La reunión era del gabinete principal, por supuesto la encabezaba Jaime Bonilla y entre otros le acompañaban las dos alcaldesas y los tres alcaldes que representan los cinco municipios de Baja California. La idea era darles la línea política y administrativa a seguir por parte del Gobierno del Estado. Controlar no solo el mensaje, sino la forma y el fondo de hacer gobierno en BC. Los criterios uniformados al del mandatario estatal. Todos de acuerdo. Todos asintieron. Pero en un momento dado, en el tema de la comunicación y para puntualizar, quien tomó la palabra fue el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano. Levantó su corpulencia para sentenciar, palabras más, palabras menos, “que no pauten publicidad con ZETA”. Dio línea el número dos, o al menos pretendió hacerlo frente a los autónomos ayuntamientos, y pasar por encima de la Constitución que en su Artículo 115 determina: “La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del Estado”. La cuestión es que en la reunión, Bonilla no interpeló a su secretario general en favor de los municipios o de la libre expresión. ¿Por qué?
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