestión no alude a la Ley que Reglamenta y simplemente apunta a que los consejos distritales se instalen hasta marzo del año en que se lleven a cabo comicios.
“El promovente ni justifica ni fundamenta la necesidad de distanciar los plazos previamente establecidos en la Ley, sino que únicamente cita argumentos subjetivos, vagos e imprecisos (referentes a) que el Instituto carece de actividad en ese tiempo”, consideró de Loera Guardado, en alusión a que en el proyecto redactado por el secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, se arguye que durante los primeros seis meses del proceso a nivel local, las sesiones que celebran los consejos distritales “son meramente informativas” y que “las funciones torales de cada consejo” se desarrollan “a partir de la cuarta semana del mes de marzo”.
En opinión del representante partidista, el planteamiento “sofoca en gran manera la figura de las candidaturas independientes”.
Salvador Miguel de Loera Guardado
También expuso que el acortamiento de los procesos implicará una desventaja para tales postulaciones, habida cuenta de que los pretensos contarían con menos tiempo para recabar firmas de apoyo.
Agregó que en materia de delitos electorales, como los actos premeditados de precampaña, tampoco habría margen suficiente para atender las denuncias correspondientes, dada la instalación tardía de los consejos distritales.
“Dejas en estado de indefensión contra eventuales actos anticipados de precampaña y de campaña. ¿Por qué? Porque (el Consejo General, por sí solo) no tiene la capacidad para abarcar todo el territorio, para eso están precisamente los consejos distritales, para eso está el fedatario, para eso se instala la oficialía electoral, que dan fe y levantan las actas correspondientes para poder resolver los asuntos particulares de cada distrito”, manifestó.
De Loera infirió que con el abreviamiento de los periodos electorales, cualquier posible interesado tendría más tiempo para proponer modificaciones a la Ley en la materia.
“Qué es lo que garantiza que (el arranque del proceso) sea en septiembre: que noventa días hacia atrás ya no se pueden mover las leyes electorales ni la Constitución, pero a diciembre, todavía por el mes de septiembre le van a querer estar metiendo mano a la Ley electoral”, sentenció el abogado de Movimiento Ciudadano.
En referencia a que en 2021 convergen elecciones locales y federales, De Loera Guardado concluyó: “No puedes tener la descoordinación con el INE en una elección concurrente. Es la primera ocasión que la vamos a tener aquí en Baja California. Es un caos de logística para todo mundo”.
INICIATIVA DE DECRETO
El 16 de diciembre, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, envió una propuesta al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Víctor Manuel Morán Hernández, encaminada a que los procesos electorales inicien “la segunda semana del mes de diciembre del año previo a la elección” y que meses después se instalen los consejos distritales, concretamente la tercera semana de marzo.
Con ello, quedarían modificados los artículos 5 de la Constitución Política de Baja California y 69 de la Ley Electoral del Estado.
A los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, los cuales deben regir en el marco de organización de las elecciones estatales y municipales, Bonilla igualmente propuso sumarles el de “austeridad” (lo cual quedaría estipulado en el Apartado B del consabido Artículo 5).
Como argumento a la iniciativa de decreto, expresó que “la situación económica del Estado nos obliga a realizar acciones de optimización de recursos”.
Explicó que los procesos electorales en el país y particularmente en esta entidad “cada vez son más largos”, extendiéndose por más de doce meses, y agregó que el otorgamiento de recursos públicos a las autoridades electorales durante esos espacios de tiempo implica un costo mayor para el erario.
“La democracia representa un derecho de máxima constitucional que debe ser protegida en todos sus aspectos, pero esta sin duda tiene un costo”, argumentó. En ese tenor, recalcó que el proceso electoral local ordinario 2018-2019 “generó una serie de actividades y gastos de operación, como lo fue la contratación, adecuación e instalación de los diecisiete Consejos Distritales Electorales”, situación que “generó un gasto público innecesario”, dada la escasa actividad que de acuerdo con el mandatario sostienen esos órganos de dirección (previo al registro de candidaturas).
Según indica la iniciativa, “ajustar el calendario electoral permitirá un ahorro significativo de recursos económicos por encima de los doce millones de pesos, entre arrendamientos de edificios, pago de servicios personales, consumo de servicios generales, entre otros gastos”.
En cuanto a la idea de optimizar recursos, Bonilla Valdez dijo inclinarse por que el Consejo General del IEE y los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto absorban algunas funciones de los consejos distritales.
En contraparte, el representante legal de Movimiento Ciudadano alegó que estas representaciones son indispensables para que proceda la oficialía electoral, la cual constituye “uno de los principales medios de prueba dentro de los procedimientos sancionadores”, ante conductas como “el uso indebido de recursos públicos o del padrón electoral; el condicionamiento de programas sociales o la indebida afiliación a un partido político”.
De Loera detalló: “Esa parte es insustituible si no tienes los consejos distritales armados; no tienes la capacidad del secretario ejecutivo para tener 24 horas un personal dentro de la demarcación del distrito de los municipios”.
Como modificación al Artículo 35 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, el proyecto contempla la incorporación de servidores públicos a los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto. En cuanto a ese planteamiento, De Loera asumió que la iniciativa “está hecha totalmente para debilitar (al IEE)”, pues “de la manera como está presentada y los efectos que pretenden causar, es técnicamente debilitar y entorpecer el proceso, sofocar las candidaturas independientes”, lo que “al final de cuentas va a ser mucho más oneroso para el candidato”, debido a que “pones en riesgo el servicio democrático, como es la elección que vamos a tener”.
SE DEBE REVISAR TODO EL MARCO JURÍDICO: CONSEJERA ELECTORAL
La consejera general del IEE, Graciela Amezola Canseco declaró que a partir de la Reforma Electoral de 2014, modificar la Ley local conlleva mayores implicaciones. Recordó que previo a la enmienda constitucional, el Congreso de Baja California modificaba en el marco de un solo cuerpo de leyes.
Iniciaitiva decreto referencia artículo 5 de la constitución política del estado, Amador Rodríguez Lozano.
En declaraciones para los medios masivos, subrayó que con la Reforma Estructural, actualmente hay un sistema nacional de elecciones, en el cual convergen “una normatividad general, el reglamento de elecciones suscrito por el Instituto Nacional Electoral y desde luego nuestras leyes locales”.
En opinión de la funcionaria del IEE, es preciso “revisar todo el marco jurídico para ver si es viable jurídicamente esta reforma (planteada por Bonilla Valdez)”.
De igual manera, estimó pertinente “hacer un ejercicio de fechas y actividades que coinciden en esas fechas que se pretenden modificar” en el ánimo de establecer “si es posible o no precisamente este recorrido y si se va a afectar o no el proceso electoral”.
OPINIÓN TÉCNICA
En la primera sesión ordinaria celebrada por el Consejo General del IEE en 2020, la cual tuvo “verificativo” el 16 de enero, el representante propietario de Movimiento Ciudadano (De Loera Guardado) presentó un punto de acuerdo encaminado a que el consejero presidente, Clemente Custodio Ramos Mendoza, gestionara ante el Poder Legislativo incluir al Instituto en la discusión de la iniciativa presentada por Bonilla para efectos de emitir una opinión técnica.
Los representantes de los partidos Revolucionario Institucional, de Baja California y de la Revolución Democrática, se manifestaron para sumarse a la proposición de su compañero de Movimiento Ciudadano. A su vez, la consejera Amezola Canseco observó que la iniciativa de decreto podría afectar “cuestiones de gestión electoral”, así como “actividades relacionadas con los calendarios y la planeación del instituto estatal electoral”, por lo que también se pronunció a favor de que el IEE intervenga en una mesa de análisis.
El consejero Daniel García estimó conveniente incluir en el diálogo respectivo instituciones de carácter educativo, en tanto que Jorge Aranda, quien presidió la sesión en sustitución de Ramos Mendoza, indicó ser necesario el involucramiento del Instituto en la discusión de la propuesta del gobernador, “porque los diputados están viendo muchos temas y no todos son especialistas”.
Finalmente, el punto fue aprobado con el voto de los seis consejeros presentes en la sesión, en la cual también quedó dispuesto dar vista del acuerdo votado a la unidad de vinculación con organismos públicos locales del INE.
SE DEBE “REVISAR LA LEY FEDERAL ELECTORAL”: MORÁN HERNÁNDEZ
Víctor Manuel Morán Hernández, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, declaró que la iniciativa para abreviar los periodos electorales en Baja California, enviada por Jaime Bonilla a la XXIII Legislatura, se encuentra en manos de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por Juan Manuel Molina, quien forma parte de la fracción parlamentaria de Movimiento Regeneración Nacional, partido en el poder.
Sobre el destino que pueda tener la propuesta del mandatario, Morán Hernández expuso vía telefónica que, además de la estatal, se debe “revisar la Ley Federal Electoral”, en vista de la concurrencia de elecciones locales con las federales prevista para 2021, y de esa manera “ver si es posible que se empiece el proceso electoral en diciembre de este año”.
Estimó que aproximadamente en un mes el proyecto se podría pasar al pleno para su votación, “tenemos que hacer un análisis muy profundo, porque si no, incurriríamos en algunas acciones inconstitucionales; tenemos que verlo con lupa y hacer un buen estudio, no nomás lo vamos a aprobar por aprobarlo”, reiteró.
En cuanto al acuerdo para que el presidente del IEE emita una opinión técnica sobre la iniciativa, el entrevistado se pronunció “totalmente abierto” a esa medida, además de que el tema se tiene que socializar.
“No se va a aprobar en lo oscurito ni mucho menos, como a veces dicen. Realmente siempre hemos estado abiertos en el Congreso”, remató.
